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Las empresas de catering de los colegios y hospitales públicos se ven abocadas al cierre

Las compañías que suministran 40.000 comidas diarias reclaman la revisión de los precios a la Comunidad

Las empresas de catering reclaman la revisión de los precios. F.G.

Las empresas de catering que trabajan para los comedores de colegios y de hospitales públicos se ven abocadas al cierre, si la Comunidad Autónoma no revisa los precios de los menús, que han quedado desfasados con la subida de la inflación. El presidente de la patronal de hostelería de Lorca, Jesús Abellaneda, que forma parte de la organización empresarial que agrupa a este sector, calcula que las compañías de la Región que alimentan a los alumnos de los centros escolares y a los pacientes de los centros hospitalarios suministran unas 40.000 comidas diarias, que les están ocasionando «pérdidas de decenas de miles de euros todos los meses». Alerta también de que el cierre de estas compañías dejaría sin empleo a unos 6.000 o 7.000 trabajadores, «en su mayoría mujeres de difícil reinserción laboral».

Los empresarios recuerdan que la factura energética «se ha multiplicado por tres» a consecuencia del encarecimiento de los precios del gas y de la electricidad, mientras que el coste de las materias primas se ha disparado.  

El presidente de la organización empresarial adscrita a HoyTú de la que forman parte las compañías de catering, Pedro José Ruiz, calcula que los costes se han incrementado un 20%, pero los contratos públicos mantienen los precios anteriores a la pandemia en muchos casos. Los empresarios han planteado sus demandas a varias consejerías, pero no han encontrado ninguna disposición a aceptar sus reivindicaciones. «Nos han escuchado, pero seguimos en la misma situación», se lamenta. 

Pedro José Ruiz precisa que los menús que suministran a los comedores escolares rondan entre los 3,74 y los 4,5 euros, un precio que la patronal considera inasumible en estos momentos. 

Por su parte, Jesús Abellaneda precisa que la Comunidad se escuda «en la Ley de Contratos para no revisar los precios, mientras que esa ley sí que obliga a las empresas a seguir ofreciendo el servicio».  

Asegura que hay contratos en vigor de los años 2018, 2019 y 2020, que la Administración se niega a revisar, a pesar de que han quedado por debajo de los costes. «Las empresas están perdiendo decenas de miles de euros todos los meses. De momento, aguantan gracias a los créditos del ICO, pero si la Administración no revisa los contratos, se verán obligadas a cerrar e irán a la quiebra o la suspensión de pagos, dejando sin comida a los alumnos de los colegios y a los pacientes de los hospitales», advierte. Abellaneda y Ruiz coinciden en que «si las empresas se ven obligadas a cerrar, la Administración tendrá que firmar nuevos contratos y entonces no tendrá más remedio que aumentar los precios». Recuerdan que esta situación se ha producido ya en un hospital de Almería.

Las empresas de catering quieren que la Comunidad revise sus contratos de igual forma que ha hecho con los de las obras públicas en la Región, después de que el Ministerio de Hacienda abriera la puerta. 

También apuntan que la Comunidad Valenciana ha incrementado los precios argumentando «que los menús serán más saludables».

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