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¿A quién beneficia que se demonice la agricultura del Campo de Cartagena?

¿A quién beneficia que se demonice la agricultura del Campo de Cartagena?

¿A quién beneficia que se demonice la agricultura del Campo de Cartagena? / Miguel Ángel Cámara Botía

Miguel Ángel Cámara Botía

Los agricultores del Campo de Cartagena encuentran, en los últimos años, múltiples obstáculos para poder desarrollar su trabajo a causa de las cada vez mayores restricciones que se les imponen. En poco tiempo han pasado de ser considerados como uno de los principales valores de la región a estar señalados como depredadores de agua y responsables del deterioro ambiental.

El agua del trasvase Tajo-Segura supuso la transformación de la estructura socioeconómica del Campo de Cartagena. Consiguió cambiar la emigración obligada ante la falta de trabajo, en inmigración debida a la necesidad de mano de obra capaz de sacar adelante los proyectos productivos agrarios. Transformó parajes desérticos en auténticos vergeles que generaban alimentos y empleo.

Sin embargo, las sucesivas restricciones de los caudales de agua trasvasable impuestas por decisiones políticas (memorándum) o que se pretenden enmascarar con cuestionadas justificaciones medioambientales (caudal ecológico Tajo), están dificultando y limitando la actividad agraria. Bajo el axioma de que no hay agua suficiente, se propone reducir la superficie regable y consecuentemente, la producción de alimentos, de manera que muchos agricultores del Campo de Cartagena se estén planteando continuar con el cultivo de sus tierras.

Además, se pretende responsabilizar a los agricultores, en exclusiva, del deterioro del Mar Menor. Los conservacionistas más extremos ya han encontrado una justificación para seguir avanzando hacia su objetivo de eliminar el trasvase Tajo-Segura. Si se reduce el agua del trasvase habrá menor superficie de regadío y por tanto menos fertilización y menos lixiviación de nitratos al acuífero. Se crea la tormenta perfecta para llegar a suprimir el trasvase y la agricultura.

Por si no fuera suficiente la reducción de agua del trasvase, ante el descontento social suscitado por la aparición de la sopa verde, se aprobó la Ley de protección del Mar Menor que se centra básicamente en limitar la actividad agraria en el Campo de Cartagena. No aborda, coherente y científicamente, medidas coordinadas para conseguir evitar los vertidos de aguas residuales, subterráneas, de lluvia y los arrastres de sedimentos. La Ley obvia el resto de factores que inciden en el ecosistema lagunar, como el fósforo, que de manera determinante influyen en el mal estado de sus aguas.

La intervención en la mejora y renovación de las redes de alcantarillado y de los sistemas de depuración que eviten el vertido de fósforo, limitante para la eutrofización de las aguas es una de las medidas claves para prevenir el riesgo de proliferación de fitoplancton en el Mar Menor, como recientemente ha señalado el Dr. Mario Tamburri de Alliance for Coastal Technologies (USA). También es clave una adecuada gestión del acuífero que evite el continuo aporte de las aguas subterráneas a la laguna, así como un elevado nivel freático que puede afectar a las viviendas de las poblaciones costeras.

La visión apocalíptica de los medioambientalistas más extremos que marca la política hídrica española desde 2004 y las restricciones a la actividad agraria (precio del agua, competencia desleal de terceros países, cambios normativos, etc.) están provocando una depreciación del valor de las tierras y que los agricultores busquen otras opciones u otras provincias en las que se les garantice agua suficiente y encuentren más apoyo para poder desarrollar su actividad.

La alternativa que se plantea a los agricultores del Campo de Cartagena frente a la escasez de agua, los desmesurados incrementos de la energía y las limitaciones al cultivo, es sustituir las explotaciones agrícolas por parques fotovoltaicos, actividad que sí está permitida por la Ley en las zonas sensibles de afección a la laguna. El “alicatado” progresivo de zonas de cultivo puede llegar a convertir la tierra más fértil de Europa en una maraña de estructuras metálicas.

Si los agricultores no encuentran el necesario apoyo, el modelo productivo del Campo de Cartagena puede cambiar, con la consecuencias negativas que ejercerá sobre el empleo agrario, la despoblación rural y otros sectores como la logística, exportación, industria, etc. Se cambiaría la economía productiva por una especie de subvención cuyo futuro estaría ligado a los avances de la ciencia en la búsqueda de fuentes de energía más baratas y eficaces.

No se trata de confrontar parques fotovoltaicos frente a agricultura, sino de mantener e impulsar la actividad agrícola en zonas fértiles y productivas y propiciar la instalación de los huertos solares en zonas agrícolamente no productivas. En la actualidad, la energía fotovoltaica es muy importante para contribuir a conseguir la soberanía energética nacional. En la región hay superficie más que suficiente para compatibilizar ambas actividades que no deben ser antagonistas.

El campo no debe resignarse ante esta situación de acoso y criminalización, ya que tiene razones más que suficientes para estar orgulloso de su aportación al progreso nacional y a la innovación tecnológica. Los agricultores comprometidos con el medio ambiente y la recuperación del Mar Menor quieren seguir aportando riqueza a la Región y generar empleo, mediante la práctica de una agricultura sostenible, tecnificada y que emplea los menores recursos hídricos y agroquímicos en los cultivos, para producir más con menos recursos.

Cui Prodest? ¿Quién puede beneficiarse de que se demonice la agricultura del Campo de Cartagena? ¿Hay algún interés por seguir señalando a la agricultura del Campo de Cartagena? ¿Por qué no se reconoce que la agricultura no es el problema, sino parte de la solución? No hay razones objetivas para limitar el regadío, hay agua suficiente si se gestiona bien. La agricultura inteligente y de precisión del Campo de Cartagena mitiga los impactos ambientales y la lixiviación de nitratos y supone una eficaz barrera contra la desertificación.

Los agricultores necesitan contar con más apoyo y con la garantía de tener agua suficiente a un precio competitivo y que se les posibilite seguir ejerciendo su actividad con responsabilidad, para seguir contribuyendo a recuperar el Mar Menor, crear empleo, evitar la despoblación rural y luchar contra la desertificación y el cambio climático.

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