Medio Ambiente

Las quemas agrícolas se reactivan en la Región entre dudas sobre su legalidad

La nueva Ley de la PAC exime de autorización a pequeñas y microexplotaciones agrarias para incinerar restos vegetales, mientras que la norma regional sigue prohibiendo esta práctica

Una finca agrícola en Murcia con agujeros en la tierra para quemar restos de podas.

Una finca agrícola en Murcia con agujeros en la tierra para quemar restos de podas. / @REGMURCIALIMPIA

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Días de confusión en el campo murciano tras la entrada en vigor de la nueva ley estatal de la PAC (Política Agraria Común), que más allá de entrar a regular el reparto de los fondos europeos en el sector primario abre la puerta a las quemas agrícolas sin autorización en pequeñas y microexplotaciones agrarias.

La norma está en vigor desde el 2 de enero y viene a derogar la prohibición general que existía desde que el Gobierno central lo dejó por escrito en la reciente Ley de Residuos, que sólo permitía dar el visto bueno a una quema si había riesgo de generar plagas en una finca o cosecha.

Las quemas agrícolas es una actividad hasta ahora muy extendida en otras comunidades donde la presencia de la agricultura es importante, sobre todo en el arco mediterráneo, pero la Región acumulaba unos años de importantes restricciones y regulaciones en lo referente a la incineración de restos vegetales y en la búsqueda de alternativas.

El objetivo ha sido hasta ahora proteger la buena calidad del aire y la salud humana. Incluso, tras la aprobación de la Ley de Residuos, la Consejería de Agricultura sacó adelante el decreto ley que fijaba un reglamento por el que el agricultor debía solicitar autorización y presentar un informe técnico para justificar el riesgo fitosanitario. Ahora, con la nueva Ley de la PAC, que enmienda a la que regulaba la gestión de residuos en el campo, en la práctica las quemas agrícolas estarían permitidas en las explotaciones de menos de 50 trabajadores y que facturen menos de 10 millones de euros.

Es decir, estas condiciones afectarían a una mínima parte de las grandes explotaciones murcianas, por lo que la práctica totalidad de los agricultores podrían incinerar sus restos de podas sin pedir el visto bueno de la administración, según han apuntado varias organizaciones agrarias a nivel nacional. En la Región, entidades como UPA Murcia remarcan además que la Consejería de Agricultura deberá modificar su decreto, vía Asamblea Regional, para adaptarse a lo que indica la nueva normativa estatal sobre este tema.

A preguntas de esta redacción, el departamento de Antonio Luengo no ha aclarado si su reglamento, que lleva funcionando casi dos meses, quedará en papel mojado. Pese a todo, las quemas agrícolas se han reactivado en la Región, sobre todo en zonas de huerta tradicional, tal y como confirman a esta periódico agricultores de municipios de Murcia, el Valle de Ricote o la Vega Alta, como también Ecologistas en Acción.

Son los productores de estas zonas, propietarios de terrenos pequeños, quienes se verían beneficiados del levantamiento del veto, señala Antonio Moreno, de UPA Murcia. También, añade, quienes deciden arrancar sus plantaciones para apostar por otras cosechas, sobre todo en cultivos de secano. Ahora, remarca el representante agrícola, «los ayuntamientos podrán seguir teniendo la potestad el lugar donde estará permitido una quema si esta afecta a la calidad del aire del municipio».

Esto se realizaría mediante ordenanzas municipales para establecer «mecanismos de protección de la salud de los vecinos». Pese a todo, Moreno pide a los agricultores que eviten quemar hasta que la Consejería de Agricultura no aclare cómo resolverá la regulación de las quemas agrícolas. «De esta forma se pueden ahorrar posibles sanciones. Ahora mismo hay inseguridad». Y es que la Policía Local de Murcia sigue sancionando estos días las quemas agrícolas detectadas y que carecen de autorización por riesgo fitosanitario. Desde comienzos de año los agentes han puesto ya varias sanciones.

Advertencia sanitaria

José Antonio Herrera, coordinador de Ecologistas en Acción en la Vega Alta y el Valle de Ricote, subraya que «hasta que no se aclare la cuestión de cómo afecta la normativa nacional al nuevo decreto regional, entre los agricultores existe la sensación de que se puede quemar». Herrera señala que esta práctica podrían retomarla pequeños productores sin apenas medios para buscar alternativas como el triturado de podas, pero que las grandes explotaciones que cumplen con los requisitos de la Ley nacional ya han realizado «importantes inversiones en sus fincas para evitar las quemas y apostar por otras opciones». Algo que cree que mantendrán.

El representante de Ecologistas pide a los productores priorizar la protección del medio ambiente, la calidad del aire y la salud de las personas, y más tras las advertencias de los médicos que alertan en los últimos días de mayores complicaciones respiratorias y más ingresos hospitalarios por la contaminación, entre otros factores, producida por las quemas agrícolas. «No se valora el efecto acumulativo de muchas pequeñas explotaciones quemando restos vegetales. No podemos dejar de lado la salud pública», defiende el ecologista.

Un «engorro»

La regulación regional, para el secretario de Agricultura de UPA Murcia, supone «un engorro para pequeños agricultores». Los huertanos tradicionales de zonas como el valle de Murcia o la Vega Media habían denunciado la imposibilidad de tratar estos desechos vegetales por la dificultad de acceder a las parcelas con máquinas trituradoras o recoger las podas para trasladarlas a un punto limpio. Municipios como Murcia, Lorca o Caravaca de la Cruz habían implantado servicios de recogida o un recinto donde los agricultores puedan depositar los restos vegetales.

Asociaciones como Stop Quemas llevan denunciando en los últimos días las continuas quemas que se producen en el entorno de la ciudad capitalina y vinculan estas prácticas a los altos niveles de contaminación que sufre Murcia estos primeros días del año. En las redes sociales, los vecinos del municipio también han protestado por esta actividad. La Consejería señalaba en el decreto que convalidó la Asamblea en diciembre que la práctica continuada del triturado, «año tras año», no facilita «el proceso de descomposición» de los restos vegetales y ocasiona una acumulación de los mismos que bloquea la agricultura en dichas fincas. Esta situación «incrementa» el número el uso de insecticidas y otros productos químicos.

La Consejería alertó de más enfermedades fúngicas en cultivos

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Murcia argumentó en su reglamento que el cambio climático, que deriva en fuertes sequías y lluvias intensas en periodos cada vez más imprevisibles, junto con la prohibición de un número «considerable» de plaguicidas, conlleva un «incremento de la incidencia de determinadas plagas y enfermedades en los cultivos, el aumento del desperdicio alimentario y en consecuencia, del volumen de biomasa generada en las labores de saneamiento de las plantaciones».

Alertó además de que las lluvias torrenciales de los últimos años en la Región han propiciado más enfermedades fúngicas tanto en los cultivos de secano como regadío, como ocurrió en primavera. Otros motivos que expone Agricultura es la dificultad de triturar con máquinas los restos en pequeñas parcelas inaccesibles, como han denunciado agricultores de la huerta de Murcia o el Valle de Ricote.

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Desde el pasado 2 de enero está en vigor la nueva Ley de la PAC, que en su artículo 27 deroga la prohibición total que existía sobre las quemas agrícolas en la Ley de Residuos. La norma menciona que, «con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola».

Sin embargo, a partir de aquí se ciñe a la directiva europea relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, y en concreto al apartado que justifica que las medidas que se tomen para mejorar la calidad del aire no deben repercutir negativamente en las explotaciones agrícolas pequeñas. En el texto de la normativa comunitaria se pide que «se limiten en la mayor medida posible los costes adicionales» a estos agricultores.

Por ello, el nuevo articulado señala que «las pequeñas y las microexplotaciones agrarias quedan dispensadas de esta regulación». Una de las dudas que suscita el texto, sobre todo a la hora de ver cómo regulan las comunidades el tema de las quemas, es el siguiente párrafo: «No obstante, [...], solo podrá permitirse la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola cuando cuenten con la correspondiente autorización del órgano competente de las Comunidades Autónomas, bien por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, bien con el objeto de prevenir los incendios».

Esta enmienda fue propuesta para la Ley de la PAC por el partido nacionalista catalán PDeCAT.