Fin a la era de Yolanda Muñoz en el Puerto de Cartagena

Su destino estaba escrito desde el jueves por la tarde, cuando hasta sus más próximos le dieron la espalda públicamente, pero ella necesitó de 24 horas más para asimilarlo. Yolanda Muñoz dimitió ayer como presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), poco más de una semana después de que se conociera que el fiscal Anticorrupción la había denunciado, junto a siete miembros más de la cúpula del Puerto, por formar parte de una presunta trama corrupta. En concreto, el Ministerio Fiscal, y la jueza encargada del caso posteriormente, ven indicios de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021 en la APC.

En un comunicado difundido por el Puerto de Cartagena, Muñoz informó de que «tras mantener una conversación» con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, solicitó su «relevo al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena». Lo hace «convencida de que es la mejor decisión en este momento y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad, así como de la Región de Murcia, ante aquellos que pretenden aprovechar políticamente y sembrar confusión tras las denuncias presentadas, a la vez que poder aclarar ante la justicia aquellos hechos que se investiguen».

Asimismo, adelantó su intención de colaborar con la investigación. «A partir de este momento continúo trabajando para esclarecer cualquier atisbo de dudas, al igual que durante estos años lo he hecho para incrementar las oportunidades y vías de negocio para el Puerto, la ciudad de Cartagena y toda la Región de Murcia. Confío en la justicia y los mecanismos puestos en marcha para demostrar mi integridad y la del personal que forma parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena», concluyó.

Lee el comunicado completo con el que Yolanda Muñoz dimite como presidenta de la APC

La soledad de la investigada

La salida de la dirigente del Partido Popular se produce después de que esta semana perdiera el apoyo de su partido, del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Cartagena. Precisamente, el jueves el portavoz del Ejecutivo de Fernando López Miras, Marcos Ortuño, declaraba estar «seguro de que la presidenta de la Autoridad Portuaria tomará la decisión más adecuada» y de que «estará a la altura». Además, reconoció que «esta no es una situación deseable». Unas declaraciones que todo el mundo entendió como una invitación a abandonar la APC.

Tampoco le echó un guante la alcaldesa del PP de Cartagena, Noelia Arroyo, durante el Pleno del Ayuntamiento de ese mismo día. Al contrario, los ediles que forman el Gobierno local (PP, expulsados del PSOE y Cs) aprobaron una moción para pedir la dimisión de Yolanda Muñoz, una iniciativa que llevó al Consistorio Unidas Podemos IU-Verdes Equo. Consiguieron, eso sí, añadir una enmienda para pedir también los ceses de otros cargos públicos investigados o condenados por la justicia, como son José Vélez (líder del PSRM) y José López (de MC Cartagena), respectivamente.

Aguantando desde el lunes

Desde el lunes pasado, la ahora expresidenta de la APC venía defendiendo que «todos los procedimientos de la Autoridad Portuaria se realizan conforme a ley, supervisados por informes técnicos y jurídicos y bajo la tutela de la Abogacía del Estado». El mismo jueves, después de conocerse que la jueza también ve indicios de delitos, reiteraba de nuevo su «total colaboración con la justicia» para «eliminar toda sombra de duda y que la gran institución de la Autoridad Portuaria no se vea más salpicada».

Desde el Gobierno regional, sin embargo, dejó claro desde que saltó el caso, la semana pasada, que no se quemaría por salvar a la presidenta del Puerto. Ortuño marcó distancias al señalar que «no existe ninguna relación con el Gobierno regional porque la Autoridad Portuaria depende exclusivamente de la Administración General del Estado», si bien es cierto que la gestión de esta institución depende de la administración autonómica, incluido el nombramiento de la presidenta. Precisamente, este es el motivo por el que Muñoz pidió ayer el «relevo» a López Miras y no a Pedro Sánchez.

Sin el apoyo del partido ni de las instituciones, era cuestión de tiempo que la dirigente del Partido Popular no aguantara mucho tiempo en el puesto, máxime cuando todas las formaciones de la oposición, PSOE, Podemos, Cs y Vox estaban pidiendo explicaciones al propio presidente de la comunidad y en plena precampaña electoral.

El Comité de Empresa de la APC: "En 40 años nunca ha habido tan mal ambiente"

El papel del comité de empresa

Los sindicatos fueron los que llevaron a la Fiscalía las presuntas irregularidades en varias licitaciones que se están investigando. Tanto es así que CC OO y UGT van a personarse como acusación particular en los juzgados.

El jueves por la mañana, además, anunciaron que van a presentar una nueva denuncia contra Muñoz por suspender dos veces el concurso para licitar el servicio de vigilancia y seguridad del Puerto. Según ellos, su objetivo es que se lo adjudique la empresa Salzillo Seguridad.

Denunciaron que la «prepotencia» de la presidenta de la APC le ha llevado a seguir cometiendo «irregularidades». El pasado sábado, sin ir más lejos, ordenó modificar los requisitos necesarios para optar a una plaza de responsable de mantenimiento, «eliminando la vida laboral». En opinión de los sindicatos, estos se hace para poder ofrecer «plazas a medida».