La huelga de letrados retrasa la notificación de la sentencia del caso Auditorio

La huelga que desde hace días mantienen los letrados de la Administración de Justicia ha impedido que la Audiencia Provincial de Murcia pueda notificar la sentencia del caso Auditorio, en el que figura, entre los acusados, el expresidente de la Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez.

El tribunal tenía previsto efectuar la notificación este jueves, lo que no fue posible por el motivo apuntado, circunstancia que se ha repetido este viernes, por lo que, en principio, se aplaza hasta la semana próxima.

La vista oral, seguida también contra el arquitecto Martín Lejarraja, la exsecretaria del ayuntamiento de Puerto Lumbreras Caridad García y el constructor Vicente Gimeno, concluyó el pasado 29 de noviembre tras el desarrollo de once sesiones que se habían iniciado el 27 de septiembre anterior.

En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía Anticorrupción de Murcia reclamó para Sánchez dos años y medio de prisión por los delitos de prevaricación y fraude, que consideró habría cometido con el presunto encargo directo del proyecto constructivo al arquitecto, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, y con la aprobación del proyecto modificado.

El tribunal deberá determinar en su sentencia si considera probado que el exmandatario regional incurrió en prevaricación, delito que la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene establecido de forma reiterada que la resolución injusta que se castiga con el mismo debe serlo de forma clamorosa, grosera, palmaria y evidente.

En cuanto al delito de fraude, la conducta que se castiga en el Código Penal es la realizada por la autoridad o funcionario que en las contrataciones públicas se concertara con otros para defraudar a un ente público.

Al declarar en el juicio, Sánchez negó también esa acusación al señalar que los seis millones de euros recibidos de la Comunidad Autónoma para la construcción del auditorio fueron invertidos en la obra, sin que nadie, añadió, haya podido probar lo contrario.

El expresidente de la Comunidad Autónoma mantuvo a lo largo del juicio, como había hecho durante la instrucción de la causa, su inocencia, y al hacer uso a su derecho a la última palabra recalcó que en su actividad política había tenido siempre dos máximas: la defensa del interés general y el cumplimiento de la ley.