La Región de Murcia está en el punto de mira de la Comisión Europea por la contaminación de las aguas subterráneas o espacios naturales como el Mar Menor con fertilizantes agrarios. El órgano de gobierno comunitario presentó un recurso contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la falta de medidas adicionales que logren frenar la «contaminación al alza» de las zonas vulnerables a los nitratos agrícolas en Murcia.
El Gobierno regional, con retraso, intenta terminar cuanto antes las herramientas legales que deberían evitar una sanción o condena que señale a la Región como incumplidora de las directivas europeas que protegen las masas de agua. Por lo pronto, ha sacado a información pública el ‘Programa de actuación para las zonas vulnerables (18 en total) a la contaminación por nitratos de la Región de Murcia’ y, también, el mismo plan para el Campo de Cartagena, al que obliga la Ley del Mar Menor.
En líneas generales, las nuevas restricciones prohiben o limitan la fertilización o el uso de estiércol en parcelas en determinados periodos, impone la rotación de cultivos para apostar por cultivos que capten los excedentes de nitratos a cierta profundidad, obliga a un mayor análisis del suelo, el agua o los purines aportados al terreno o redoblar esfuerzos para evitar las escorrentías. En el ámbito de las zonas vulnerables se prohibirá aportar al suelo una cantidad de abono orgánico con un contenido en nitrógeno que supere los 170 kilos por hectárea y año, algo que ya estaba implantado en la cuenca del Mar Menor.
Cerca de cauces y pozos
Las medidas restringen además la acumulación de productos inorgánicos, desechos vegetales o abonos cerca de riberas, ramblas, ríos o en zonas donde se pueda infiltrar con rapidez en el suelo. A este suma la imposibilidad de plantar o abonar a una distancia mínima de un cauce o de un pozo con agua para consumo humano.
Un punto que ha provocado controversia es la monitorización con sondas en cada uno de los cultivos de una parcela particular y en función de su tamaño, algo que obliga a un mayor esfuerzo en los registros de las explotaciones. En conclusión, los planes para zonas contaminadas exigirán una vigilancia profunda por parte de los agricultores y ganaderos en sus actividades. Algo a lo que, pese a todo, exige Bruselas, y Murcia está obligada a cumplir para evitar multas. Estas limitaciones se revisarán cada cuatro años, tras los cual se podrán endurecer si la presencia de nitratos no arroja buenos resultados.
Los territorios afectados por los nuevos planes
La Región de Murcia tiene varios territorios declarados vulnerables a la contaminación por nitratos, entre los que está Caravaca, las ramblas del Judío y del Moro, el Bajo Quípar, Bullas, Quibas, Bajo Guadalentín, Mula, Águilas, Mazarrón, Baños de Fortuna, el acuífero cuaternario de Fortuna o la Sierra de Cartagena. Además, la Consejería de Medio Ambiente ha ampliado estas zonas con limitaciones al Alto Guadalentín y embalse de Puentes, la Vega Alta y Media del Segura y el Campo de Cartagena. Las organizaciones agrarias destacan que faltan estudios rigurosos que afinen mejor las medidas para aplicar en la actividad agrícola de estos territorios.
Las normas más duras
Organizaciones agrarias como COAG denunciaron ayer la implantación de unas nuevas medidas, «las más restrictivas» hasta ahora, en el entorno del Mar Menor, una zona regulada por una ley autonómica, las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura y el futuro plan de ordenación de los usos del agua del acuífero (también falta el plan de los usos territoriales).
Las patronales y sindicatos del sector primario han demandando unificar los criterios que limitan la actividad agraria en la cuenca del Mar Menor. La propuesta de modificar algunos artículos de la ley de la laguna han quedado por ahora en papel mojado aunque las organizaciones no tiran la toalla.
En temas como las barreras vegetales o la pendiente del suelo agrario, medidas criticadas por el sector, el nuevo plan contra la contaminación por nitratos incide aún más en estos escudos naturales que ayudan a la retención del agua y en la inclinación de las parcelas.
La Comunidad apuesta por seguir retirando la biomasa de la laguna
El Gobierno regional prevé destinar 11 millones de euros durante 2023 para dar continuidad a los trabajos de retirada de biomasa y ova en el Mar Menor, pese a que expertos como Juan Manuel Ruiz, del IEO, o Gonzalo Barberá, del CEBAS, señalaran hace escasos días que no es una técnica eficaz para resolver los problemas ecológicos de la laguna. Sin embargo, a ojos de la Comunidad, esta medida «contribuye al mantenimiento del ecosistema y reduce el riesgo de sufrir nuevos episodios de crisis, tal y como indica la comunidad científica», según puso de manifiesto el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras la celebración ayer en San Javier del Foro de Coordinación Interadministrativo del Mar Menor. En esta cita se avanzó el preocupante dato de la salinidad en la laguna, que ha caído a 41 gramos por litro cuando debería rozar los 45, también el de la temperatura, que se sitúa un poco por encima de lo normal: 15,5 grados. Entre las principales medidas de la Consejería para el Mar Menor de cara al próximo año, según destacó Luengo, estará la ejecución de los biorreactores para eliminar nitratos del agua del Albujón o la construcción del tanque ambiental de Playa Honda.
