La oferta de plazas y grupos de la UMU sale adelante entre críticas al Rectorado

La Universidad de Murcia vivió este viernes un día de tensiones por la votación y aprobación en el Consejo de Gobierno de la institución de las propuestas del Rectorado para la oferta de plazas de grados y la formación de los grupos de teoría y prácticas del próximo curso. Esas tensiones se vivieron por momentos tanto dentro como fuera de la reunión en el edificio de Convalecencia, sede del equipo rectoral, donde 200 estudiantes y profesores de la UMU protestaban por el recorte de plazas para alumnos de nuevo ingreso en ocho títulos, especialmente en grados de Letras y Educación, y la consiguiente reducción de grupos, que también afectará a Derecho a partir de septiembre.

El plan de enseñanzas del próximo curso establece un total de plazas de 6.806, las mismas que en el presente año académico. El Rectorado ha negociado estas últimas semanas unos cambios mínimos encaminados a que la reducción no sea tan drástica en grados como ADE o Recursos Humanos, y ha dado marcha atrás en la eliminación de plazas en Derecho. Los cambios de última hora buscan ajustar el recorte de plazas a las matrículas de alumnos de nuevo ingreso que se han registrado este año, con el fin de compensar la reducción de puestos.

Estudiantes y profesores protestan en La Merced por la oferta de plazas del próximo curso.

La institución ha vivido semanas convulsas por las propuestas que estaban encima de la mesa que no han gustado a algunas facultades. Los planes del equipo rectoral se han vinculado mucho a una disminución de la plantilla de profesores asociados el próximo curso para hacer frente a las demandas de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), encaminadas a la estabilización de los docentes y la disminución de los contratos temporales, así como a un aumento de la ratio de alumnos por clase, algo que mermaría, señalan sindicatos y estudiantes, la calidad docente. En el centro de todo, la falta de financiación pública por parte de la Comunidad estuvo en boca de todos.

Tanto el rector José Luján, como los vicerrectores de Profesorado y Estudios, Pascual Lucas y Sonia Madrid, defendieron este viernes que la oferta se reajusta para atender «a la alta demanda» que registran 20 títulos que ganarán plazas el próximo curso, con un impulso a los dobles grados científicos, informáticos y educativos, y que la reducción de grupos no conllevará una desatención educativa. En el caso de Derecho, la ratio aumentaría diez estudiantes, hasta llegar a los 75, algo asumible a nivel de docencia para los responsables de la UMU.

Las críticas de los representantes del profesorado y estudiantado, que votaron en contra de ambos planes, iban encaminadas a corregir esa afirmación porque no se cuenta con segundas y posteriores matrículas, más los alumnos de movilidad internacional, a lo que el Rectorado responde que la mayoría de estos grados afectados pierden alumnos después del primer curso.

«Una oportunidad»

El equipo rectoral ve «una oportunidad» ahora para reordenar la estructura de la oferta de títulos y de las plantillas docentes, así como «optimizar los recursos» de cara a la organización de los grupos. Luján busca conseguir para el 2024 «un plan de choque que vaya dirigido directamente a rejuvenecer plantillas y a facilitar el acceso a una condición docente permanente a profesores asociados acreditados a la figura de ayudante doctor», por lo que exigirá a la Comunidad la convocatoria en el primer año del plan de financiación plurianual de cien plazas extra de ayudante doctor, «más de la que cada año sacamos, pero para eso, lo primero es ordenar nuestra propia casa».

El debate principal en el Consejo se centró en torno a las sesiones teóricas o los desdobles de prácticas en grados como Derecho o los títulos de Educación y Letras, cuyos decanos se mostraron críticos con la postura del rectorado, una postura que también adoptó el responsable de Económicas. La vicerrectora Madrid argumenta que, con la tendencia negativa en el número de nuevas matrículas durante los últimos años en estos títulos, es necesario «responder a la realidad de cómo cambia el interés» del futuro universitario.

El responsable de Profesorado señala que, con la reconfiguración de los grupos, la UMU «logra adelantarse» a las exigencias de la LOSU. Deja claro, al igual que lo remarcó Luján en la sesión, que la reducción de grupos no tiene como objetivo rescindir contratos de los asociados. Sí reconoce que podrá haber un «reajuste en el que pueda verse afectado algún profesor al disminuir el requerimiento docente», y es que la nueva norma estatal establece que los contratos de los profesores asociados dejan de ser de 180 horas como máximo para pasar a 120. Entonces, habrá departamentos que no necesiten a tantos como ahora.

Cientos de estudiantes llevan su protesta hasta Convalecencia

Más allá del Consejo de Gobierno de la UMU, frente a Convalecencia, cientos estudiantes y profesores, en su mayoría con contratos temporales (asociados), protestaban este viernes por el recorte de plazas en sus titulaciones, que afecta sobre todo a Educación y Letras.

La convocatoria comenzó a primera hora en el campus de La Merced, donde se concentraron hasta 400 personas, pero la indignación del alumnado les llevó hasta las puertas del Rectorado. La propuesta de la Universidad ya había encontrado el rechazo frontal de las tres facultades más afectadas (Educación, Letras y Derecho), cuyas juntas de centro se posicionaron en contra, ya sea por la disminución de grupos o el recorte de plazas, y han lanzado sendos comunicados pidiendo la retirada de la oferta.

El Consejo de Estudiantes de la UMU, el Comité de Empresa del PDI laboral y la Junta de Personal Docente han rechazado también los planes del Rectorado votando en contra en el Consejo. Los sindicatos entienden que esta oferta implicará un «ERE encubierto» del profesorado asociado para el próximo curso, como señalaba Piedad Fernández, de Comisiones Obreras.

El sindicato estima que, por ejemplo, en la Facultad de Educación no se volverían a contar con hasta diez profesores asociados a partir de septiembre. «No ha existido negociación», remarca, una queja que también tuvo eco dentro del Consejo, por parte de representantes del PDI. Ana Aldaz, portavoz de la plataforma de profesores asociados, subrayó además que la propuesta validada implicará la pérdida de varios grupos de docencia y prácticas en el primer curso, pero que esta eliminación también conllevaría la eliminación progresiva de grupos en el resto de cursos como en Derecho o grados educativos como Pedagogía y Primaria.

No olvidan los sindicatos que este problema nace de la «infrafinanciacion» que sufre la Universidad de Murcia por parte de la Comunidad Autónoma. «En el trasfondo de esta oferta lo que se pretende es reducir costes porque no existe financiación suficiente del Gobierno regional», reflejaba Aldaz.

Los contratos temporales de los asociados están vinculados a cubrir las labores de prácticas, asignaturas concretas o la dirección de trabajos de fin de grado o máster, «una figura de la que se ha hecho abuso en la UMU», cuya plantilla tiene un 45% de docentes en esta situación. «Hemos desarrollado las mismas funciones que nuestros compañeros a tiempo completo pero con un salario muy inferior».

Estudiantes y docentes aseguran que para calcular la oferta no se ha contado con los estudiantes de segundas y posteriores matrículas, más los estudiantes de movilidad internacional. Esto llevaría a un aumento de las ratios de alumnos por clase que «incrementaría la carga de trabajo del profesorado».

Aldaz no descarta más movilizaciones de los sindicatos para «hacer frente» a estas medidas. Los asociados recriminan que el ajuste impacta en los títulos con salidas profesionales vinculadas al sector público y, por contra, el aumento «reforzaría los grados que tienen más posibilidades laborales en el sector empresarial. Estamos exportando un modelo privado de la educación», se quejaba Antonio Maurandi, profesor contratado doctor de la Facultad de Educación, que estima que la ratio de estudiantes en docencia podría llegar el curso próximo a 110 estudiantes por grupo.

Los representantes del PDI y centros como Letras subrayaban este viernes que esto implicaría «la pérdida de la calidad de la enseñanza». Samuel Martínez, subdelegado de la Facultad de Letras y Vicepresidente de Comunicación y Cultura del CEUM, recordaba en la protesta que la oferta «incumple las normas del Espacio Europeo de Educación Superior.

La iniciativa va a redundar en una grave organización de los grupos del próximo curso». El estudiantado también ha pedido al Gobierno regional que incremente la financiación de la Universidad para deshacer estos cambios «que afectan de manera esencial a nuestra educación».