Tribunales

Valcárcel pide a la Audiencia que le envíe las citaciones por correo para evitar "la atención mediática"

El expresidente rechaza un acuerdo en la causa de la desaladora de Escombreras

Valcárcel (d) asistía ayer a un acto en la UCAM.

Valcárcel (d) asistía ayer a un acto en la UCAM. / L.O.

María José Gil

María José Gil

El expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel ha rechazado un acuerdo en la causa de la desaladora de Escombreras, que hubiera supuesto el reconocimiento de los delitos que se le imputan, por los que le piden una fianza de 74,1 millones de euros. Ante las alegaciones presentadas por el exjefe del Ejecutivo, la Audiencia Provincial ha dejado sin efecto el señalamiento del juicio de conformidad previsto para el próximo 9 de julio. Valcárcel dice que se considera «plenamente inocente» y pide que se celebre un juicio oral. También ha pedido a la Audiencia que le envíe las citaciones judiciales por correo para no tener que exponerse a «la atención mediática», que le provoca «un daño difícilmente reparable».

Ramón Luis Valcárcel ha defendido siempre su inocencia al señalar que lo único que persiguió con la desaladora era conseguir recursos hídricos para la Región.

También se había opuesto al pago de la fianza alegando que se le obligaba a responder a pesar de que «no ha sido juzgado ni condenado» solo por «haberse dictado un auto de apertura de juicio oral».

Al no ser posible ya la conformidad, la Audiencia Provincial tendrá que fijar una nueva fecha para la celebración de la vista oral contra el expresidente, que difícilmente se celebrará ya este año, debido a los retrasos que se están produciendo en los señalamientos de las causas en trámite.

Valcárcel se queja de que sus comparecencias «han provocado una desproporcionada atención mediática, que le provoca un daño difícilmente reparable a su imagen personal, extremo que previsiblemente se repetirá en el caso de que se insista en su comparecencia personal para la realización de un trámite que carece de la más mínima posibilidad de prosperar».

Para evitar esa exposición ante los medios de comunicación solicita a la Sala que le envíe las citaciones «por medio del servicio de Correos a fin de evitar el asedio mediático que previsiblemente se producirá en caso de que tenga que acudir personalmente».

Por su parte, el letrado de la acusación popular, Diego de Ramón, que ha pedido el embargo de los bienes del expresidente para cubrir el importe de la fianza, ha presentado un escrito en el que rechaza el trato favorable que pide Valcárcel. El abogado recuerda que ni quiera la infanta Cristina ni la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, «que está citada para el 5 de julio», han tenido «los privilegios» que demanda Valcárcel.

El expresidente aduce que se «considera plenamente inocente de todos los hechos objeto de acusación» y apuesta por «celebrar un acto de enjuiciamiento en el que se practiquen todas las pruebas propuestas por la partes». Cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 1 ordenó la apertura de juicio oral hace un año, ha pedido al juzgado que instruye la pieza separada de la causa de la desaladora que citara como testigos a 82 exalcaldes, antiguos altos cargos del Gobierno regional, socios y directivos de las empresas promotoras de la planta e incluso al agente de la UDEF autor del informe en el que se fundamentan las imputaciones contra él y contra los demás procesados. También quiere que declaren en el juicio cuatro peritos.

El fiscal le pide once años y medio de cárcel

El expresidente regional está acusado por la Fiscalía de los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos por su actuación y el impulso que dio al proyecto y construcción de la citada desaladora. La acusación pública reclama que sea condenado a once años y medio de prisión, veinte de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por su parte, la acusación popular solicita quince años de cárcel y otros quince de inhabilitación. Los 74.194.332,55 euros que le reclamó el Juzgado de Instrucción número 1 corresponden al sobrecoste por alquiler que ha pagado el Gobierno regional a la empresa propietaria de la planta, la sociedad del grupo ACS Hydro Management. La Sección Segunda de la Audiencia consideró procedente la reclamación de los 74,1 millones al coincidir con la cantidad fijada por la representación de la Comunidad de acuerdo a los informes periciales que evaluaban los posibles efectos económicos para la Administración regional por el sobrecoste de alquiler de la desaladora de Escombreras.