Acusan a Yolanda Muñoz de querer defenestrar a uno de los testigos de la trama

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) celebrado ayer no fue un encuentro más. Se trataba del primero después de que se conociera que la Fiscalía Anticorrupción de Murcia ve indicios de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021 de este organismo público.

Algunos de los consejeros de la APC allí presentes, como la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, pidieron la cabeza de la su presidenta, Yolanda Muñoz, el viernes pasado. 

Según ha podido saber esta Redacción, la dirigente del Partido Popular se vio obligada a retirar uno de los puntos del orden del día que hacía referencia a la «modificación del organigrama del personal no sometido a convenio colectivo de la APC» tras darse cuenta de que no iba a contar con los votos suficientes para aprobarlo. «La presidenta —Muñoz— pretendía realizar modificaciones subjetivas y dio marcha atrás porque no contaba ni con el visto bueno de los representantes de la Administración del Estado», afirmó Diego Zaplana, de CC OO. 

Tal y como explicó Isabel Rosique, presidenta del Comité de Empresa de la APC en un escrito dirigido a los miembros del Consejo de Administración de este organismo, la modificación del organigrama afecta de lleno al jefe de Recursos Humanos quien, precisamente, fue llamado a declarar como testigo en las diligencias policiales que se tramitaron ante la comisaría de Policía Nacional de Cartagena como consecuencia de la investigación por presunto amaño de contratos en el Puerto, «hecho que conoce perfectamente la presidencia y dirección de la APC, y que puede estar en la base del cambio laboral que figura en la propuesta del director».

Fuentes municipales desmienten una fractura en el Gobierno de Arroyo por la petición de dimisión de Castejón

Fuentes sindicales han indicado a La Opinión que desde la APC se fue llamando a todos aquellos trabajadores que hablaron con los agentes para conocer qué habían dicho. «El jefe de Recursos Humanos respondió que había contado la verdad», aseguran.

El Comité de Empresa denuncia que se pretenda eliminar el Departamento de Recursos Humanos, «alegando que no tiene carga de trabajo», y sustituirlo por un Departamento de Relaciones con la comunidad portuaria, que considera «vacío de contenido, sin definición de funciones ni perfil profesional». 

Los problemas para este empleado no acabarían ahí, ya que el Comité de Empresa apunta a que podría estar siendo objeto de «posible acoso laboral en el trabajo», ya que es testigo en un juicio planteado por una trabajadora de la Policía Portuaria en el que se denuncia la vulneración del derecho a la no discriminación por ser hija de un miembro del Comité de Empresa. Este caso también ha sido denunciado y está siendo investigado, «con conocimiento de la Dirección y la Presidencia de la APC, por lo que el cambio que se propone puede constituir una represalia frente al trabajador y una posible vulneración del derecho y la garantía de indemnidad».

"Situación insostenible»

Fuentes del Ayuntamiento de Cartagena aseguran que la «situación en el Puerto es insostenible» por la «mala relación» entre su directora con los representantes de los trabajadores. Este es el motivo, creen, de que busque un «chivo expiatorio» entre la plantilla de la APC.

Las mismas fuentes rechazan la posibilidad de una fractura en el Gobierno de Noelia Arroyo por la decisión de Ana Belén Castejón de pedir la dimisión de Muñoz. «Es una diferencia más, pero siguen trabajando como siempre. Hoy mismo (ayer), estaban preparando el Pleno del Jueves», comentan.

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