La Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de la Región dispondrán el próximo año de unos ingresos extraordinarios que darían para poner en marcha viejos proyectos aparcados por falta de financiación, pero la mayor parte de las obras que salen a licitación se están quedando desiertas. La negativa de las empresas de la construcción a embarcarse en contratos públicos que consideran insuficientemente presupuestados desde que se desencadenó la crisis de suministros que sucedió al estado de alarma pone en peligro las expectativas de inversión en un año electoral que coincide, además, con la llegada de la mayor parte de los fondos Next Generation. En 2023 se celebrarán comicios municipales, autonómicos y generales, pero la alegría inversora que precede a las convocatorias electorales se ve amenazada por las discrepancias en la valoración de los presupuestos públicos.
La negativa de las empresas a acudir a los concursos y subastas ha dejado ya 37 proyectos de obras desiertos, que mantienen bloqueada una inversión de 32,5 millones de euros, según el balance que ha realizado la Federación de Empresarios de la Construción (Frecom).
La patronal de la construcción Frecom calcula que en el último año han quedado en el tintero 37 proyectos
La patronal calcula que casi el 50% de las licitaciones que están quedando desiertas corresponden a Adif, lo que puede suponer una amenaza para la ejecución de las inversiones ferroviarias que el Administrador de Infraestructuras está ejecutando en la Región.
El secretario general de Frecom, Alejandro Zamora, afirma que «a la mayoría de las obras que salen a licitación no se presenta ninguna empresa o se presenta solo una».
«Algunas de estas licitaciones se encuentran financiadas con fondos europeos con el consiguiente peligro de pérdida de la financiación. Además, son numerosas las licitaciones en las que sólo se ha presentado un licitador, por lo que se produce una limitación grave de la concurrencia, principio inspirador de la ley de contratos del sector público», asegura.
El año 2023, en el que coincidirán las elecciones autonómicas, municipales y generales, debería marcar un récord en la inversión pública, tal y como ocurrió en 2019, cuando las instituciones públicas de la Región sacaron a licitación obras por un importe de más de 562 millones de euros.
La mayor parte de esta cantidad correspondía al Estado, que hace cuatro años contrató proyectos muy costosos en la estación del Carmen y el soterramiento de Barriomar.
El próximo año se producirá, además, un ajuste en las liquidaciones de cuentas con el Estado que permitirá a la Comunidad y a los ayuntamientos disponer de unos ingresos adicionales gracias a la recaudación imprevista que ha generado el tirón del consumo y la escalada inflacionista.
Las convocatorias a las que no ha llegado a presentarse ninguna empresa suman 32,5 millones de euros
Solo la Administración regional dispondrá el próximo año de más de 820 millones de euros adicionales gracias a estos ajustes con el Ministerio de Hacienda, aunque previsiblemente parte de estas aportaciones se destinarán a rebajar la deuda.
También el Estado tiene previstas elevadas inversiones en la Región para el próximo año, entre las que figura el soterramiento del tramo urbano del AVE en Lorca.
El Gobierno central y la Comunidad Autónoma han introducido medidas para actualizar los presupuestos de las licitaciones públicas, pero las empresas las consideran insuficientes.
Frecom recuerda que el impacto de la crisis de los suministros en las empresas de la construcción se ha visto agravado este año por la crisis energética, que ha encarecido aún más los costes.
Recuerda que los precios de la energía han subido un 84,41%, mientras que el aluminio ha subido un 55,42% y el acero, un 46%.
La organización empresarial recuerda que muchos proyectos tienen fondos europeos que podrían perderse
El secretario general explica que «el proceso de licitación es muy largo», debido a los plazos que transcurren desde que se aprueba una obra hasta que el proyecto técnico está en condiciones de ejecutarse», lo que acrecienta el desfase entre las estimaciones recogidas en los presupuestos y los costes estimados por las empresas en este momento.
Añade que, según los últimos datos facilitados por la Encuesta de Población Activa, el segundo trimestre del año ha finalizado con 35.400 trabajadores ocupados en el sector de la construcción. Esto supone una pérdida de 4.100 trabajadores respecto al trimestre pasado, y de 9.700 en el último año, lo que supone un retroceso del 21,5%, datos no vistos en el sector desde principios de 2018 y peores que los sufridos durante la pandemia».
Los ayuntamientos dicen que no pueden ampliar el gasto en obras cofinanciadas
La Federación de Municipios de la Región defiende los cálculos presupuestarios de las obras que licitan los ayuntamientos y recuerda que la mayor parte de los proyectos municipales están cofinanciados por otras administraciones, lo que supone un impedimento para realizar de forma unilateral las revisiones de precios que reclaman las empresas de la construcción. Por su parte, la Consejería de Fomento afirma que no tiene ninguna licitación desierta.
El secretario general de la Federación de Municipios, Manuel Pato, considera que el desfase en los presupuestos de licitación afecta sobre todo a los proyectos tramitados con anterioridad al repunte de los precios que ha llevado a las empresas a dejar de pujar, pero sostiene que «las licitaciones que se sacan ahora ya llevan los precios actualizados».
«El problema es que, si son obras subvencionadas, las ayudas no aumentan», sostiene Manuel Pato. Añade que en caso de que los consistorios llegaran a revisar los presupuestos, el aumento «tendría que ir a costa de los ayuntamientos», algo que no se pueden permitir.
El secretario de la Federación de Municipios considera que las modificaciones introducidas por el Ministerio de Hacienda para la revisión de los precios «abre la puerta a la negociación, no a la imposición. Si se pretende una subida del 10%, hay un problema», asegura.
A su juicio, el proceso debe circunscribirse a la negociación entre ambas partes. «El Estado puede tener recursos, pero un ayuntamiento no los tiene. Entiendo que habrá que abrir un espacio de negociación, pero no se puede cargar el esfuerzo solo a los consistorios», afirmó.
La Consejería de Fomento afirma que no tiene ninguna licitación desierta, «porque antes de sacar los proyectos a contratación, revisamos los precios para que estén ajustados a mercado, tal y como nos comprometimos con el sector».
