Agricultores y empresarios rechazan los recortes

Los representantes de las organizaciones agrarias y de las patronales reclaman al Ministerio el mantenimiento del acuerdo que permitía amortiguar el recorte a los caudales del Tajo al mejorar la depuración de las aguas residuales que van al cauce. Los dirigentes que estuvieron presentes en la concentración frente al Ministerio niegan que haya «una guerra del agua» y recuerdan que el caudal es necesario. La representación empresarial estaba integrada por miembros de las cooperativas, de las comunidades de regantes y de las organizaciones que integran la Mesa del Agua, que preside José Garía Gómez.

El presidente nacional de COAG, el murciano Miguel Padilla, no ve «razonable crear un enfrentamiento por el agua sin sentarse a hablar, no tiene sentido». El dirigente nacional de la coordinadora agraria señala que en el Sureste español se necesitan todos los recursos hídricos disponibles ahora mismo. «Han usado las sentencias sobre el caudal ecológico para crear una situación de discrepancias», señala, al tiempo que pide «evitar una guerra» y «llegar al entendimiento».

«Solo pedimos que reconsidere la situación», defiende el presidente de la Fedederación de Cooperativas Agrarias de la Región (Fecoam), Santiago Martínez Gabaldón, al destacar el impacto que tendría para estas sociedades el Plan Hidrológico del Tajo. Recuerda que «el 50% de la producción de una cooperativa en la Región depende de las hectáreas en producción regadas por el Trasvase» y advierte de que «habría un efecto dominó, con abandono de socios en las empresas por falta de rentabilidad y unos gastos fijos imposibles de aguantar», lo que abocaría «al cierre progresivo».

Para el presidente de la patronal de Lorca Ceclor, Juan Jódar, «ha llegado el momento de poner el pie en pared para reclamar lo que es necesario para nuestra forma de vida. Se ha tomado una decisión sin criterio técnico que significa atacar a nuestra línea de flotación». Pide una postura clara del resto de partidos del país y abandonar el enfrentamiento político territorial para considerarlo un asunto de relevancia nacional. «Se tiene que tomar una decisión en el Consejo de Ministros, habrá que escuchar qué opina el resto de formaciones antes», dice. Resalta que la afección del recorte del trasvase sería de unos 45 millones de euros en el PIB en la comarca y 1.500 empleos directos, a los que hay que sumar la industria que también se vería afectada, por ejemplo la manufacturera, o la del transporte.

La situación actual del campo regional «es difícil» y a esto se suma «una gran incertidumbre por el tema del agua», asegura Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA. Moreno se muestra satisfecho por el movimiento conseguido este miércoles en Madrid y cree que se puede «lanzar un mensaje» al Ministerio por parte de los políticos y vecinos de la Región para «dejar claro que debemos seguir trabajando, tenemos que unir fuerzas, porque, si no, nunca saldremos del problema».

«No hay una guerra del agua» para el dirigente de la patronal de las empresas exportadoras del campo, Proexport. Solo hace falta una cosa para lograr un equilibrio : «Gobernantes responsables y con sentido de Estado. No hay una guerra de territorios, hay incompetencia en quienes nos gobiernan y deseo de enfrentamiento», sostiene. Frente a lo que tacha como intereses electorales, pide dejar en manos de los agricultores de cada comunidad las negociaciones en torno a los recursos hídricos para solucionar los problemas «en cinco minutos».

José María Tortosa, presidente de Amefmur, considera que la protesta contra el recorte de los caudales del Tajo «era muy necesaria» y apunta que la respuesta ha sido «muy positiva». Recuerda que «el agua es tan necesaria como comer», pero «había un compromiso y se ha incumplido».

José Rosique, secretario general de la Croem, se muestra pesimista tras ver truncado el acuerdo que el Ministerio llevó al Consejo Nacional del Agua y se lamenta de que «la ministra no nos va a hacer ni puñetero caso. Tenemos la convicción de que Teresa Ribera no va a hacer ni caso a la Región», a pesar de la contundencia de la protesta celebrada ayer. Rosique señala que el recorte al Trasvase que el Ministerio ha enviado al Consejo de Estado, en el que vuelve a contemplarse el caudal ecológico del Tajo exigido por Castilla-La Mancha, causará «pérdidas de puestos de trabajo y de riqueza, no solo en la agricultura, sino en toda la economía regional». Destaca que la reducción del agua para riego también repercutirá en sectores como el transporte.