Economía

La presidenta de la COEC cree que la digitalización facilitaría la biprovincialidad en la Región

El presidente de la patronal de Lorca Ceclor pregunta: "¿Por qué no tres provincias?"

CROEM ELECCIONES

CROEM ELECCIONES / Juan Carlos Caval

María José Gil

María José Gil

La presidenta de la COEC, Ana Correa, ve con buenos ojos la creación de la provincia de Cartagena, mientras que el presidente de la Croem, José María Albarracín, admite que «con dos provincias creceríamos en representatividad» y en ingresos, aunque cree que se produciría «una pérdida de identidad». Durante la presentación del documento que recoge las 16 reivindicaciones de la Croem ante las elecciones del 28-M, Ana Correa señaló que «la digitalización» y las nuevas tecnologías facilitarían el funcionamiento de la Administración en caso de que se llegara a la biprovincialidad. «No hay nada en contra», aseguró.

El presidente de la patronal de Lorca Ceclor, Juan Jódar, no es partidario de crear nuevas provincias y apuntó que «no es el momento» de abrir el debate, pero dejó claro que, si llegara a plantearse, también el Guadalentín podría tener aspiraciones provinciales: «¿Por qué no tres?», se pregunta Jódar.

Albarracín dijo que «la biprovincialidad tiene pros y contras». Entre las ventajas sitúa el crecimiento de la representación institucional y de los ingresos y entre los inconvenientes, «la pérdida de identidad».

El presidente de la Croem, que ha alargado su permanencia al frente de la patronal regional a causa de la crisis provocada por la pandemia, precisó que continuará en la presidencia hasta que pasen las elecciones generales previstas para el mes de diciembre.

La Croem reclama un plan de pago a los proveedores

La patronal regional hará llegar a los partidos políticos una lista con las 16 reivindicaciones de los empresarios a las fuerzas que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, entre las que destacan la condonación de la deuda de la Comunidad y la aplicación de un plan de pago a proveedores que permita a las empresas contratistas cobrar las facturas atrasadas, así como la solución definitiva a los problemas del agua y al retraso de las infraestructuras.

El presidente de la Croem, José María Albarracín, compareció ayer en una rueda de prensa junto a los vicepresidentes que componen la cúpula de la Confederación para dar a conocer las aspiraciones empresariales.

A su juicio, las alternativas que demanda la Región exigen un esfuerzo de diálogo y consenso a los partidos, aunque asegura que es difícil recordar «la última foto de un encuentro entre los representantes del Gobierno y de la oposición» para buscar soluciones de forma conjunta. Albarracín destacó especialmente las dificultades que el retraso en los pagos de la Comunidad está creando a las empresas tras la subida de los tipos de interés, que limita el acceso a la financiación bancaria. Advirtió de que el plazo de pago, que se había reducido a apenas cinco días, se ha multiplicado y alcanza ya los 60 días.

Según los datos de la patronal, las facturas sin pagar se han disparado desde los 15 millones de febrero de 2022 a 255 millones en febrero de este año. De esta cantidad, 244 corresponden a la sanidad, por lo que demanda un plan de pago a proveedores que permita hacer frente a las facturas pendientes. La Croem también demanda la condonación de la deuda regional originada por la infrafinanciación autonómica, que considera la responsable de la falta de recursos que padece la Administración regional, por lo que ve urgente la reforma del sistema de financiación vigente desde 2009.

Reclama igualmente un Plan Hidrológico Nacional que resuelva definitivamente los problemas del agua y pide un consenso en torno a la defensa del Trasvase, en lugar de «los cantos de sirena» y «las promesas incumplidas que se vuelven a escuchar cada vez que hay convocatorias electorales». La patronal creará un observatorio que medirá el cumplimiento de las promesas electorales. Albarracín critica «la desunión en cuestiones relacionadas con el agua y las infraestructuras. No entendemos que en esta región no haya una unanimidad en defensa de que el agua que sobra en otras partes venga al Levante».

Las infraestructuras ocupan un lugar preferente en las aspiraciones empresariales, que incluyen la ampliación de las frecuencias del AVE, la prolongación de la Alta Velocidad hasta Cartagena y Lorca, el tercer carril de la A-7 hasta Puerto Lumbreras y la ampliación de los vuelos de Corvera. Considera necesario mejorar las comunicaciones por autobús con el aeropuerto para evitar que los viajeros tengan que «esperar un taxi o alquilar un coche». También ve necesaria la creación de una consejería de Turismo que se ocupe del relanzamiento del sector en la Región. José María Albarracín se ha quejado de que las provincias vecinas tienen un crecimiento turístico muy superior, aunque da por hecho que «no tienen más atractivos».

Reclama, además, un plan del comercio que ayude al sector a superar la crisis en la que se ha visto inmerso desde el inicio de la pandemia. «La modernización hace necesaria una apuesta decidida para mantener este servicio de proximidad». Los empresarios piden a los partidos que dejen de utilizar el Mar Menor «como un arma arrojadiza entre administraciones».

Recuerdan que los municipios ribereños y La Manga concentran una gran actividad del sector agroalimentario y del turismo, que «es vital para desarrollo económico, medioambiental y social de la Región». Albarracín se muestra a favor de seguir extendiendo el sector agroalimentario al entender que si aumenta el consumo de alimentos, también debe ampliarse la producción. La lista incluye también la simplificación burocrática y el adelgazamiento de la Administración regional. Igualmente, recoge la necesidad de agilizar la revisión de los PGOU municipales para evitar que se vea limitado el desarrollo empresarial, la habilitación de suelo industrial para atraer a nuevas empresas, la inversión en FP Dual, la digitalización y el desarrollo de las energías renovables y de la economía circular.

Respecto a la implantación de la jornada laboral de cuatro días a la semana, Albarracín dijo que es «una auténtica barbaridad», al igual que lo es, a su juicio, rebajar a 35 horas la jornada de los funcionarios de la Comunidad.

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