El consejero de Salud, Juan José Pedreño, negó este miércoles durante la sesión de control en Pleno en la Asamblea Regional que el Servicio Murciano de Salud (SMS) derivase a dos mujeres a Bruselas a abortar por razones médicas.
Así lo expuso durante una pregunta formulada por la diputada socialista Lara Hernández, que cuestionaba al consejero si alguna mujer de la Región había tenido que viajar fuera durante el último año para someterse a una interrupción del embarazo por causas médicas sobrepasando la semana 22 de gestación.
Hay que recordar que a mediados del pasado mes de febrero, tal y como publicó La Opinión, la Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública de la Región de Murcia denunciaba que dos murcianas que tenían embarazos «no viables» tenían que salir a abortar al extranjero al haber recibido un informe desfavorable desde el comité ético que debía autorizarlo y «en el que uno de los tres miembros» era un médico que «abiertamente» reconocía ser «objetor al aborto».
No obstante, el consejero de Salud defendió que la Región cumple con la nueva ley del Aborto, que contempla la derivación de estas pacientes a clínicas privadas. «En la Región no se ha derivado a ninguna mujer por parte del SMS fuera de esta Región. La propia ley recoge que se puede, evidentemente, con clínicas y centros que están acreditados, prestar la atención de la interrupción voluntaria del embarazo. En la Región cumplimos la ley. No ponga en entredicho la calidad y la cualificación de los profesionales del Servicio Murciano de Salud», dijo el máximo responsable de Salud.
Sin embargo, la socialista denunció, durante su turno de intervención que el hospital de la Arrixaca está integrado por un objetor de conciencia. «Si hay que gastarse 6,5 millones de euros para n o tener que atendernos en los hospitales públicos, se los gastan, si total, no son suyos. Y si hay que alargar un diagnóstico semanas para que sus conciencias duerman tranquilas mientras esas mujeres y sus familias esperan angustiadas, también lo hacen».
Los parkings gratis, pendientes
Durante la sesión plenaria, Podemos también denunció el incumplimiento de la iniciativa aprobada en la Asamblea para la gratuidad de los aparcamientos en los hospitales públicos. La diputada María Marín advirtió que «los trabajadores de los centros sanitarios, los estudiantes en prácticas y los pacientes y sus familias no aparcan allí por capricho, lo hacen por necesidad. La zona azul no es una alternativa cuando la ORA está limitada a 2,5 horas y el tiempo medio de espera en urgencias ronda las 4 horas».
A esta reclamación, el consejero de Salud explicó que la prioridad de su departamento es «mejorar la calidad asistencial» y aseguró que implantar la gratuidad de los aparcamientos puede prorrogarse hasta el año 2027.
Acusan a Medio Ambiente de «agravar» la contaminación de la balsa Jenny
El PSOE acusó también a la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación de Murcia de «agravar» el problema de contaminación de la balsa de residuos mineros Jenny, en la diputación cartagenera de Llano del Beal, por su «inacción» y la «chapuza ambiental» que lleva permitiendo durante todos estos años, según su diputada autonómica Carmina Fernández.
Recordó en el pleno de la Asamblea que «han pasado más de 30 años desde que cesó la minería en la comunidad y 22 años desde que el Gobierno autonómico es propietario de la balsa» con una gestión de «7,5 millones de euros despilfarrados, cultivos paralizados y dos juzgados investigando».
«La balsa sigue contaminando, perjudicando la salud de los vecinos, el medio ambiente y el Mar Menor», recalcó la parlamentaria, quien interrogaba al consejero tras el informe del Seprona de la Guardia Civil en relación con las obras llevadas a cabo por requerimiento judicial en la balsa.
Fernández dijo que el nombramiento de Juan María Vázquez como consejero es un intento de «lavar la cara» ante este «gran escándalo», pero eso no lo libera de explicar «cuándo se va a tomar en serio este problema».
La socialista se remitió a un informe del Seprona para reprobar la «última infamia» del Gobierno regional tras darle el juzgado 20 días para hacer un filtro como barrera que evite que los lixiviados de la balsa afecten a los vecinos, las ramblas y el Mar Menor.
El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha respondido que "la balsa hace años que no existe" porque son "unos terrenos sellados y vallados" y que todas las actuaciones han sido "escrupulosas" con los requerimientos judiciales con medidas ejecutadas por un millón de euros y otro medio para mantenimiento. Ha incidido en que "se han hecho inspecciones y tomado muestras que han corroborado que no hay niveles de contaminación inaceptables y el juzgado está informado", tras lo que ha dicho no saber en qué se basa el PSOE para hablar de "chapuza" cuando "las obras ejecutadas se ajustan a las rigurosas medidas cautelares del juzgado".
En esta sesión matinal de control al Gobierno, en la que se han formulado 14 preguntas orales, Vázquez también ha respondido a una realizada por María Marín (Podemos) sobre la necesidad de mejorar la coordinación de los bomberos tras la "chapuza" en el incendio de la Sierra Larga, en Jumilla, en la que "se perdieron seis horas" que podían haber agravado la situación.
Vázquez ha afirmado que la coordinación ha sido "suficiente y sujeta a los protocolos establecidos entre las administraciones" y ha negado descoordinación entre el Gobierno regional y el Ministerio del Interior.
