Medio Ambiente

Multan por vertidos a una empresa del Mar Menor que se salvó del Topillo

El TSJ confirma una sanción de la CHS de 14.500 euros por la contaminación del acuífero

Operación policial en 2019 contra las desalobradoras

Operación policial en 2019 contra las desalobradoras / Israel Sánchez

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado, en una sentencia del pasado mes de marzo, una sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Segura contra una empresa agrícola ubicada al sur del municipio de Murcia que vertió rechazos de salmuera con alto contenido en nitratos a varios cauces pequeños, que terminaban por infiltrarse en el acuífero del Campo de Cartagena. Este vertido también alcanzaba, por flujos subsuperficiales, la rambla del Albujón, por lo que terminaba desembocando en el Mar Menor, según la denuncia del organismo de cuenca.

Esta actividad contaminante, «al estar continuada en el tiempo y en el espacio, está afectando a la calidad de las aguas por el aporte extremo, fundamentalmente, de concentraciones de nitrato, ocasionando el actual mal estado e incrementando en el tiempo la eutrofización de la laguna del Mar Menor, con su consecuente degradación medioambiental y de salubridad». La sanción por estos daños, de 14.500 euros, fue impuesta contra la empresa Invemel, que en 2020 quedó exculpada en la primera pieza del caso Topillo contra las mercantiles y agricultores que supuestamente contaminaron la laguna salada con el uso de desalobradoras y posterior vertido de las salmueras con nitratos al terreno.

La firma en cuestión presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la CHS al considerar que se vulneró su derecho de defensa y que hubo desproporcionalidad en la actuación del organismo de cuenca. Para el TSJ, sin embargo, la resolución de la multa «está motivada, al señalar la infracción, tipificación y sanción de la resolución sancionadora» y considera las alegaciones de la empresa como «genéricas». La desalobradora, finalmente, fue precintada en 2018 ante los hechos investigados. Las grandes macrooperaciones conjuntas entre la Guardia Civil y la CHS comenzaron a partir del año siguiente, con el desmantelamiento de varias desaladoras ilegales que pinchaban el acuífero para extraer agua para regadío.

Acreditado el peligro

La finca investigada, ubicada en la pedanía murciana de Gea y Truyols, estaba destinada en el momento de las inspecciones al cultivo de cítricos y melones. El tribunal subraya que se acreditó «el peligro» de la actividad de la desalobradora con las muestras tomadas y los altos niveles de sales y nitratos que contenía la salmuera. La sentencia recoge que «los vertidos de salmuera provenientes de la actividad de desalobración, suponen, en el momento presente, un serio perjuicio y deterioro para el medio ambiente y una amenaza de dimensiones incalculables».

La firma Invemel estuvo encausada en un primer momento en el caso que investigó la contaminación del Mar Menor por vertidos agrícolas pero quedó fuera del caso tras la petición de la Fiscalía de archivar los cargos contra ella.

Dicha medida estuvo motivada en que la empresa trató de encontrar una solución científica que impidiese la contaminación del medio natural con los rechazos de salmuera que producía su desalobradora. Para ello, trató de buscar varias salidas, como verter la sustancia contaminante al Mediterráneo o llevar a cabo perforaciones de cientos de metros para inyectar la salmuera en profundidades que no llegaran a contaminar las masas de agua subterránea bajo la comarca del Campo de Cartagena.

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