Los regantes vuelven a Madrid para librar la última batalla política por el Trasvase

La última batalla política por el Trasvase Tajo-Segura se librará mañana martes en Madrid ante la previsible aprobación de los planes hidrológicos de ambas cuencas en la reunión del Consejo de Ministros. Ante las puertas de la sede de la Presidencia del Gobierno central, en La Moncloa, se concentrarán cientos de regantes y organizaciones integradas en las Mesas del Agua de Murcia, Alicante y Almería para presionar contra la subida del caudal ecológico en el río Tajo, que de publicarse tal cual está escrito ahora se restarían este año hasta 32 hm3 como mínimo. A esta cifra habrá que sumar el agua que se detraiga del acueducto para abastecer a la población de más de 50 municipios de Castilla-La Mancha a través de la Tubería Manchega.

El Consejo de Estado sentencia que el plan del Tajo debe ser "compatible" con el Trasvase

El Sindicato Central de Regantes (Scrats) cerraba en la mañana de este lunes los últimos asuntos pendientes de la manifestación convocada desde las 10.00 horas y hasta las 16.00 en la capital. Las dudas que quedan por aclarar pasan por saber si el Ministerio para la Transición Ecológica hará caso del dictamen del Consejo de Estado, que pidió más "coordinación" entre los planes del Tajo y el Segura por la "afección" que podría sufrir el Trasvase. Las dos planificaciones no reflejan la "misma realidad" en base a las normas que regular la explotación del Trasvase. De seguir adelante con la subida progresiva del caudal en el Alto Tajo, la batalla pasará del escenario político al judicial, donde se presentarán recursos que deberá resolver el Tribunal Supremo.

Más allá de las respuestas jurídicas del sector agrícola del Levante español y los gobiernos autonómicos afectados, las reglas de explotación serán el siguiente objetivo que se revisará, como pidió el Consejo de Estado. El límite trasvasable para el nivel 4 en las presas de Entrepeñas y Buendía subirá, es decir, el Gobierno elevará la cifra de 400 hm3 (mínimo de reservas para enviar agua al Segura) para cumplir con la demanda del nuevo caudal ecológico entre Bolarque y Aranjuez. A partir de ahí se hará efectivo la rebaja del agua por el acueducto. El máximo órgano de consultas del Ejecutivo central advirtió que los caudales ecológicos y el Trasvase deben respetarse por el "interés general".

"Todos están llamados a la protesta", señalaba este lunes Lucas Jiménez, presidente del Scrats, que la pasada semana pedía "responsabilidad" al Gobierno de Pedro Sánchez. La cercanía con la anterior gran protesta de los regantes de Madrid invita a pensar que no se conseguirá la misma cifra de asistencia, pero las organizaciones en torno a la Mesa del Agua regional animan a asistir a todos los que puedan.

Desde el Scrats se lleva denunciando desde hace meses que la disminución de los aportes a las provincias de Murcia, Alicante y Almería será de 105 hm3, lo que supondría 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento. Así como que esta reducción de los volúmenes disponibles supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el levante español, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.

"Su responsabilidad afecta a millones de españoles"

El Consejo de Estado afirmaba que el Gobierno de España puede aprobar el real decreto, ya que fue avalado por unanimidad, pero «sin perjuicio de la conveniencia de considerar las observaciones formuladas en este dictamen» sobre el Trasvase, por lo que la decisión final está ahora en la mesa del Consejo de Ministros. El gabinete de Sánchez será quien refrende pasar de 6 m3/s de caudal ecológico a los 8,65 m3/s que defendía la ministra Teresa Ribera. Cuestiones que para el sindicato carecen de aval técnico, dado que todos los informes independientes consideran suficiente el caudal actual.

"Aún no hemos perdido esta batalla y desde el sindicato debemos seguir luchando para que nuestras voces lleguen hasta los despachos y se escuchen en la toma de decisiones. El Consejo de Ministros tiene la última palabra, y su responsabilidad afecta a millones de españoles cuyo futuro se desvanece y depende de aportaciones cuya reducción carece de justificación técnica y jurídica", señala el Scrats en un comunicado este lunes, "nos han sentenciado, sin dejarnos mediar palabra, y han obligado a nuestras voces a gritar desde el otro lado de la valla".