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Medio ambiente

La rebaja en las exigencias a las plantas solares iría contra el derecho europeo

Bruselas apuesta por el «silencio administrativo positivo» para impulsar las fotovoltaicas y Nueva Cultura del Agua alerta de una regresión ambiental

Protesta en La Aljorra (Cartagena) por la instalación de placas solares. | ÁGUEDA PÉREZ

La guerra de Ucrania y la crisis energética ha movido a los países europeos en favor de agilizar la instalación de energías renovables para no depender de recursos energéticos procedentes de Rusia. España se ha sumado al carro de estas facilidades en las tramitaciones ambientales de las instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo, y ahora también Bruselas.

La Comisión Europea quiere acelerar el despliegue de energías verdes como la solar y la eólica, y entre las novedades que ha presentado al Consejo de Europa para su validación es un reglamento que prioriza el silencio administrativo positivo. Antes de todo, el órgano de gobierno de la UE quiere declarar de interés público la planificación y construcción de estas placas o molinos y las redes de conexión.

En el caso de los plazos, la concesión de autorizaciones por parte de las administraciones estatal o regional no deberá superar los seis meses y, en algunos casos, los tres meses. La instalación de placas solares estarían exentas, además, del paso de analizar si un proyecto requiere de una evaluación de impacto ambiental.

Ante esta situación, la Fundación Nueva Cultura del Agua, cuya directora técnica es Julia Martínez, doctora en Biología en la Universidad de Murcia, ha alertado de la «regresión ambiental» que se puede producir si se acortar plazos o se eliminan requisitos ambientales. «No es aceptable que, en una comunidad de derecho como la Unión Europea, las instituciones no se ajusten» a los tratados internacionales y que establezcan normas que suponen «una regresión de los niveles de protección ambiental alcanzados».

Europa «no debe verse sometida ante cualquier interés privado»

La Fundación Nueva Cultura del Agua señala en un comunicado que el ‘estatus quo’ de la Unión Europea en la protección de la biodiversidad y las aguas y sus ecosistemas «no debe verse sometido por cualquier interés privado en la producción energética de renovables», sólo aquellos intereses públicos que realmente son «superiores» pueden considerarse legitimados para causar deterioro en los más altos valores de los ecosistemas que nos sostienen. Por todo ello, la organización reclama al Gobierno de España y, en especial, a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que no apruebe dicho Reglamento en el próximo Consejo extraordinario de Energía del 24 de noviembre.

En caso como la Región de Murcia, los distintos proyectos que plantean sobre el terreno grandes instalaciones fotovoltaicas ha levantado las quejas de numerosas localidades. Incluso, se ha demandado la regulación regional para determinar qué suelos pueden ocupar los paneles solares.

La fundación, referenciando una investigación realizada por la Universidad de Almería, afirma que el nuevo reglamento permite eliminar la evaluación de impacto ambiental de este tipo de proyectos y no «se ajusta» al derecho comunitario.

La falta de «una base jurídica» viene dada por la concesión de ayudas europeas en un marco en el que se permiten «excepciones ambientales». Además, «vulnera el principio de no regresión ambiental», ya que la propuesta «reduce el grado de protección vigente al ampliar las excepciones».

La exención de estas exigencias con la protección del medio ambiente «contradice» la carta de derechos europea al integrar estas líneas de trabajo en las «políticas energéticas de la UE. «Transgrede los límites establecidos en las principales directivas de la protección de la biodiversidad y los ecosistemas», concluye la fundación.

En los últimos meses, la instalación de equipos solares en comarcas como el Campo de Cartagena ha encendido los ánimos entre los vecinos, preocupados por esta política ambiental que pretende agilizar trámites.

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