Hosteleros reclaman hasta 150.000 euros a Salud por los daños económicos de la covid

La Consejería de Salud ha hecho frente desde 2020 y hasta este año al menos a seis reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por hosteleros o empresas del sector de la restauración por los daños económicos infringidos a sus negocios debido a las restricciones que se implantaron para evitar la propagación del coronavirus. La suma de las cantidades económicas que demandan estos hosteleros por las pérdidas que se generaron en sus locales por las limitaciones de comensales o los cierres de establecimientos alcanza los 150.000 euros.

El Gobierno estatal declaró el estado de alarma en marzo de 2020, lo que implicó el confinamiento de toda la población, y acabó derivando a las comunidades la gestión del coronavirus y las medidas que se debían aplicar a partir de junio de ese año y hasta ahora. Por ello, los demandantes señalan en mayor proporción como responsable de estos daños al Gobierno regional, aunque también demandan su parte al Estado. Por ello, las reclamaciones han llegado a Salud, Consejería que, tras abrir un expediente para estudiar caso por caso los argumentos de los empresarios, ha terminado por rechazar todas ellas, con el aval del Consejo Jurídico de la Región.

Un servicio de comidas en mesa y barra de Sangonera la Seca (Murcia) y varios restaurantes en el municipio de Cartagena, entre ellos una pizzería en La Manga y local en Los Belones, son los locales que sufrieron las consecuencias como todo el conjunto de la hostelería en España pero que, sin embargo, reclamaron una compensación por el cierre de su negocio.

«No hay obligación legal»

Precisamente, uno de los titulares de un local de la ciudad portuaria alega que no existe «ni fuerza mayor ni obligación legal de soportar los daños», ya que «la crisis sanitaria era previsible después de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud hechas a finales de enero de 2020 y, aunque no hubiera podido preverse, los daños causados pudieron minimizarse de haber tomado las decisiones adecuadas».

«Las medidas se adoptaron de forma meditada, responsable y plenamente consciente», alega Salud

El toque de queda, la limitación de horarios cuando no el cierre del establecimiento, y las restricciones de los aforos y comensales por mesa en los establecimientos hosteleros fueron algunas de las causas que alegan en contra de Salud.

En respuesta a estas reclamaciones, el departamento de Juan José Pedreño señala que durante todo este último periodo de dos años y medio han existido ayudas para compensar las pérdidas. La Consejería adoptó más de 200 actos o normas que limitaban actividades económicas. «Las medidas se adoptaron de forma meditada, responsable y plenamente consciente siguiendo en todo momento las directrices del Ministerio de Sanidad y los criterios establecidos en el seno del Consejo Interterritorial de Salud en atención a la prevención de la salud».

600.000 euros de reclamación por no evitar la transmisión del virus

Una mujer que estuvo ingresada tres días en el Hospital General Universitario Morales Meseguer en 2021 para tratar una neumonía derivada de la covid también presentó una demanda contra la Consejería de Salud. En ella, la paciente alegaba que el Servicio Murciano de Salud «no había sido suficientemente diligente para evitar la transmisión del virus causante de la enfermedad». Del coronavirus, señala la reclamante, quedaron secuelas tales como «la dificultad para caminar, cefalea frecuente, pérdida de memoria, necesitando ayuda para su aseo y vestido y para subir y bajar escalera, con parestesias en los miembros inferiores y padecer un deterioro cognitivo subcortical, déficit de atención y depresión».

La cantidad que pidió al SMS ascendió a 600.000 euros por daños morales. La reclamación pretende imputar a la Consejería la «omisión de los deberes de vigilancia que, como autoridad de salud pública, le corresponden», señala el informe jurídico. Sin embargo, «lo hace sin aportar prueba alguna, pues la única que solicitó - el expediente administrativo y sanitario - fue considerada innecesaria por la instrucción». 

El Consejo Jurídico refiere en su informe «al hecho de que en los momentos iniciales de la pandemia la ciencia poco conocía sobre el origen de la enfermedad, su forma de transmisión y tratamiento». Este órgano de consulta le da la razón igualmente a la Consejería de Salud y rechaza la reclamación patrimonial.