La pandemia, la falta de implicación de los padres en sus hijos, la menor presencia de los progenitores en los centros educativos o el estado de la salud mental de los alumnos son factores que el sindicato ANPE ha detectado como causas que explican el incremento de las amenazas o agresiones en las aulas. A esto, la organización sindical añade la falta de implicación de la Administración regional y las maltrechas plantillas de docentes y orientadores. En unos días donde el colectivo sanitario ha logrado pasos importantes en sus reivindicaciones ante la Comunidad, desde el sindicato reclaman la misma atención a la educación de la Región de Murcia.
ANPE ha detectado y reflejado en su informe del Defensor del Profesor del curso 2021/2022 un total de 133 casos de conflictos en las aulas entre padres, alumnos, profesores y equipos directivos, un problema que se ha visto incrementado desde los dos últimos años. Entre las novedades, el sindicato ha añadido en esta edición los casos de denuncias falsas de alumnos a profesores, que sumando a las falsas acusaciones de los padres, que ya se registraban, suman un total de 28 casos en el curso pasado. "Ninguno de estos sucesos ha terminado en los juzgados", ha recalcado Clemente Hernández, presidente de ANPE Murcia, quien muestra su preocupación no porque los conflictos vayan en aumento, sino porque "no logramos que disminuyan".
Las agresiones físicas a profesores por parte de alumnos y padres suman siete casos detectados en el último curso, con amenazas por parte de 14 estudiantes, cinco más que hace dos años. Las conductas agresivas que interrumpen las clases llegan hasta los 13 casos mientras que, tras el fin de las clases semipresenciales, los actos de ciberacoso han caído drásticamente.
En la cumbre del problema, el sindicato refleja que la indisciplina ha crecido en las aulas debido a, entre otras razones, al falta de atención de los padres y las consecuencias del confinamiento y las posteriores clases online y semipresenciales. Entre todo esto, Hernández opina que las medidas implantadas hasta ahora por la Consejería de Educación y el Gobierno regional son "insuficientes y ineficaces", a la vez que señala a la Administración regional por "no atender" las demandas de la comunidad educativa. "El sistema educativo ha cambiado, tenemos que intervenir. Es la administración la que debe proveer de todos los recursos necesarios" a los centros.
Hernández pone el foco, también, en la desatención de los equipos directivos, a las demandas o quejas de los profesores o los problemas con la inspección educativa, situaciones que se han reflejado en 59 casos comunicados al sindicato. "No se aplican los reglamentos internos de los centros, los profesores no encuentran el apoyo necesario", y esto parte de situaciones de arbitrariedad, agravios comparativos o incluso amenazas verbales sobre futuros perjuicios en el puesto de trabajo.
De todos los casos atendidos por ANPE, estos acaban repercutiendo en la salud mental de los docentes. 125 profesores señalaron tener ansiedad tras sufrir un conflicto en el centro, el 94% de los casos atendidos, pero luego algunos acaban derivado, advierte Hernández, en depresión o baja laboral, donde se ha detectado 25 casos en total. "Las agresiones acaban repercutiendo en la salud mental y física".
