Agua
El cambio del agua del Tajo por desalada elevará su precio de 41 a 510 millones al año
La CHS estima que el consumo será de 340 hm³/año a partir de 2027, cantidad que supera la capacidad actual de producción de las desaladoras que abastecen al Levante
Vista aérea de la desaladora de Torrevieja, que el Ministerio quiere ampliar para desalar 120 hm3/año. / Tony Sevilla
De descalabro en descalabro hídrico. Al recorte institucionalizado del trasvase Tajo-Segura el pasado martes en el Consejo Nacional del Agua con la abstención del Gobierno valenciano y el voto en contra del Ejecutivo murciano, se suma otro factor que amenaza con aumentar la tensión en el sector hortofrutícola de la Región de Murcia, Alicante y Almería que recibe agua del Tajo.
En la misma sesión también se aprobó el plan hidrológico del Segura, en el que los técnicos calculan que la cuenca pasará de consumir 149 hectómetros cúbicos al año de agua desalada este 2022 a un total -datos de este año- de 340 hectómetros cúbicos en 2027, cifra que supera la capacidad actual de las desaladoras que existen -incluida la planta de Mutxamel-, que es de 304 hectómetros cúbicos.
El Ministerio confía en ampliar la capacidad total de la producción de agua desalada hasta alcanzar los 404 hectómetros cúbicos al año, de los que 45 serían para el abastecimiento urbano y 105 para regadíos del trasvase, en condiciones normales de suministro de agua del Tajo, de momento cerrado hasta abril de 2023 por obras. En el documento se reconoce, por otro lado, que actualmente es imposible, incluso, repartir la cantidad total de agua que se podría producir.
Un caudal desalado que, por otro lado, a precios de este año, incorporado el descontrol eléctrico, tendrá un coste de 510 millones de euros al año (1,5 euros/m3) -102 millones en la provincia de Alicante- por los 41 millones de euros que costaría esa cantidad de agua si continuara llegando desde el Tajo (0,12 euros/m3). Cifras desorbitadas que el Ministerio de Transición Ecológica confía reducir incorporando a la producción de agua desalada del mar la energía fotovoltaica.
En estos momentos, la empresa estatal Acuamed negocia un precio «político» del agua de 0,40 euros/m3 para el agua desalada durante el próximo 2023, casi cuatro veces más que la del trasvase.
El Ministerio ha anunciado una inversión de 600 millones de euros para ampliar la capacidad de desalación y la interconexión de todas las desaladoras de la cuenca entre Torrevieja y Mazarrón.
COAG reclama a la CHS acelerar las juntas de usuarios por los acuíferos
La organización agraria COAG presentó este jueves a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) el trabajo de investigación realizado por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura en relación a la aplicación de buenas prácticas agrarias que consiguen mitigar la afección de los nitratos a las aguas subterráneas.
Además, la organización agraria quiso abordar la cuestión de la necesidad de constitución de las Juntas de Usuarios en diversos acuíferos, y muy especialmente en el del Campo de Cartagena. Al respecto, el presidente del organismo de cuenca ha comentado la situación administrativa en relación a la creación de las Juntas de Usuarios, cuyo primer paso es la información pública de los censos de los titulares de derechos afectados, tramitación que se iniciará en breves semanas.
«Seguiremos trabajando para modificarlo -el decreto del Trasvase- y mejorarlo si es necesario». El delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, asumió este jueves la nueva postura del Ministerio para la Transición Ecológica, que apuesta por alcanzar el escenario de fijar los caudales máximos en el Tajo en 2027, lo que supondrá una merma de hasta 105 hm3 al año para el acueducto.
En una entrevista en la Cadena Ser, Vélez señaló estar dispuesto a sentarse a hablar con los gobiernos manchegos y valencianos, ambos liderados por el PSOE, para modificar el texto del documento que recoge el programa de control del Trasvase. El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, aclaró que no aceptará cambios en dicho decreto y amaga con llevar a los tribunales el Plan del Tajo.
Previo a la cumbre del Consejo Nacional del Agua, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reunió con dirigentes de los ejecutivos manchego y valenciano y con socialistas murcianos para conocer las diversas posturas de los territorios afectados por el Plan Hidrológico del Tajo, según publicó El Mundo.
El gobierno de Castilla-La Mancha amenazó al Ministerio con votar en contra el plan del Tajo si Transición Ecológica condicionaba la subida de los caudales a un programa de medidas ambientales en ambas cuencas. El problema se resolvió con una llamada del presidente manchego, Emiliano García-Page, a la ministra Teresa Ribera, que aceptó las demandas de su compañero de partido.
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