La huelga de secretarios judiciales impide también que Yolanda Muñoz testifique el viernes

Ni mañana ni pasado declararán ante la jueza los nueve investigados por el caso de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC). El juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha comunicado a las partes que se suspenden las citaciones previstas, por lo que el viernes no prestarán declaración los exdirectores del Puerto Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla.

Tampoco lo harán ese día Paloma Escudero, responsable de Innovación, y María José Barahona, de Planificación y gestión. Mañana se esperaba en el juzgado a S. G., de la empresa Barraise; Pedro Vindel, exdirector del Puerto; Francisco Ortiz, Jefe de Compras; y F. C., de la empresa Sopra.

La huelga de secretarios judiciales atasca los casos de corrupción política de la Región

La denuncia del Ministerio Público pide que se investigue a los encausados por los presuntos delitos de prevaricación y otros por supuestas actuaciones ilegales en la adjudicación de concursos y en la contratación de personal.

La huelga de secretarios judiciales está detrás de este aplazamiento 'sine die'; sin embargo, Raúl Pardo Geijo, abogado de Muñoz, ha denunciado el "perjuicio que supone" para su defendida este retraso.

Los sindicatos denuncian la fianza "desproporcionada"

Por otra parte, los delegados sindicales de UGT y CC OO no podrán intervenir como acusación popular en el caso de presunta corrupción en el que figuran como investigados dos expresidentes de la Autoridad Portuaria de Cartagena hasta que sus correspondientes órganos colegiados acuerden participar en el proceso judicial en esa condición.

Así lo dispone un auto del juzgado de Instrucción que investiga los hechos que les ha dado un plazo improrrogable de diez días para que acrediten la existencia de ese acuerdo, además de indicarles que cada organización sindical deberá prestar una fianza de 15.000 euros.

Señala la resolución judicial que al participar en nombre de una persona jurídica ello determina que será esta la que tendrá que asumir las consecuencias de todo orden que puedan derivarse de esa decisión, desde el pago a profesionales y abono de las costas hasta la posibilidad de afrontar un proceso por acusación o denuncia falsa.

Por ello, añade el juzgado, es preciso que la decisión de personarse como acusación popular sea aprobada por los miembros que representan a la organización, "y no por la mera y sola voluntad del delegado sindical", entre cuyas facultades, señala el auto, no figura la de constituirse en acusación popular.

Este auto de la jueza ya ha sido recurrido por ambos sindicatos, que critican que también se les pida "poder de representación que ya ha sido enviado al Juzgado".

"Ahora se nos pide una fianza desproporcionadamente elevada cuando ni siquiera somos denunciantes, ya que la instrucción del procedimiento parte de la Fiscalía y del resultado de la investigación policial. Nuestro único interés es defender el buen funcionamiento de la Autoridad Portuaria de Cartagena y defender también los derechos de los trabajadores ante hechos sobre los que existen indicios tan fundados como los que han dado lugar al procedimiento penal", han manifestado en un comunicado.