El fiscal superior de la Región, José Luis Manzanera, destacó durante la presentación de la Memoria 2023 uno de las áreas que más preocupa a su organismo: la relacionada con los delitos de trata de seres humanos. En el año 2022 se registraron 19 causas, con 6 víctimas identificadas, fruto de las «falsas promesas de trabajo que acaban en el ejercicio de la prostitución y en una vida en condiciones infrahumanas», lamentó el fiscal, que considera que este fenómeno sigue siendo «una triste realidad oculta» y «uno de los peores ámbitos delictivos que existen en nuestra sociedad» en el que se dan asesinatos, tráfico ilegal de órganos, abortos, torturas, matrimonios forzados y tráfico de drogas, entre otras lacras. En la Memoria también se destaca que la trata de seres humanos es el tercer negocio lucrativo ilegal, después del tráfico de armas y el de drogas.
Ante este panorama, el fiscal superior destacó la necesidad de consolidar la figura del testigo protegido y el control del cumplimiento del Estatuto de la víctima, que incluye el derecho de asistencia de intérprete y la obligación de proporcionarles residencia y recursos económicos.
Más pateras que nunca
Ligado a lo anterior, la Memoria también ha registrado un aumento en la interceptación de migrantes y pateras, pudiendo contabilizarse nada más que en las costas murcianas un total de 2.750 personas (entre ellas 300 mujeres y niños) en 250 embarcaciones. En este ámbito, el fiscal destacó tres casos concretos. Uno de ellos fue el relacionado con siete personas, que murieron ahogadas frente a las costas de Mazarrón. El acusado fue acusado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por 7 delitos de homicidio imprudente.
Manzanera también sacó a relucir otra sentencia, de mayo del año pasado, por unos hechos acecidos en 2011 cuando el acusado, junto con el párroco de una pequeña localidad cercana a la ciudad de Murcia, «arreglaban los papeles a ciudadanos extranjeros procedentes principalmente de países africanos a cambio de dinero, a fin de fingir matrimonios católicos con el fin de regularizar su estancia en el país». La sentencia condenó al acusado por un delito de falsedad en documento oficial y se anuló la inscripción practicada en el Registro Civil.
Por último, se refirió al procedimiento donde un hombre fue condenado por enriquecimiento injusto al casarse con una ciudadana nigeriana, a cambio de 3.000 euros y con el objetivo de que esta obtuviera la Tarjeta de Residencia Familiar de Ciudadano de la UE.
La Comunidad ha atendido a más de 2.500 víctimas
Los programas de atención de la Comunidad para la inserción social de las mujeres en contexto de prostitución y víctimas de trata alcanzan ya a 2.500 beneficiarias. Este dato fue ofrecido ayer por la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, quien destacó que «es compromiso firme de la Comunidad erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres». Ruiz también hizo referencia al trabajo realizado en los puntos de información, centros de día y casas de acogida «e, incluso, se trabaja en la formación de profesionales en los Colegios de Abogados de la Región», destacó.
