La Audiencia Provincial anula el juicio de conformidad de Valcárcel previsto para el 9 de julio

El expresidente ha presentado alegaciones contra de la celebración de la vista al no estar dispuesto a pagar la fianza de 74 millones

Ramón Luis Valcárcel, expresidente del Gobierno regional.

Ramón Luis Valcárcel, expresidente del Gobierno regional. / Israel Sánchez.

M. J. GIL/EFE

El juicio de conformidad del expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras ha quedado anulado. La Audiencia Provincial ha dejado sin efecto el señalamiento previsto para el próximo 9 de julio ante las alegaciones que ha presentado el exjefe del Ejecutivo regional, quien no está dispuesto a hacer frente a la fianza de 74,1 millones de euros que se le exige.

Ramón Luis Valcárcel ha defendido siempre su inocencia al señalar que lo único que persiguió con la construcción de la desaladora fue conseguir los recursos hídricos que la Región necesitaba

Al no ser posible la conformidad, la Audiencia Provincial tendrá que señalar una nueva fecha para la celebración de la vista oral, que difícilmente se celebrará ya este año, debido a los retrasos que se están produciendo en los señalamientos.

Valcárcel ya había recurrido la fianza, que fue confirmada el pasado 30 de mayo por la Audiencia Provincial.

La Sección Segunda de la Audiencia consideró procedente la reclamación al coincidir con la cantidad fijada por la representación de la Comunidad de acuerdo a los informes periciales que evaluaban los posibles efectos económicos para la Administración regional por el sobrecoste de alquiler de la desaladora de Escombreras.

Los 74.194.332,55 euros que le reclamó el Juzgado de Instrucción número 1 corresponden al sobrecoste por alquiler que ha pagado el Gobierno regional a la empresa propietaria de la planta, la sociedad del grupo ACS Hydro Management.

Valcárcel alegaba que se le obligaba a responder a pesar de que «no ha sido juzgado ni condenado» solo por «haberse dictado un auto de apertura de juicio oral». 

Por su parte, el letrado de la acusación popular, Diego de Ramón, ha pedido el embargo de los bienes del expresidente.

Fuentes próximas al caso han dicho que la suspensión puede ser debida a que Valcárcel ha proclamado en todo momento su inocencia, por lo que la posibilidad de conseguir un acuerdo de conformidad es nula, ya que el mismo pasaría por el previo reconocimiento de los hechos.

El expresidente regional está acusado por la Fiscalía de los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos por su actuación y el impulso que dio al proyecto y construcción de la citada desaladora.

La acusación pública reclama que sea condenado a once años y medio de prisión, veinte de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Por su parte, la acusación popular solicita quince años de cárcel y otros quince de inhabilitación.

Considera el fiscal que el impulsor de la obra fue Valcárcel y que su actuación ha supuesto un sobrecoste de 74 millones de euros solo en el contrato de arrendamiento de la planta, por lo que pide que sea condenado a pagar una indemnización por ese importe.