Decepcionados. Los agentes medioambientales de la Región de Murcia están «defraudados» tras conocer el anteproyecto de ley que fue aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros y que regula la funciones básicas y el reconocimiento a nivel estatal de estos policías de la naturaleza. El texto, que pasará por un periodo de enmiendas antes de ser aprobado por el Congreso de los Diputados, no se parece en nada al borrador que negoció la ministra Teresa Ribera con las comunidades, según denuncian, ya que omite avances esenciales para este cuerpo como la posibilidad de obtener una licencia de armas similar a la de los agentes de Policía Nacional o Guardia Civil.
Esto implica que 115 agentes medioambientales de la Región no podrán portar armas durante su jornada laboral, ni cortas ni largas, como lo hacen las fuerzas de seguridad del Estado. Tras años de reclamaciones a las instituciones públicas para que ofrezcan más seguridad física y jurídica, los forestales seguirían manteniendo la licencia de armas reservada a vigilantes de seguridad o escoltas. «Somos funcionarios públicos. Nos exponemos a situaciones complicadas como la presencia de cazadores furtivos , donde el riesgo puede ser alto», explican desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Murcia (APAMAM).
Este no es el único inconveniente que se han encontrado. El ahora proyecto de ley reconoce a los forestales como agentes de la autoridad «a todos los efectos legales». Concretamente, el Ministerio considerará en esta ley básica a los agentes medioambientales como «policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico». Sin embargo, el texto limitará las labores de los forestales en las investigaciones de posibles delitos a la salvaguarda de las pruebas.
«Se nos supedita a las diligencias de prevención», subraya la asociación regional. En la práctica, los agentes no pueden recoger pruebas hasta que no se persona la Guardia Civil. «Tenemos los conocimientos técnicos suficientes para poder intervenir en las diligencias de determinados casos», añaden.
Los forestales reclaman más plazas y más competencias en asuntos urbanísticos
La ley pretende definir las funciones básicas de los agentes medioambientales y regular su figura a nivel estatal. Una vez se apruebe, las comunidades podrán desarrollar la norma, ya que esta ha sufrido complicaciones por la posible invasión de competencias autonómicas. Y es que hasta ahora cada territorio ha configurado este cuerpo, y en la Región estaba supeditado a la vieja Ley de Montes. La asociación de agentes en la Región reclamará a la Comunidad que regule el uso de armamento para determinados servicios en los que sí se puedan emplear, por ejemplo, fusiles, e incluir mayores competencias sobre asuntos urbanísticos y poder atender mejor las demandas sociales. Además, piden más plazas para aumentar la plantilla.
Una mejor coordinación. Esto es lo que buscan los forestales, que no pretenden restar competencias en las labores de investigación a la Benemérita, sino «apoyar en estas diligencias». Los agentes de la Región enumeran casos en los que intervienen por tener competencias ante posible delitos contra el medio ambiente pero no pueden comenzar una investigación policial: vertidos, envenenamiento de animales, electrocuciones, cepos, etc...
Luces de emergencia
Otro agravio de la futura ley es la negativa a poder emplear las luces exclusivas para vehículos policiales, conocidas como señales V3, pese a tener la condición de policía judicial. «Solo las podemos emplear en situaciones de emergencia de protección civil, pero no en labores policiales de emergencia, lo tenemos prohibido».
