Ribera insiste y niega los cambios que se realizaron en el decreto del Trasvase

Y en el centro de todo estaba Emiliano García-Page. 24 horas después de clamar en Madrid contra el recorte al Trasvase Tajo-Segura, los contactos políticos que se produjeron después para intentar calmar la guerra política entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha dejaron una revelación importante, no tanto por su novedad como por quién la dio.

Horas después de la gran protesta de los regantes del Levante en la capital, la consejera de Agricultura valenciana, Isaura Navarro, se reunía con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para mantener los puentes del diálogo con el Gobierno central y resolver el problema del agua que está quemando a los socialistas a pocos meses de las elecciones de mayo.

La novedad es que, según aseguró la consejera tras el encuentro con Morán, el secretario de Estado le reconoció que el Gobierno modificó el texto al que Valencia dio su apoyo pero Murcia no en el Consejo Nacional del Agua, un extremo que el Ministerio ha negado repetidamente en los últimos días, como ayer mismo hizo la ministra Teresa Ribera. Según añadió Navarro, el texto original sí que incluía la disposición adicional novena, pero fue modificado tras las reclamaciones de Castilla-La Mancha. Su presidente García-Page amenazó con votar en contra del plan hidrológico del Tajo si no se cumplía la subida máxima del caudal ecológico en 2027.

Incorporar modificaciones

La vicepresidenta insistió de nuevo este jueves en que el documento no se ha cambiado. «Lo voy a repetir por enésima vez. El documento que hemos mandado al Consejo de Estado es el que fue respaldado mayoritariamente por el Consejo Nacional del Agua y aquí cada comunidad autónoma, cada sector ha tenido ocasión durante tres años de aportar sus ideas», aseguraba Ribera. Sin embargo, los documentos que se aprobaron en el Consejo del Agua y el que se llevó al órgano consultivo del Gobierno no son los mismos, ya que desaparece la cláusula que permitía frenar la subida del caudal ecológico en el Tajo en 2026.

La consejera Navarro aprovechó el cara a cara con Morán para dejar patente el «malestar» del Gobierno valenciano ante estos «cambios introducidos (al borrador del decreto del Trasvase Tajo-Segura) que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua» a través de la disposición adicional novena así como evidenciar que la intención del Ejecutivo valenciano es «volver al consenso» con el Estado y las autonomías sobre el agua.

A consultas de esta redacción, Transición Ecológica no aclaró este jueves si el texto por el que el Consejo de Estado tiene que emitir un dictamen el próximo 19 de enero se ha modificado, pero remarcan que durante el trámite y hasta la aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, « los planes van incorporando mejoras mediante las modificaciones sucesivas». Tanto para la consejera valenciana como para los regantes, el decreto «no es lo acordado, es otro texto», y la demanda es volver a la versión original.

«Ha habido un cambio por parte del Gobierno central, que tiene su derecho a cambiar, pero nosotros también a discrepar», señaló ayer el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, «el Ministerio planteó un documento en el que estamos de acuerdo que dice que se actualizará en el año 2025 en función de cómo esté el Tajo en ese momento», una cláusula que desapareció más tarde.

Mirar las consecuencias

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, pidió este jueves por su parte al Gobierno de España que haga un «ejercicio de reflexión» para calcular lo que supondrá a nivel económico, social y medioambiental el recorte de las aportaciones del trasvase del Tajo al Segura, y se ha mostrado convencido de que, si se hace ese análisis, no se puede apoyar el recorte.

«Para ser conscientes de la importancia de la realidad de la infraestructura más solidaria y que más ha aportado a España, todos deberíamos hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que supone el trasvase en nuestro ámbito», dijo, e indicó que es algo que ya se ha hecho en la comunidad autónoma de Murcia.

De dejar de recibir agua del Tajo, señaló, se perderían de manera automática más de 25.000 puestos de trabajo directos y hasta 100.000 indirectos, con un fuerte impacto social y económico en todos los sectores, no solo en la agricultura, sino también en numerosas industrias que la abastecen o el transporte, por poner algunos ejemplos.

La consejera de Agua de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, aseguró que «no hay un plan B» en estos momentos que permita sustituir al trasvase del Tajo-Segura y ha pedido al Gobierno que «rectifique» el recorte previsto porque pone «en jaque a uno de los sectores más importantes».

La guerra del agua se libra entre las regiones con peor financiación

Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla La-Mancha, las comunidades implicadas en la guerra del agua, figuran entre las menos competitivas y las más perjudicadas por el sistema de financiación autonómica. Estas cuatro autonomías están entre las que puntúan peor en entorno económico, mercado de trabajo, capital humano, entorno institucional, infraestructuras básicas, eficiencia empresarial e innovación, según el Colegio General de Economistas.

Además, son las cuatro que menor financiación recibieron en 2021 (y en años anteriores) del régimen común derivado del Sistema de Financiación (SFA), según el cálculo efectuado en euros por habitante y ajustado en términos homogéneos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Junto a ello, tres de ellas (en esto no incurre Andalucía) figuran entre las más endeudadas de entre las autonomías españolas en relación con su PIB, también según la AIREF.

«En el Levante, sin trasvase, desierto y paro», rezaban las pancartas de la manifestación que el miércoles desarrollaron miles de personas, junto a medio centenar de tractores y camiones, frente al citado Ministerio. Comarcas agrícolas como la Vega Baja alicantina, el campo de Lorca murciano o determinadas zonas de la provincia de Almería reivindican el agua del Tajo en Castilla La Mancha, que el nuevo Plan Hidrológico de esa cuenca planteado por el Ministerio de Transición Ecológica quiere limitar.

El Gobierno prevé aumentar el caudal ecológico del Tajo o, lo que es lo mismo, reducir el agua trasvasada en una norma que debe ser informada por el Consejo de Estado en próximos días. Y ha desatado una confrontación territorial con las próximas elecciones municipales y autonómicas como telón de fondo, pero con unos bandos políticos transversales a la división partidista.

El Ejecutivo del socialista valenciano Ximo Puig ha pedido al Consejo de Estado un informe negativo sobre la norma que regula el trasvase. El socialista castellano-manchego García Page también ha hecho alegaciones, pero en sentido contrario. Y los populares de Andalucía y Murcia están alineados contra el Gobierno central.

A pesar de todo, no resulta imposible encontrar un patrón común a todos los implicados: según el Colegio General de Economistas, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía integran, junto a Baleares, Canarias y Extremadura, el grupo de las autonomías de peor nivel competitivo. Todas están en el nivel bajo, desde hace años y con pocas perspectivas de mejorar, a juzgar por la evolución de los indicadores tenidos en cuenta en el Informe de la Competitividad Regional de España que se viene publicando en el último lustro.

La AIREF también tiene un Observatorio de Información Económico Financiera de las Comunidades Autónomas. Pues bien: Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía son, por este orden, las que menos financiación per cápita reciben del Sistema de Financiación Autonómica de régimen común. Junto a ello, cabe reseñar que la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana son las que han incurrido en un mayor déficit en 2021 y son también, con Castilla-La Mancha y Cataluña las más endeudadas, siempre según las tablas comparativas de la Airef.