La acusación popular, representada por el abogado Diego de Ramón, reclama una pena de 13 años de cárcel para el expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel por los delitos malversación y fraude en las subvenciones en la causa de la desaladora de Escombreras, además de 15 años de inhabilitación por prevaricación.
La petición ha sido formulada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que ha instruido la pieza separada del caso La Sal en la que está imputado Valcárcel, dentro del plazo que la magistrada dio a la Fiscalía y a la acusación popular para solicitar la apertura de juicio oral contra el expresidente.
En un auto dictado el 17 de octubre señalaba que Valcárcel «ordenó la adquisición de la desaladora» y que «conocía todos los pasos que se dieron» para la contratación de la planta.
Siguiendo las indicaciones de la Audiencia Provincial, el Juzgado reabría el procedimiento que había archivado en enero de 2021 y ha encaminado al exjefe del Ejecutivo al banquillo al señalar que fue el impulsor de la desaladora de Escombreras como presidente del Gobierno regional entre 1995 y 2014.
En el auto apuntaba igualmente que Valcárcel había impulsado el proyecto que se puso en marcha «sin la existencia de informes técnicos ni de la fiscalización económica necesaria».
Esta pieza separada del caso de la desaladora se abrió con posterioridad a la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción número 5, que ha procesado a varias decenas de exaltos cargos del Gobierno regional, encabezados por el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá. También están procesados los directivos de las empresas del grupo ACS y los asesores jurídicos contratados por el desaparecido Ente Público del Agua.
La acusación popular pide 15 años de inhabilitación para cargo público, además de una pena de ocho años de prisión por malversación de caudales públicos y otros cinco años por fraude en subvenciones.
Propone, además, una multa equivalente «al séxtuple del dinero defraudado en la desaladora de Escombreras, con embargo de bienes suficientes en pensiones renta, propiedades e investigación patrimonial en España y fuera del país».
Reclama asimismo que el expresidente responda por el gasto que la explotación de la desaladora de Escombreras ha causado a la Administración regional y «consecuentemente, al endeudamiento público», para que indemnice a la Comunidad. Para calibrar la cuantía de los perjuicios económicos que los contratos de la desaladora han causado a la Administración regional el letrado de la acusación popular propone que se llame a declarar como testigo al actual interventor de la Comunidad Autónoma.
La factura de la planta recogida en el Presupuesto sube a 31 millones
La factura de la desaladora de Escombreras recogida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 subirá a 31 millones. La cantidad que tendrá que pagar la Administración regional el próximo año la facilitó el diputado de Vox en la Asamblea Regional, Pascual Salvador, durante el debate sobre las cuentas del próximo año celebrado este viernes.
En 2022 el coste ha ascendido a más de 27 millones de euros, a pesar de que la desaladora ha estado sin funcionar durante meses, porque la CHS había exigido a los usuarios de los caudales que demostraran que sus cultivos no contaminan el Mar Menor. El Tribunal de Cuentas lleva años reclmando la disolución de la sociedad que compró la Comunidad a ACS, pero el Ejecutivo ha hecho oídos sordos hasta ahora.
El exjefe del Ejecutivo recurre y dice que hay «un cambio de rumbo radical»
El expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel ha presentado un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia de reabrir el procedimiento y resolver la apertura de juicio contra el exjefe del Ejecutivo como responsable e impulsor del proyecto de la desaladora de Escombreras.
Valcárcel está imputado en esta pieza separada que se ha instruido de forma paralela a la causa del Juzgado de Instrucción número 5, en la que están procesados el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y varias decenas de ex altos cargos del Ejecutivo y de directivos de las empresas del grupo ACS que construyeron la planta. El expresidente señala en su recurso que se ha producido «un giro copernicano» en el procedimiento, dado que la magistrada está a un paso de sentarlo en el banquillo después de que la Audiencia Provincial le obligara a reabrir la investigación a la que había dado carpetazo tras el recurso presentado por la Fiscalía contra el archivo.
Valcárcel muestra su sorpresa ante «el radical cambio de rumbo seguido en el presente procedimiento» y reprocha a la Fiscalía que le atribuya en exclusiva la responsabilidad de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno, mientras que «no ha solicitado la imputación» de ningún otro miembro del Ejecutivo (solo está Antonio Cerdá). El expresidente reitera que la Comisión de Secretarios Generales, que es el órgano encargado de supervisar los asuntos que van al Consejo de Gobierno, no detectó ninguna señal de irregularidad, como tampoco pusieron impedimentos los servicios jurídicos ni la Intervención. Añade que la decisión estaba motivada por la falta de agua que existía en la Región y que la creación del Ente Público del Agua fue aprobada por la Asamblea Regional.