La cuenta atrás para que el Trasvase Tajo-Segura sufra uno de los recortes más severos de toda su historia ha comenzado. El Consejo de Ministros aprobó ayer, sin sorpresas pese a los movimientos políticos de última hora entre el Gobierno central y el valenciano, las planificaciones hidrológicas del Tajo y del Segura manteniendo en el texto la subida progresiva del caudal ecológico en el tramo de Bolarque y Aranjuez (Madrid). Esto supondrá una reducción del envío de agua a la Región de Murcia, Alicante y Almería de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos al año a partir de 2027, según la previsiones del Ejecutivo. Es decir, casi la mitad del volumen que se trasvase hoy en día.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó en una rueda de prensa posterior a la reunión en La Moncloa, donde estaban concentrados medio millar de regantes del Trasvase, el mayor temor del sector agrícola de la Región. El Gobierno valida la fijación de un caudal ecológico que partirá de los 7 m3/ segundo desde este año y hasta 2026, momento en el que subirá a 8m3/s y un año después, en 2027, alcanzará la cifra máxima prevista: 8,65 m3/s.

Esta decisión, señaló Ribera, parte de la «obligación» del Gobierno para cumplir con «la legislación europea y española» en materia de calidad de las masas de agua de los ríos, unas normas que, incide, «nadie debería cuestionar». Otro argumento esgrimido es el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo, que obligan a fijar un caudal pero no determina una cifra exacta. «Hay nuevos desafíos en el horizonte a los que dar respuesta. Durante 11 meses no fue posible trasvasar agua al Segura», explicó la ministra, «no podemos garantizar el agua para boca o usos económicos por la cantidad de lluvia que caiga».

A cambio, Ribera prometió un paquete de medidas centrado sobre todo en «disponer de los recursos adicionales necesarios» para cubrir las «necesidades» de los usos económicos en el Levante, como la agricultura. La inversión prevista asciende a los 547 millones de euros en Murcia y Alicante para ampliar la capacidad de producción de agua desalada en Torrevieja, Valdelentisco y Águilas y construir plantas fotovoltaicas que permitan abaratar su coste. La próxima semana, añadió, el Gobierno aprobará un decreto de ayudas para subvencionar el agua desalada de las plantas de Murcia y Alicante para que los regantes puedan acceder a estos recursos pagando un tope de 0,34 euros el metro cúbico, sin contar con los gastos del transporte e impuestos.

El Gobierno, que cumple así con los deseos políticos del Gobierno de Castilla-La Mancha, mantiene en el real decreto de las planificaciones hidrológicas el programa de seguimiento del Trasvase que pretende ser una herramienta de vigilancia de las medidas anunciadas: mejorar el saneamiento y depuración de las aguas residuales de Madrid que se vierten al Tajo o lograr la eficiencia del regadío en la Región. «No debemos enfrentar territorios», subrayó Ribera, que incide en que la ampliación de la capacidad de producción de las desaladoras del Levante, sumado a la mejora de la reutilización del agua en estos territorios, permitirá disponer de 140 hm3 extra a partir de 2026. Esta es la fecha que se pone la ministra para terminar también la interconexión de las plantas desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas.

La ministra defiende que se escuchó al Consejo de Estado

La ministra Teresa Ribera aseguró ayer que el Ministerio tuvo en cuenta las recomendaciones del Consejo de Estado, que señalaba la «falta de coordinación» entre ambos planes. Anunció que se actualizará la legislación sobre el Trasvase para adaptarla a las nuevas planificaciones hidrológicas del Tajo y del Segura. «La expectativa de reducción de los recursos trasvasables tiene que contar con ajustes, respetando la existencia de los caudales ecológicos». En los próximos meses será el Consejo Nacional del Agua quien debata la nueva propuesta normativa del Ministerio, incluido el cambio en las reglas de explotación del Trasvase.

La vicepresidenta tercera del Gobierno central ha añadido que la fijación del caudal ecológico del Tajo, que se acomete «por primera vez», «obliga a imaginar el modo en que su aplicación no pueda suponer ningún riesgo para la disponibilidad de los recursos suficientes para aquellas actividades que se han beneficiado del Trasvase». El plan del Tajo, aprobado tal y como fue concebido al principio, «no puede suponer una carga inasumible para un colectivo tan enormemente importante como el de los agricultores».

Los regantes cuentan «con el compromiso del Gobierno central», unos regantes que han demandando la dimisión de Ribera en las últimas semanas por su «posición radical» y acusada de favorecer los interés del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. «Debemos dar tiempo a que las inversiones generen sus frutos», añade Ribera, que publicará en el Boletín Oficial del Estado un plan que recortará agua desde este mismo año mientras las medidas anunciadas en el Levante no estarán terminadas hasta 2026. «Daremos seguimiento al calendario de la comisión bilateral» que certificará que se cumpla con el programa del Trasvase, pero su primera reunión no será hasta 2025.

Medio centenar de regantes presionan en La Moncloa para evitar lo inevitable

El frío de Madrid no fue impedimento para que los regantes del Trasvase Tajo-Segura se trasladaran hasta la sede presidencial de La Moncloa para protestar por los planes de la ministra Teresa Ribera. Estuvieron los miembros del Círculo del Agua, que aglutina al tejido socioeconómico de Murcia, Alicante y Almería. Pero también se presentaron regantes de comunidades como la de Cartagena o Lorca, donde más agua del Tajo reciben. En la concentración, como hicieron en la protesta frente a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica, volvieron a pedir la dimisión de la ministra Teresa Ribera. La titular de este departamento dio pasado el mediodía la peor de las noticias a los agricultores: el recorte seguía adelante sin cambios en los planes.

Valencia saca pecho de unos cambios que no aseguran el freno al caudal ecológico

 El Gobierno valenciano trató ayer de poner en relieve algunos pequeños cambios en el texto del real decreto de los planes del Tajo y del Trasvase conseguidos tras las negociaciones de última hora con el Ministerio para la Transición Ecológica. En primer lugar, el texto reflejaría ahora una evaluación anual de la situación de ambas cuencas, tanto la cedente en función de la situación de los caudales como la receptora de acuerdo al resultados de las inversiones en el Segura.

De igual forma, en año y medio se aprobaría una orden que actualice el plan del Tajo. «En particular, la orden fijará los criterios técnicos y metodologías para la determinación de los caudales ecológicos para el conjunto de las demarcaciones hidrográficas, con las especificidades que se requieran». En la práctica, estos cambios no suponen un freno claro a los caudales ecológicos en el Tajo. La ministra Ribera ni siquiera hizo mención a este acuerdo con Valencia tras el Consejo de Gobierno. A.S.