La historia vuelve a repetirse dos años después. Unos 10.000 alumnos de la Región empezarán el curso sin transporte escolar, según los cálculos de la Consejería de Educación. La negativa de las empresas a aceptar los precios fijados en el último Acuerdo Marco que regula los contratos solo ha permitido cubrir 198 de las 433 rutas escolares que utilizan los estudiantes de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato. Los demás deberán ser trasladados por sus padres o buscarse un transporte alternativo.
Fuentes del departamento de Víctor Marín han explicado que la Consejería invitó a las empresas de las rutas sin adjudicar a seguir prestando el servicio con las mismas condiciones que tenían el curso pasado, pero los transportistas se han negado a continuar a partir de este mes de septiembre.
El curso empieza con 97 contratos adjudicados y 101 aceptados por las empresas que venían prestando el servicio. Quedan por tanto 245 sin concesionaria.
Ante la negativa de los empresarios, la Consejería ha avisado a los centros escolares para que comuniquen a los padres que no van a tener autobuses disponibles y que deberán hacerse cargo ellos mismos del traslado.
Este viernes empieza el curso en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. El próximo lunes se iniciarán las clases en Secundaria y Bachillerato.
El conflicto que a partir de este viernes volverá a dejar en tierra a los alumnos de la Región se inició hace ya más de tres años, cuando los transportistas rechazaron los precios contemplados por la Consejería en el Acuerdo Marco y empezaron a plantearse recursos, que alargaron el proceso de licitación destinado a renovar los contratos de las rutas escolares.
Las discrepancias entre la Consejería y los empresarios dio lugar a una huelga del transporte a principios del curso 2021-2022, cuando estaba al frente de este departamento Mabel Campuzano, la diputada de Vox en la Asamblea Regional que había sido expulsada por el partido de Abascal en la anterior legislatura.
El paro duró algo más de una semana y afectó de forma más acusada a los alumnos de Educación Especial que se quedaron en tierra.
Ahora todo vuelve a empezar. Unos 10.000 de los 20.000 alumnos que utilizan el transposrte escolar para ir a clase se han quedado sin autobús.
La Consejería asegura que a partir de ahora tratará de buscar empresas dispuestas a hacerse cargo de las casi 250 rutas que están desiertas al inicio de este curso.
Muestra su sorpresa ante el rechazo de los transportistas a "seguir prestando el servicio que realizaron hasta junio con las mimas condiciones" y recuerda que el Tribunal de Recursos Contractuales le dio la razón cuando los empresarios impugnaron la licitación porque consideraban que los precios eran demasiado bajos.
Educación asegura que "mantiene un contacto permanente con el sector y se está trabajando en buscar una solución dentro del marco legal vigente, en un rango de precios ratificados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ajustados a la realidad del mercado.
Añade que "con el fin de desbloquear esta situación, ha planteado a los representantes del sector la posibilidad de revisar el marco contractual en 2024, que es cuando el plazo legal lo permite".
Hace "un llamamiento a la responsabilidad social de las empresas que prestan este servicio, sin cuestionar, por supuesto, su interés empresarial legítimo, ya que el transporte escolar es un servicio que garantiza el cumplimiento de un derecho fundamental recogido en la Constitución como es el de la educación".
Respuesta de la patronal Froet
La patronal regional Froet ha respondido a Educación que "la falta de rentabilidad es el principal motivo por el que empresas que hacen transporte escolar han decidido no concurrir a los contratos ofertados por la Consejería, según una consulta realizada esta misma mañana entre varias compañías del sector".
La organización empresarial añade que "los precios no se han actualizado desde hace más de dos años, ya que datan de 2021 y son, incluso, inferiores a los contratos del año 2009".
Recuerda que "el precio de los combustibles se ha visto incrementado en más de un 20% en los dos últimos años, mientras que los costes del personal se han elevado un 20% y los de los vehículos y repuestos se han incrementado de manera desorbitada".
Señala que "el curso pasado se pudo prestar el servicio de transporte escolar gracias a la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo concedida por el Gobierno central. Esta medida se ha reducido en la actualidad a 10 céntimos y será de 5 céntimos desde octubre hasta finales de diciembre que dejará de estar en vigor".
Las empresas apunan que "ante la perspectiva de trabajar por debajo de los costes, han optado por desviar sus negocios hacia otros sectores más rentables económicamente.
Reivindican que "como no puede ser de otra manera, son libres de prestar los servicios que crean oportunos y a un precio que les permita obtener unos beneficios razonables. Todo lo contrario sería poner en peligro la viabilidad de las mismas y el mantenimiento de casi mil puestos de trabajo, casi todos ellos con carácter fijo".
