Judicial

"En el juzgado está el dinero que necesito para arreglarme la boca"

Joaquina Peñalver, afectada de iDental, no puede recuperar los 3.000 euros de la financiera porque lo tienen que autorizar los secretarios judiciales, que siguen en huelga tras el fracaso de las negociaciones

Joaquina Peñalver Sandoval, ayer en Las Torres de Cotillas, con papeles que demuestran que ganó el juicio y han de abonarle el dinero.

Joaquina Peñalver Sandoval, ayer en Las Torres de Cotillas, con papeles que demuestran que ganó el juicio y han de abonarle el dinero. / Juan Carlos Caval

Ana Lucas

Ana Lucas

«Me dicen que está ahí el dinero y no me lo dan, pero no sé por qué», manifiesta Joaquina Peñalver Sandoval, de 52 años y vecina de Las Torres de Cotillas, afectada por el cierre de iDental en 2018. Lo que le pasó a la mujer, explica su abogado, José Manuel Hernández Benavente, es que «en 2022 ganamos el juicio y ella iba a recuperar sus 3.000 euros, pero el banco no pagó. Tuvimos que ejecutar la sentencia, le embargamos las cuentas porque no pagaban y, cuando por fin llega el dinero a la cuenta del juzgado, es cuando los letrados están en huelga».

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de la Región, al igual que sus compañeros del resto de España, dieron el 24 de enero el pistoletazo de salida a su huelga indefinida en busca de mejoras salariales. Desde entonces, más de 6.000 juicios y actuaciones se han tenido que suspender o aplazar en la Comunidad murciana, donde trabajan 133 secretarios judiciales. 

«Me llama el abogado y me dice: ‘Joaquina, que lo van a paralizar’», lamenta esta limpiadora, que considera que «no existe la Justicia», puesto que «ya me tendrían que haber pagado». 

«Me terminado la parte de abajo en otro dentista», relata la vecina, que recibe a La Opinión en su casa de Las Torres de Cotillas y admite que el verse la boca medio arreglada la hace sentir «algo mejor, después de lo que he pasado». «Es mi dinero, ¿no? No estoy pidiendo otra cosa que no sea lo mío», sentencia. 

La mujer ya fue víctima de «la lentitud de los tribunales» que existía, casi enquistada, y que se intensificó con la pandemia de coronavirus. «He pasado mucho yo», remarca Joaquina Peñalver Sandoval, a lo que añade que «dos veces he ido al juzgado a preguntar» qué pasa con su dinero. Le contestan, indica, «que, cuando me llegue el día, que ya me lo darán», pero nadie le ha explicado por qué están de huelga los secretarios judiciales. 

Hernández Benavente, por su parte, insistió en que «mi clienta necesita el dinero para arreglarse la boca y poder comer», por lo que «pediría a los letrados de la Administración de Justicia que casos como este los incluyan en los servicios mínimos: que hagan los pagos a los ciudadanos, porque es un dinero que les pertenece». El abogado lamenta la «mala suerte» de la torreña y recuerda que los secretarios judiciales «son los que tienen que autorizar los pagos y transferencias».

"Encima, te miran y provocan"

En la misma línea se expresa Antonio Machado, un vecino de Molina de Segura de 39 años de edad, afirma que se siente «indignado» a la par que «dolido» por lo que califica de «injusticia». Y es que lleva casi una década esperando para recuperar los 8.000 euros que, asegura, le estafaron en una compraventa de coches de su municipio natal, allá por 2014. 

«Me han suspendido el juicio ya dos veces», afirma Machado, defendido por el abogado José Ángel Alfonso. «Lo teníamos en enero, luego lo pasaron a febrero y ahora está fijado para el 28 de junio», explica el damnificado a este periódico por teléfono. El aplazamiento de las vistas que afectan a este vecino ha sido, las dos veces, consecuencia del paro que los secretarios judiciales mantienen, de forma indefinida.

Mientras se hace a la idea de que tiene que esperar al verano, como pronto, Machado relata que lo que le pasó fue que «me compré un coche, les hice una transferencia de 8.000 euros y, cuando estuviese el coche aquí, les daba el resto. Pero ni coche ni nada».

El vecino lamenta que las personas de esa compraventa «encima de todo, se rían, te miren, te provoquen» y asegura que lo único que quiere es volver a contar con su dinero: «Con recuperar mis 8.000 euros, me sobra». Además, el hombre ha tenido que desplazarse dos veces de su Molina natal a la Ciudad de la Justicia de Murcia para ver la sala cerrada, con lo que ha perdido días de trabajo y «soy autónomo: si no trabajo, no cobro». Quiere «pasar página», pero el conflicto con los letrados no se lo permite

"Dos años sin ver a su hija"

Por otro lado, el letrado Ignacio Herranz, coordinador y abogado de la Asociación de Padres de Familia Separados de Murcia, apunta que el paro de los letrados de Justicia está dando lugar a «situaciones desesperantes» para las personas que tienen pleitos en los juzgados de Familia.

«Si antes un divorcio contencioso podía durar un año, más si se tiene que derivar a equipos psicosociales, ahora no sabemos cuánto van a tardar», lamenta Herranz, que insiste en que «la gente está desesperada». Y es que «hay quien no ve a sus hijos desde hace años, y está deseando acudir a vista para poder resolver la cuestión». 

En ocasiones «hay un menor, que es parte, pero no está citado, porque es muy pequeño o porque no es necesario citarlo». «No lo consideran un servicio mínimo», censura al respecto. 

A Antonio Machado, estafado al comprar un coche, le han aplazado el juicio dos veces

En su condición de abogado, Herranz comenta que «el pasado lunes tenía yo una vista de un cliente que lleva prácticamente dos años sin poder ver a su hija, y la vista se suspendió». 

Ralentizan casos mediáticos

El caso 609, por ejemplo, está ralentizado. Iba a celebrarse una vista en el Palacio de Justicia, para ver si se llegaba a un acuerdo, pero el paro lo impidió. Aunque de antemano había discrepancias por tema económico y no se iba a materializar una conformidad, la próxima cita judicial queda fijada para el próximo día 19 de abril, ya después de Fiestas de Primavera.

La sentencia del expresidente Pedro Antonio Sánchez no ha sido notificada a las partes por el paro. Y el líder del PSRM-PSOE, José Vélez, no tendrá que declarar como imputado este viernes en los juzgados de Caravaca: lo investigan por la gestión de festejos taurinos de Calasparra, en su época de alcalde de este municipio.

La próxima semana, los dos exdirectores de la Autoridad Portuaria imputados en la caso del Puerto, Yolanda Muñoz y Antonio, están citados para declarar en los juzgados de Cartagena. Si la huelga de secretarios judiciales continúa, es posible que afecte a estas comparecencias y no lleguen a testificar.