Tres vocales del Consejo de la Transparencia denuncian a López Miras por el nombramiento de Juana Pérez

Tres vocales del Consejo de la Transparencia (CTRM) han presentado una denuncia por prevaricación contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López, Miras, al considerar ilegal el nombramiento de Juana Pérez como presidenta suplente del órgano encargado de velar por el buen gobierno en la Administración regional.

La denuncia presentada en los juzgados va dirigida también contra la propia Juana Pérez, que preside la asociación de consumidores Thader Consumo y forma parte del Consejo de la Transparencia en representación del Consejo Económico y Social (CES); contra el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y contra los cinco miembros del Consejo de la Transparencia que votaron a favor del nombramiento de la nueva presidenta.

Juana Pérez ha ocupado en calidad de suplente el puesto vacante desde que el Gobierno regional aceptó la renuncia de Julián Pérez-Templado, el último presidente que fue elegido por la Asamblea Regional de acuerdo con el procedimiento que marca la normativa legal.

La Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región establece que el presidente del Consejo será nombrado por el Consejo de Gobierno y que su designación corresponderá a la Asamblea Regional entre los candidatos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios. El candidato designado deberá obtener una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea en una primera votación o mayoría absoluta en una segunda votación.

Los denunciantes responsabilizan a los presidentes del Ejecutivo regional y del Parlamento autonómico de haber eludido esta obligación, a pesar de que Pérez-Templado había presentado su renuncia el pasado mes de junio.

Consideran que han incurrido en "conductas omisivas", dado que en vez de proponer un candidato para que lo vote la Asamblea Regional han elegido a Juana Pérez como presidenta suplente al ser la integrante del Consejo de la Transparencia más antigua. La elección se produjo el pasado 20 de diciembre, después de un intento fallido en noviembre por falta de cuórum.

Los denunciantes acusan de prevaricación a los presidentes de la Comunidad y de la Asamblea por el "nombramiento ilegal" de la presidenta.

También acusan al director general de Modernización y Simplificación Administrativa, José David Hernández González, que es miembro del Consejo y ha justificado el nombramiento de aduciendo que mientras esté vacante la presidencia no se pueden gestionar facturas y gastos como el de las nóminas de los funcionarios, por lo que este órgano no resulta operativo.

Argumentan que "la omisión del procedimiento establecido para el nombramiento del presidente de CTRM por los cauces establecidos en la Ley 12/2014 de 16 de diciembre de transparencia y participación ciudadana de la Región de Murcia supone un claro fraude de ley, atentando contra el procedimiento democrático y dando lugar a sospechas de intereses espurios por el control de la institución sin pasar por el debido trámite legal previsto".

Los otros miembros del CTRM incluidos en la denuncia son Miriam Guardiola, diputada del PP; Francisco Álvarez, parlamentario regional del grupo de los expulsados de Ciudadanos; Carlos Abad, decano del Colegio de Ciencias Políticas; y Dolores Sánchez Alarcón, directora general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda.