Puentes rotos. Ese era el resumen a última hora de la mañana del pulso entre el Gobierno de España y los regantes del Levante a cuenta del recorte del trasvase Tajo-Segura incluido en los planes de cuenca que el Consejo de Ministros debe aprobar este martes. Sin embargo, los ánimos han empezado a modularse esta tarde, cuando han comenzado a llegar desde Madrid indicios de la introducción de posibles cambios por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

Oficialmente, ni Moncloa ni el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera han dicho este lunes palabra alguna sobre este conflicto. Pero, según ha podido saber esta redacción, el Ejecutivo ha deslizado de manera discreta esta tarde que ha introducido modificaciones. La duda ahora es conocer el alcance de la variación del documento que el ministerio elevó al Consejo de Estado como paso previo a su aprobación en la reunión semanal del Gobierno.

Según los datos recabados, existen contactos de última hora entre la institución estatal y uno de los gobiernos autonómicos implicados, la Comunidad Valenciana, encaminados a reducir los caudales ecológicos del Tajo fijados por el ministerio.

El pesimismo de la mañana ha dado paso así a una confianza con cautela por la tarde, ya que el movimiento de Ribera es una pequeña victoria de las tesis de los regantes.

No obstante, sobre la mesa permanece la opción de acabar en un recurso judicial. Dependerá también de la actitud de los regantes de la Vega Baja y del resto de gobiernos autonómicos implicados en estos planes de cuenca: Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, principalmente. 

La pretensión del Ejecutivo valenciano, acorde con las demandas de los reganes murcianos, es la de volver al documento que el ministerio llevó al Consejo del Agua y que había consensuado con la Generalitat. Este incluía la famosa disposición adicional novena, la cual abría una puerta a modificar los caudales ecológicos del Tajo en 2026, en función del estado del río tras las obras de mejora que se han de realizar en su parte alta, en la Comunidad de Madrid.

Sin esa cláusula, los caudales ecológicos (el nivel mínimo de agua a partir del cual es posible trasvasar) quedan establecidos por el ministerio -sin opción de revisión- en 7 m3 por segundo desde Aranjuez a partir de 2023, 8 m3 en 2026 y 8,65 para 2027. Esos volúmenes son los que están en proceso ahora de negociación in extremis. Está por ver si se incluye alguna vía para revisarlos en 2026, que era lo acordado inicialmente con la Generalitat. 

Precisamente, el dictamen del Consejo de Estado la semana pasada reforzó la posición de los representantes autonómicos y elevó su confianza para abrir una última vía de diálogo con el ministerio. Ha funcionado, pero la duda es el alcance.