Los colegios murcianos harán pruebas desde los 5 años para detectar problemas de aprendizaje

Los colegios de la Región de Murcia deberán llevar a cabo cribados entre su alumnado desde el último curso de Educación Infantil (cinco años) para detectar y actuar sobre problemas de aprendizaje que estén presentes en los niños. La Consejería de Educación ha enviado un nuevo protocolo a los centros educativos para coordinar entre los equipos docentes la identificación temprana de algún tipo de necesidad especial que presenten los estudiantes y poder valorar así qué recursos necesita y qué personal debe intervenir.

Este nuevo programa de actuación para las dos etapas que se cursan en los colegios (Infantil y Primaria) se extenderá también hasta la Secundaria. El protocolo estrenado por los centros se engloba dentro del futuro Plan de Inclusión Educativo (PIE) que la Consejería presentará a principios de enero.

Esta línea de intervención viene marcada por la nueva ley educativa Lomloe, que obliga a garantizar una «educación inclusiva» para los menores con problemas de aprendizaje. «La atención integral al alumnado [...] se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión», explica la Consejería en el protocolo.

Este plan comenzará este mismo curso y tendrá una transición de tres años. Los alumnos de cinco años serán los primeros en pasar por una «evaluación de habilidades básicas preinstrumentales así como de indicadores de posible dificultad en el aprendizaje».

Cuestionario

Los responsables serán directamente los tutores y el equipo docente, que deberá planificar qué medidas pueden favorecer el proceso de enseñanza incluyendo en la tarea a las familias: «Los responsables de la evaluación serán los tutores y los maestros de apoyo a la Educación Infantil, así como los maestros especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje que intervengan en esta etapa educativa».

Los equipos de orientación y psicopedagogía realizarán «una intervención indirecta» para asesorar, planificar y colaborar con los docentes. Estos deberán rellenar un informe que pregunta, entre otras cosas, por el ritmo al que adquiere los conocimientos el pequeño, si tiene dificultades para seguir las tareas, no habla bien, hay falta de interacción, torpeza a la hora de moverse o caminar, impulsividad o si se desorienta.

Los tutores deberán también conocer el contexto familiar: no hay pautas de comportamiento, ausencia de límites al niño, poca dedicación al menor, sobreprotección, condiciones higiénicas insuficientes o choques entre los padres para acordar una forma concreta de educar al hijo. Una vez analizados los resultados, se planificará «la respuesta educativa en base a programas específicos para trabajar en el aula». Además, se podrá realizar una «evaluación psicopedagógica para aquellos alumnos que muestren resultados negativos».

Dicho programa tendrá su continuidad por los equipos docentes durante los cursos de 1º y 2º de Educación Primaria. En 3º, durante el primer trimestre se realizará una prueba para aquellos alumnos que hayan tenido que ser derivados para una evaluación psicopedagógica, así como los niños sobre los que se actuó de forma preventiva en cursos pasados. «La prueba que se aplicará evaluará las diferentes capacidades cognitivas».

Para estos alumnos se realizará un informe para destacar las necesidades detectadas durante el transcurso de las clases: fallos en el desarrollo cognitivo, social, comunicativo, motor, sensorial o funciones ejecutivas.

Los alumnos de 1º de la ESO realizarán un cuestionario para detectar otros posibles problemas aparecidos en la entrada a la etapa preadolescente.

Intervención

Esta detección temprana conducirá a la planificación de una respuesta educativa en base a «programas específicos para trabajar en el aula y poder ofrecer una respuesta educativa lo más ajustada posible a las necesidades del alumnado». Por último, el protocolo recoge la posibilidad de derivar al alumno hacia una evaluación psicopedagógica que deben seguir todos los centros «cuando todas las medidas ordinarias hayan fracasado, así como cuando los resultados de los alumnos sean negativos».

Serán los orientadores del centro quienes aprueben los pasos que deben darse con un alumno si necesita un análisis más exhaustivo para conocer sus necesidades. Los padres deberán estar informados por parte del equipo directivo, docente y los servicios de orientación para que aprueben la intervención acordada.

Cada trimestre, el tutor convocará al equipo docente y el equipo de apoyo a la diversidad para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas y su respectiva evaluación.

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