Medio millar de regantes y representates de organizaciones ligadas al sector primaria en la Región de Murcia, Alicante y Almería llevan concentrados desde las 10 de la mañana frente a la sede presidencial de La Moncloa, en un parking anexo, mientras se celebra la reunión del Consejo de Ministros que aprobará las planificaciones hidrológicas de las cuencas del Tajo y del Segura. La intención de los agricultores es mantener la presión para que la ministra para la Transición Ecológica no apruebe los caudales previstos para el Tajo, por la merma que supondrá en el envío de agua al Levante.

La duda sigue en el aire, ya que en la jornada de ayer hubo contactos de última hora para intentar amoldar el texto de los planes de cuenca a los requisitos que marcó el Consejo de Estado, que criticó en su dictamen la "falta de coordinación" de ambas planificaciones en las que está implicado el acueducto. Oficialmente, ni Moncloa ni el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera han dicho este lunes palabra alguna sobre este conflicto. Pero, según ha podido saber esta redacción, el Ejecutivo ha deslizado de manera discreta esta tarde que ha introducido modificaciones. La duda ahora es conocer el alcance de la variación del documento que el ministerio elevó al Consejo de Estado como paso previo a su aprobación en la reunión semanal del Gobierno.

Las comunidades de regantes más importantes se han concentrado frente a la sede presidencial. L.O.

A las 9.30 horas el secretario de Estado de Medio Ambiente ha ofrecido un desayuno informativo para detallar las cuestiones más relevantes de los planes de cuenca del Segura y el Tajo. Será la propia vicepresidenta tercera del Gobierno quien dé detalles de las cuestiones tratadas en la reunión del Consejo de Ministros en una rueda de prensa a partir de mediodía. En lo que respecta al Tajo, la intención del Gobierno es elevar el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) de manera progresiva: de seis a siete metros cúbicos por segundo en 2023, a ocho m3/s en 2026 y a 8,65 en 2027.

Las dudas que quedan por aclarar pasan por saber si el Ministerio para la Transición Ecológica hará caso del dictamen del Consejo de Estado, que pidió más «coordinación» entre los planes del Tajo y el Segura por la «afección» que podría sufrir el Trasvase. Las dos planificaciones no reflejan la «misma realidad» en base a las normas que regular la explotación del Trasvase. De seguir adelante con la subida progresiva del caudal en el Alto Tajo, la batalla pasará del escenario político al judicial, donde se presentarán recursos que deberá resolver el Tribunal Supremo.

Lograr el «interés general»

Más allá de las respuestas jurídicas del sector agrícola del Levante español y los gobiernos autonómicos afectados, las reglas de explotación serán el siguiente objetivo que se revisará, como pidió el Consejo de Estado. El límite trasvasable para el nivel 4 en las presas de Entrepeñas y Buendía subirá, es decir, el Gobierno elevará la cifra de 400 hm3 (mínimo de reservas para enviar agua al Segura) para cumplir con la demanda del nuevo caudal ecológico entre Bolarque y Aranjuez. A partir de ahí se hará efectivo la rebaja del agua por el acueducto. El máximo órgano de consultas del Ejecutivo central advirtió que los caudales ecológicos y el Trasvase deben respetarse por el «interés general».

«Todos están llamados a la protesta», señalaba este lunes Lucas Jiménez, presidente del Scrats, que la pasada semana pedía «responsabilidad» al Gobierno de Pedro Sánchez. La cercanía con la anterior gran manifestación de los regantes de Madrid invita a pensar que no se conseguirá la misma cifra de asistencia, pero las organizaciones en torno a la Mesa del Agua regional animan a asistir a todos los que puedan.

Desde el Scrats se lleva denunciando desde hace meses que la disminución de los aportes a las provincias de Murcia, Alicante y Almería será de 105 hm3, lo que supondría 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento. Así como que esta reducción de los volúmenes disponibles supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el levante español, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.

La batalla aún no está perdida

El Consejo de Estado afirmaba que el Gobierno de España puede aprobar el real decreto, ya que fue avalado por unanimidad, pero «sin perjuicio de la conveniencia de considerar las observaciones formuladas en este dictamen» sobre el Trasvase, por lo que la decisión final está ahora en la mesa del Consejo de Ministros. El gabinete de Sánchez será quien refrende pasar de 6 m3/s de caudal ecológico a los 8,65 m3/s que defendía la ministra Teresa Ribera. Cuestiones que para el sindicato carecen de aval técnico, dado que todos los informes independientes consideran suficiente el caudal actual.

«Aún no hemos perdido esta batalla y desde el sindicato debemos seguir luchando para que nuestras voces lleguen hasta los despachos y se escuchen en la toma de decisiones. El Consejo de Ministros tiene la última palabra, y su responsabilidad afecta a millones de españoles cuyo futuro se desvanece y depende de aportaciones cuya reducción carece de justificación técnica y jurídica», señala el Scrats en un comunicado este lunes, «nos han sentenciado, sin dejarnos mediar palabra, y han obligado a nuestras voces a gritar desde el otro lado de la valla».