Medio Ambiente

Cerdá se enfrentará a un juicio diferente al de los agricultores por la contaminación del Mar Menor

La Audiencia decide separar en dos piezas la causa principal del caso Topillo tras aceptar el recurso de dos investigados por la degradación de la laguna

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

La causa principal que ha investigado la degradación del Mar Menor ha quedado dividida en dos piezas. La Audiencia Provincial de Murcia ha acordado separar el procedimiento judicial, conocido como caso Topillo, que ha indagado durante los últimos años en los vertidos contaminantes por el uso de desalobradoras ilegales sin autorización por parte de 37 agricultores o empresas del Campo de Cartagena. Todos estos acusados, a los que se suman el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Manuel Aldeguer, estaban a la espera de conocer la fecha del juicio.

Sin embargo, los magristrados de la Sección 3 de la Audiencia han dado la razón de forma parcial a los recursos de apelación interpuestos por uno de los investigados y una mercantil, por lo que los responsables políticos señalados en la causa se sentarán en el banquillo en un juicio diferente al de los agricultores. Ambos recurrentes fueron en contra del auto del juez instructor del caso, Ángel Garrote, que consideró que debía ser este órgano judicial quien investigara los posibles delitos. La Audiencia ya decidió hace un año desmembrar la segunda pieza del caso Topillo en 39 causas, una por cada empresa investigada, que están en manos de los juzgados de Cartagena, San Javier y Murcia.

Los magristrados consideran oportuno, a la hora de agilizar el enjuiciamiento de los presuntos responsables de la degradación, dividir la causa en función de los delitos por los que son acusados tantos los ex altos cargos de la Comunidad y la CHS como las firmas agrícolas. Y es que Cerdá y Aldeguer están a un paso del banquillo por un delito por prevaricación ambiental, que podría acarrearles un año y nueve meses de prisión, como pide la Fiscalía, por no realizar las inspecciones obligatorias que debían evitar la contaminación de la laguna.

La Audiencia sostiene que los procesos penales deben realizarse bajo el principio de "un delito, una causa". Este caso no será la excepción de la regla, y para ello los magistrados alegan que formar piezas separadas resulta "conveniente para simplificar y activar el procedimiento cuando existan elementos para hacerlo con independencia y para juzgar a cada uno de los encausados". En un juicio defierente, 37 agricultores y empresas serán juzgados por un delito contra el medio ambiente al excavar pozos e instalar desaladoras sin la autorización preceptiva eliminado posteriormente el sobrante, cargado de nitratos, por canalizaciones no previstas para ello, recuerda el nuevo auto.

De esta forma, los jueces determinan que, en este caso, “nos encontramos ante dos realidades que, si bien se han podido producir en paralelo, deben ser enjuiciadas de forma independiente”, ya que los delitos carecen de conexión entre sí. Por otro lado, los magistrados sí han desestimado el resto de los motivos alegados por los recurrentes: "falta de competencia, vulneración de los derechos de defensa o incongruencia omisiva".

Esta decisión de la Audiencia ya fue advertida, como avanzó este periódico, por el fiscal jefe de la Región de Murcia, José Luiz Díaz Manzanera, quien recordó que la fragmentación de la segunda pieza del Topillo podía volver "más compleja" la causa. Manzanera señaló a finales de 2022 que deberá conocerse en un corto plazo de tiempo la fecha del juicio para estos primeros investigados.

No hubo vulneración de Garrote

La Audiencia recuerda en la resolución que esta cuestión ya fue analizada por esta Sala en diciembre de 2021, en un auto en el que concluía que “no se aprecia vulneración alguna del juez ordinario predeterminado por la ley; no obstante, se insiste, en cualquier momento puede dejarse sin efecto, ya en fase de instrucción, ya en la fase intermedia y de enjuiciamiento, esa unidad de actuación procesal y dividirse la causa para una mejor y más ágil tramitación procesal, incluido su enjuiciamiento”.

En aquel momento, la instrucción ya había concluido y se había dictado auto de transformación a procedimiento abreviado. Dos meses después, en febrero de 2022, el magistrado titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, abrió juicio oral por delitos contra el medio ambiente contra empresarios, administradores o encargados de 37 empresas agrícolas, por vertidos contaminantes al Mar Menor procedentes del uso de desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena, y contra el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá y el ex comisario de Aguas, Manuel Aldeguer por prevaricación ambiental al omitir la vigilancia de esta actividad agrícola. 

Segundo recurso

En un segundo auto, la Sala desestima el recurso planteado por la representación del exconsejero Cerdá negando la existencia del delito de prevaricación objeto de imputación y destacando “las numerosas actuaciones que el apelante ha llevado a cabo para la protección del Mar Menor, a saber: catalogación ambiental; desarrollo de instrumentos jurídicos para la coordinación entre distintas administraciones; impulso de planes, normas e instrumentos financieros que dieran cobertura a las acciones, regulaciones y proyectos necesarios para el logro de mecanismos de conservación y recuperación”.

Los magistrados subrayan que “los indicios que identifica la resolución recurrida, y que existen contra el apelante, en el sentido antes transcrito, aconsejan que avance la fase intermedia”. Por un lado, por cuanto considera que el recurrente, en su calidad de consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, “era la máxima y única autoridad con competencia para fijar un sistema de control efectivo de las medidas establecidas en los programas de actuación, que pudo y debió concretar en esas normas”. Y, por otro lado, “indica los indicios de que dicha omisión pudo ser deliberada”, aludiendo a la ausencia de controles o inspecciones, concluyen.

Contra estas resoluciones no cabe recurso y, por tanto, ambas piezas continuarán su tramitación en el órgano competente para la fase procesal en la que se encuentra.