María Ángeles Túnez, actual alcaldesa de Puerto Lumbreras, ha sido citada a declarar como imputada por presunta prevaricación por la actividad ilícita de una macrogranja ubicada en la localidad, situada en el paraje El Campillo. También ha sido citado el mismo día, 16 de octubre, César Gázquez Díaz, exconcejal de Agricultura y Ganadería.

La citación pide que el Ministerio Fiscal y las partes se pronuncien en un plazo de diez días sobre la imputación de la primera edil, ya que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se encuentra personado en la causa.

En concreto, Túnez y Gázquez tendrán que declarar en el juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Lorca. La investigación se inicia tras una denuncia presentada en los juzgados por Ecologistas en Acción de la Región de Murcia en abril de 2021 -y a la que ha tenido acceso esta Redacción-, después de que en la citada finca se realizasen distintas obras «sin la preceptiva licencia».

Estas serían el derribo de parte de una nave y la reconstrucción de otra, la roturación y planeamiento sin licencia, así como la construcción de otras tres naves que suponían el incremento de la superficie de 5.000 metros más y la roturación de un trozo de tierra en la parte inferior de la parcela.

Estos trabajos, según el escrito presentado por Ecologistas en Acción, se realizaron con el objetivo de ampliar la explotación de la macrogranja existente, ya que se pretendía «incrementar la producción» de las 10.000 cabezas autorizadas en esa fecha a las 60.000, lo que constituía «una alteración sustancial».

En este sentido, explicaban que, «además de la falta de las preceptivas licencias de obras y de actividad», las balsas de purines de la explotación existente se encontraban «en un lamentable y deficiente estado de conservación» que incumplía la normativa que regulaba la actividad porcina, «causando daños y perjuicios al medio ambiente».

Así, Ecologistas, en la denuncia, apuntaba a Túnez, ya que como alcaldesa era «la última responsable de cualquier actuación que se realice en el Ayuntamiento», además de que en ese momento asumía la Concejalía de Urbanismo, y por tanto «tenía la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística en todo el municipio». 

Y, ante las anteriores denuncias presentadas por Ecologistas en el Ayuntamiento, añadían, le correspondía a la regidora ordenar la suspensión de las obras, un hecho que no constaba que se hubiese realizado.