Las empresas deberán contar con un sistema interno para denuncias antes de final de año

Hace unos días, fue publicada la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley busca proteger a los denunciantes de corrupción y de infracciones normativas, y que establece medidas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción.

Desde la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), en colaboración con la empresa BNFIX, ha llevado a cabo una jornada informativa sobre la implantación de esta norma en las empresas, dados los plazos establecidos.

Esta ley establece que cualquier persona que denuncie una infracción normativa o un acto de corrupción en el ámbito público o privado tiene derecho a la protección de su identidad y a la no discriminación, represalias o intimidación por parte de los empleadores o autoridades.

Asimismo, se establecen medidas para garantizar la confidencialidad de la información proporcionada por los denunciantes y se prohíbe la utilización de esta información para otros fines que no sean los relacionados con la investigación de la infracción denunciada.

En resumen, la Ley 2/2023 de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción “es una herramienta importante para fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que protege a los denunciantes que deciden actuar de forma valiente y responsable al denunciar estas prácticas ilegales”, explicaron los ponentes.

Obligaciones de las empresas

Así, todas las empresas de más de 250 empleados deberán con un canal interno de información antes del próximo 13 de junio, fecha máxima también para los municipios de más de 10.000 habitantes, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones, creadas por los anteriores siempre que reciban o gestionen fondos públicos para su financiación, entre otros.

Asimismo, tendrán como fecha máxima de implantación hasta el 1 de diciembre todas las empresas de más de 50 empleados que no estuviesen ya obligadas, municipios de menos de 10.000 habitantes.

Las empresas deberán adoptar medidas internas como la creación de un sistema interno de información y la designación de una persona responsable de la recepción de las denuncias.

El sistema interno de información deberá permitir a todos los potenciales informantes comunicar las infracciones y debe estar diseñado, establecido y gestionado de forma segura y de garantía de confidencialidad del denunciante, de cualquier tercero y de las actuaciones y debe cumplir con la normativa de protección de datos de carácter personal e impidiendo el acceso de personal no autorizado.

También debe permitir la presentación de comunicaciones por escrito o verbalmente, ser independiente y aparecer diferenciado de los sistemas de información de otras entidades e integrar los distintos canales internos de información, así como permitir las comunicaciones anónimas. La gestión del sistema de información puede llevarse internamente pero también puede gestionarse por un tercero externo.

En cuanto al responsable del Sistema de Información, debe ser nombrado y cesado por el órgano de administración.

Además, las empresas deberán informar a sus empleados sobre los derechos de los denunciantes y las medidas de protección establecidas en la ley, así como establecer un protocolo de actuación en caso de recibir una denuncia de infracción normativa o corrupción en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Este protocolo deberá incluir las medidas a adoptar para proteger la identidad del denunciante y garantizar la confidencialidad de la información recibida.

Según explicaron en la sesión informativa, es importante que las empresas cumplan con estos plazos para evitar posibles sanciones y garantizar un entorno laboral más transparente y justo.