Medio Ambiente

El retraso de 200 expedientes en Agricultura obliga a tirar de una contrata

Las consejerías de Luengo y Vázquez recurren a empresas para desatascar trámites como la evaluación del riesgo de rotura de las balsas de riego en la Región o autorizaciones ambientales ante la falta de personal

Protesta sindical ante los despidos en la Consejería de Medio Ambiente, en 2021.

Protesta sindical ante los despidos en la Consejería de Medio Ambiente, en 2021. / ISRAEL SÁNCHEZ

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

La legislatura se acaba y la imagen de cientos de expedientes atascados en las consejerías del Gobierno regional no queda bien. Las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, separadas hace un mes escaso tras la última crisis de gobierno, han recurrido a contratas para agilizar los trámites en varios asuntos que acumulan retrasos y quejas. La falta de personal en ambos departamentos, como hasta ahora se ha reconocido desde el propio Ejecutivo murciano (y que se ha vinculado a la infrafinanciación autonómica), obliga a apostar por estas alternativas. 

Dos casos recientes han vuelto a poner el foco en este sistema para desatascar un volumen importante de expedientes. Por parte de Agricultura, dirigida por Antonio Luengo, sacó a licitación el pasado año un contrato para buscar una mercantil que ayude en la tramitación de 200 expedientes atrasados. En concreto, para evaluar el riesgo de rotura de las balsas de riego en la Región y sus consecuencias en caso de que se produzcan avenidas. Estas estructuras se deben clasificar en distintas categorías según el grado de daños que ocasionen sobre personas, núcleos urbanos o posibles perjuicios ambientales. 

Medio Ambiente se apoyará en una mercantil para agilizar 400 expedientes este año

La Consejería, que adjudicó el servicio por 110.000 euros en noviembre y pretendía finalizar los expedientes después de este verano, se ha encontrado con un problema: una de las empresas que optaba al concurso ha recurrido la licitación, por lo que toca esperar a que se resuelva el recurso, indican desde Agricultura. «Hablamos de un volumen de expedientes elevado que demanda un alto nivel de medios técnicos y de personal especializado disponibles, por lo que se contrata una asistencia técnica externa para que apoye al personal funcionario en la resolución de los expedientes», señalan desde la Dirección General del Agua.

Trámites ambientales

El problema más notorio y que ha generado protestas en el sector empresarial ha sido el retraso en las autorizaciones ambientales, que llegaron a acumular un cuello de botella de 2.000 expedientes en varios asuntos que correspondían a explotaciones ganaderas, proyectos urbanísticos o instalaciones fotovoltaicas. Precisamente, la tramitación de estos últimos expedientes en los pasados meses obligó a la Consejería de Medio Ambiente a centrar gran parte de su personal en atender las solicitudes de las empresas de las renovables. 

Los sindicatos denuncian que recurrir a empresas externas son «parches» que «no solucionan el problema»

Ahora, con un atasco de 400 expedientes, el departamento de Juan María Vázquez también apostará por el uso de una contrata para que la adjudicataria se encargue de ver con los titulares o responsables de los proyectos, que buscan la autorización ambiental, qué falta en la documentación que presenten. Esta mercantil también se encargará de pasar del papel a lo digital el expediente para que ya sean los técnicos de la Consejería quienes sigan con el trámite. 

Crear plazas

Estos procedimientos han levantado muchas ampollas entre los sindicatos de la Región, quienes denuncian que estos «parches» no resuelven el «verdadero» problema de unas consejerías «a las que le falta de personal», señala Nacho Álvarez-Castellanos, de Intersindical. La contratación temporal de los técnicos, mediante programas que dependen de financiación exterior u otras fórmulas, hace «imposible poder planificar una gestión pública de calidad», señalan desde el sindicato FSES. 

Esta organización, que extiende el problema a otras áreas como Educación, Empleo o Política Social, señala que cuando se llega a «deteriorar los servicios por la falta de personal que imponen (no cubriendo bajas, acumular retrasos en la gestión de expedientes, ayudas, subvenciones y proyectos), y cuando la situación es insostenible, aparecen las empresas externas y las asistencias técnicas para llegar a remediar el caos que algunos intencionadamente ocasionan». 

Álvarez-Castellanos ve más propio invertir el dinero de estas adjudicaciones en la creación de plazas de funcionarios. Recientemente Comisiones Obreras, UGT, CSIF e Intersindical denunciaban que entre enero y junio de este año dejarán de trabajar en la Consejería de Medio Ambiente el 25% de la plantilla del personal técnico (ambientólogos, biólogas, ingenieros técnicos forestales y de montes) al terminarse los contratos por programa que los mantenía en sus puestos. Estos sindicatos han pedido tres veces una cita con el consejero Vázquez para intentar dar una solución a este problema.

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