Laboral

Ministerio y comunidades buscan una respuesta coordinada a la sentencia de los interinos

La directora de la Función Pública asiste a una reunión convocada por el departamento de Escrivá

Protesta de los profesores interinos en Murcia.

Protesta de los profesores interinos en Murcia. / L.O.

M. J. G./E. P.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función pública celebró ayer una reunión con los responsables de la comunidades autónomas para decidir qué pueden hacer las administraciones públicas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) que obliga a hacer indefinidos no fijos a los trabajadores eventuales. Al encuentro ha asistido la directora general de la Función Pública de la Consejería de Hacienda, Micaela Martínez.

Los sindicatos y algunos despachos han hecho una interpretación diferente de la setencia del Tribunal con sede en Luxemburgo, que ahora deberá ser aplicada por el TSJ de Cataluña para responder a la petición de tres trabajadoras interinas de la Generalitat catalana.

Fuentes de la Consejería indicaron que en la reunión se trataron «las medidas que las comunidades están adoptando para reducir la temporalidad en el sector público» y que la representante de la Comunidad defendió que «en Murcia se está trabajando y haciendo los deberes y se va a cumplir con el plazo fijado para la estabilización».

El Ministerio y la Consejería coinciden en que habrá que esperar a que los tribunales de lo Contencioso determinen cómo se traslada a la legislación española el fallo del TJEU, dado que reconoce a los interinos el derecho a ser indefinidos, pero también admite que la conversión debe hacerse con arreglo a los requisitos constitucionales de «igualdad, mérito y capacidad».

La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, presidió este lunes la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que han participado representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En su sentencia, el TJUE señala que, a falta de medidas adecuadas en la legislación nacional para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos, la conversión de los contratos o de duración determinada en indefinidos puede constituir una medida adecuada de prevención y reparación de abuso, aunque determinaba que corresponde a los juzgados nacionales garantizar que esa conversión no implica una interpretación contraria a la ley.

En la reunión de este lunes de esta Comisión de Coordinación del Empleo Público se han valorado las medidas que se van adoptando para reducir la temporalidad en el sector público español. Los asistentes han coincidido en esperar a la interpretación que hagan los tribunales españoles del fallo del TJUE.

Indemnización

Por otra parte, el pasado 30 de mayo la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dictó un auto en el que plantea al TJUE la anunciada cuestión prejudicial sobre la situación de los empleados públicos con temporalidad abusiva ante las dudas suscitadas por otra sentencia del tribunal europeo, de 22 de febrero, con las mismas conclusiones que las conocidas la semana pasada. Una de las preguntas que le formula el Supremo es la de si subir la indemnización de 20 días por año trabajado sancionaría adecuadamente la temporalidad abusiva en el sector público.

En el fallo que dictó el TJUE el pasado 22 de febrero, se denunciaba que la legislación española no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal y planteaba, como una posible solución, hacer fijos a los trabajadores afectados.