Las nuevas autorizaciones exprés a las macroplantas solares elevan la tensión en la Región de Murcia

Las nuevas facilidades para agilizar los trámites de los grandes proyectos para la producción de energía renovable en España han dejado un reguero de críticas al Gobierno central desde que fueron aprobadas a finales del pasado mes. El Ministerio para la Transición Ecológica, amparándose en las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, exime desde este mes a los nuevos parques solares o eólicos de pasar por una evaluación de impacto ambiental, una medida que supone el «desmantelamiento» del marco jurídico y técnico que aseguraba la protección de la naturaleza frente a las afecciones de las macroplantas.

Esta nueva rebaja ambiental, que amplía las exenciones que el Ejecutivo central aprobó en marzo de 2022 para estos proyectos, supone «un agravio comparativo» entre los grandes promotores y otras plantas de menor envergadura y producción, promovidas por pequeñas y medianas empresas, que sí deberán pasar por los correspondientes trámites ambientales a través de la Comunidad si no superan los 50 megavatios. La denuncia la realiza la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA), cuyo delegado en la Región de Murcia, Emilio Díez de Revenga, añade además que hasta ahora la flexibilidad de las políticas en materia ambiental con los proyectos de las renovables han sido un «fracaso».

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Para justificarlo, se ciñe a los datos de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio. De los 89 proyectos de energía renovable que se acogieron a los procedimientos ambientales exprés entre marzo y noviembre del pasado año, sólo una quinta parte (algo mas del 20%, 19 proyectos) se beneficiaron de esta medida, mientras que el resto o bien desistieron voluntariamente, no cumplían las condiciones (potencia, ubicación, etc.), o porque se decidió que se sometieran a una evaluación de impacto ambiental.

Y es que Díez de Revenga apunta a que las nuevas rebajas del Ministerio en materia ambiental crearán más «inseguridad jurídica» en las empresas de energía limpia: «Han generado desconfianza en el sector, ya que hay expertos en trámites ambientales que dudan que estas exenciones sean constitucionales». Incluso, apunta, hay grandes promotores que piden pasar este procedimiento de evaluación pese a no tener la obligación por el temor a que entidades u organizaciones, como los ecologistas, puedan tumbar sus proyectos en los tribunales.

Espacios Red Natura 2000

Pese a ello, existe la seguridad de que estas rebajas atraerán la construcción de grandes plantas solares en la Comunidad, impulsadas por fondos de inversión extranjeros. Desde la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE), el biólogo Jorge Sánchez señala que este «desmontaje de la tramitación ambiental» supondrá un «varapalo» para las especies protegidas. El Ministerio no permite construir plantas en espacios de Red Natura 2000 (máxima protección ambiental), pero «no medirá los impactos que tendrían estas plantas en los alrededores de áreas protegidas». El riesgo también se encuentra en que las promotoras amplíen el tamaño de sus plantas o la producción para que la tramitación se beneficie de las facilidades dadas por el Ejecutivo central.

En la Región de Murcia, hasta ahora, hay en tramitación una veintena de proyectos que dependen del Ministerio al superar los 50 MW. Las nuevas medidas no les afectarán, apuntan fuentes de la Delegación del Gobierno: «Los proyectos que se han tramitado por la Dirección General de Política Energética y Minas y que se encuentran pendientes de obtener sus correspondientes autorizaciones (Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa Previa o de Construcción) continuarán rigiéndose por la normativa anterior».

Para la asociación nacional AEEIA, «el ahorro temporal que se persigue nunca debe sustentarse en una relajación de las exigencias medioambientales cuyas nefastas consecuencias, a nivel territorial y social, lastrarán nuestro desarrollo y el de generaciones venideras». Desde ahora tampoco existirá una fase de información pública ni de consultas, los estudios ambientales únicamente dependerán del promotor y el Gobierno deja a las comunidades diez días de plazo para alegar contra algún proyecto. Si no, se aplicará el silencio administrativo positivo. «Esto ocurrirá en la mayoría de los casos porque es materialmente imposible cumplir el plazo otorgado de respuesta».