Los regantes de Arco Sur no tienen derecho a reclamar los daños por el cese de su desaladora

Los regantes de Arco Sur del Campo de Cartagena deberán acarrear con el daño patrimonial que les ha provocado el cierre de su desaladora, que precintó la Confederación Hidrográfica del Segura, por carecer de la autorización necesaria para verter los rechazos de salmuera en el Mediterráneo. La Comunidad ordenó el cese de estos vertidos en 2020 por el riesgo que implicaba para el medio ambiente, lo que obligó a paralizar las instalaciones que trataban el exceso de sal del agua que recibían los regantes de la potabilizadora de Cabo de Palos.

La comunidad de regantes, que gestiona los recursos hídricos de 3.000 hectáreas de regadío al sur del Mar Menor, reclamó el pasado año al Gobierno regional el pago de 3,75 millones de euros por los daños causados al no disponer de un volumen de 3,3 hm3 para riego. La reclamación fue rechazada por la Comunidad hace poco menos de un año, y ahora el Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha reforzado esa decisión.

En concreto, el dictamen de este órgano consultivo, que no es vinculante, señala que los perjuicios que alega la entidad privada por la orden de cese de los vertidos «son debidos únicamente a su propia actuación, al colocarse voluntariamente en situación irregular e incumplir las condiciones establecidas para el vertido, debiendo, en consecuencia, soportar el daño». Y es que en 2010 caducó la autorización con la que contaban los regantes para trasladar al Mediterráneo la salmuera producida en su planta desnitrificadora, ubicada en Cartagena.

Día 1 del recorte al Trasvase: el nuevo caudal ecológico del Tajo se pone en marcha

Tolerancia administrativa

Arco Sur justificó esta reclamación indicando que la Comunidad era «conocedora de la irregular situación administrativa» por la que pasaba la comunidad de regantes y, también, que el Gobierno autonómico «durante años ha banalizado los requisitos administrativos que deben cumplir las actividades de saneamiento, depuración, vertido y desalación» en localidades como Los Urrutias, El Algar, El Estrecho, El Beal, Los Nietos, Playa Honda, Mar de Cristal, Islas Menores La Manga y Cabo Palos, cuyas aguas residuales trata la potabilizadora.

La comunidad de regantes utilizó sus instalaciones durante diez años sin tener la autorización de vertidos

Los regantes culpaban al Ejecutivo de tolerar el funcionamiento de su desaladora y el rechazo de la salmuera «indefinidamente» hasta que hubiera «una solución global». Además, añadían que la Consejería de Agricultura había financiado obras de modernización en el perímetro de la comunidad.

Sin embargo, el órgano de consultas de la Comunidad responde que los regantes «no podían tener una esperanza legítima en que la situación se perpetuara cuando conocía perfectamente que desde 2010 carecía de la autorización preceptiva». Medio Ambiente llegó a detectar en 2017 que la entidad privada había incrementado el caudal de lo que rechazaba al Mediterráneo y que «se habían introducido nuevos contaminantes en cantidades significativas (nitratos, nitritos, plaguicidas, metales pesados)».

El Consejo Jurídico insiste, frente a los informes que fue realizando la Consejería en los últimos años, que la comunidad de regantes «conocía que no cumplía los condicionantes de la autorización de vertido, por lo que no podía tener una esperanza legítima en que la situación siguiera consintiéndose una vez detectado que existía peligro para el medio ambiente».

Suscríbete para seguir leyendo