Plena Inclusión muestra a los jueces la importancia del facilitador, el 'traductor' de las personas con discapacidad

"Mi primer juicio fue un desastre, a todo respondía que sí, no entendía nada. Me encontraba nervioso, no me salían las palabras. Cuando terminó el juicio, yo firmé todos los papeles que me decían lo que me había caído de condena. Yo decía a todo que sí".

Así se expresa Sergio, un joven con discapacidad intelectual para el que la Justicia era un galimatías hasta que le ayudaron a comprenderla, de una forma clara para él, las facilitadoras de Plena Inclusión en la Región. Una de ellas, María Sánchez, resalta que a este joven "nadie nunca le había explicado de forma sencilla lo que había pasado, nadie se aseguraba de que esa persona estaba comprendiendo".

Si se hubiese tenido en cuenta su discapacidad, a Sergio "las penas que le aplicaron habrían sido menores, porque una persona con discapacidad tiene derecho a un atenuante", detalla al respecto la abogada Leire Pérez Arboleda.

El caso de este joven se trató este viernes en la jornada 'Justicia y Discapacidad intelectual', una iniciativa de Plena Inclusión que contó con la colaboración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia y a la que asistieron casi un centenar de profesionales del sector jurídico y sociosanitario. El encuentro contó con dos mesas redondas en las que se habló de cuáles son principales retos a los que se enfrentan en común la Justicia y el colectivo de la discapacidad intelectual y del desarrollo. 

Para abordar esas dificultades cobra importancia la figura del facilitador. Se trata de un profesional especializado y neutral que apoya a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo cuando se encuentran en un proceso policial o judicial, facilitando, entre otros aspectos, la comprensión y la comunicación para garantizar sus derechos en el acceso a la Justicia. Se trataría de una especie de 'traductor', similar a aquel que asiste a las personas encausadas que no hablan el idioma.

Que comprendan el proceso

En la jornada "se puso de manifiesto que hay miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y muchas de ellas pasarán en algún momento de su vida por procesos legales, por lo que es fundamental que la Justicia sea comprensible", indican fuentes de la organización.

En la misma línea, "se abordó la importancia de adaptar los procesos legales sin perder el rigor y se destacó que la comprensión es también una parte fundamental para la reinserción de reclusos y exreclusos".

Asimismo, se destacó la necesidad de que las personas entiendan a la perfección los procesos, y se puso de ejemplo las denuncias por violencia de género, donde es vital entender muy bien cuál es el camino a seguir. 

Por otro lado, se habló sobre Coordinación entre instancias judiciales y sociosanitarias para la implementación de la Ley 8/2021. Con la entrada en vigor de esta norma se reformó la legislación civil y procesal para el establecimiento de medidas de apoyo a personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, y asuntos relativos a internamientos no voluntarios de estas personas. La modificación supuso un importante cambio en el modo de abordar y regular esta materia: por ejemplo, desaparecieron figuras como las del tutor (ahora se llama curador) y términos como los de incapaz, incapacitación o tutor en lo afectante a las personas con discapacidad.

Hasta 2024 para revisar más de 6.000 sentencias de Discapacidad en Murcia