El Tribunal de Cuentas vuelve a alertar de deudas en el SMS y en la desaladora de Escombreras

El Tribunal de Cuentas ha vuelto a advertir, tras revisar la contabilidad general de la comunidad murciana de 2020, de los problemas sobre los que viene advirtiendo sucesiva y reiteradamente en los últimos años con el déficit acumulado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y la situación financiera de la desalinizadora de Escombreras. En un informe hecho público este jueves, ambas empresas regionales vuelven a ser señaladas con «riesgos e incertidumbres en su sostenibilidad económica y prudencia financiera».

El Gobierno murciano presentó al órgano fiscalizador un remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020 con un saldo positivo de 940 millones de euros «que no refleja la verdadera situación financiera a corto plazo de la administración autonómica».

Y es que «está sobrevalorado en al menos 2.376 millones de euros, como consecuencia principalmente de la falta de registro de obligaciones por transferencias para cubrir el déficit acumulado del SMS tanto en el presupuesto corriente como en el cerrado, por lo que el remanente de tesorería pasaría a presentar un saldo negativo de 1.436 millones», indica.

El Gobierno regional presentó un informe que «no refleja su verdadera situación financiera a corto plazo», explican

Las aportaciones del Gobierno murciano al SMS en 2020, 1.947 millones, fueron «insuficientes en 426 para cubrir las pérdidas generadas en el año, con lo que el déficit total acumulado al final de ese ejercicio es de 2.375 millones. Entre sus recomendaciones al Ejecutivo autonómico, le vuelve a pedir «ajustar y adaptar las dotaciones presupuestarias del SMS a las necesidades reales de gasto de cada año, que se muestran manifiestamente insuficientes para la prestación satisfactoria de los servicios sanitarios públicos».

La sociedad pública Desaladora de Escombreras viene registrando desde su creación unas pérdidas significativas que alcanzaron en 2020 los 20 millones, con un fondo de maniobra negativo de 13 y un patrimonio neto también negativo de 4 millones, lo que ha vuelto a colocar a la sociedad en la causa de disolución prevista en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital al estar su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes del capital social, indica el informe sobre la planta de Cartagena.

En tanto no se alteren las condiciones sobre las que se desarrolla su actividad, la situación patrimonial y financiera de la sociedad seguirá igual, pues el diseño inicial de la operación formalizada en 2006 a través de los contratos de arrendamiento y mantenimiento de la desalinizadora implican unas obligaciones de pago muy superiores a la cifra de negocio que puede alcanzar la sociedad, añade.

Considera que a los precios actuales de venta del agua desalinizada, el punto muerto o umbral de rentabilidad de la sociedad se alcanzaría a partir de una producción anual de 18 hectómetros cúbicos, prácticamente al nivel máximo de producción de la planta.

Recuerda que el importe de los gastos de arrendamiento de la planta, incluida la parte de la carga financiera del contrato suscrito con Hydro Management, que han de abonarse hasta 2034 ascendía a 31 de diciembre de 2020, a 343 millones, por lo que de mantenerse las condiciones, en tanto no concluyan los pagos de los contratos de arrendamiento, no se podrá conseguir un resultado de explotación positivo o al menos nulo.

La deuda ya vencida con sus dos principales acreedores «a la que cada año es más difícil de hacer frente» alcanzó en 2020 los 5,7 millones, 5 a Hydro Management y 0,7 a Tedagua y los «reiterados retrasos en los pagos del principal e intereses a la primera han generado de 2014 a 2020 unos intereses de demora de 5 millones.