El Gobierno central ha autorizado una ampliación de la financiación asignada a la Comunidad Autónoma de 52 millones de euros para pagar la subida salarial del 1,5% pactada por el Ministerio de Hacienda con los sindicatos para este año, que se cubrirá con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En principio estaba previsto que los más de 60.000 empleados de la Administración regional pudieran cobrar los atrasos generados por la subida salarial este mes de noviembre, aunque los sindicatos dan por hecho que se pagarán en diciembre. La Consejería de Hacienda asegura que «está haciendo todos los esfuerzos posibles para hacer el pago cuanto antes».
El Pleno de la Asamblea Regional ha debatido y valorado este miércoles el Proyecto de Ley de Modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022, que ya se ha aprobado, y que permitirá incorporar a las cuentas de este año los 52 millones que cuesta el incremento salarial.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado un acuerdo por el que se asignan 612,2 millones de euros a siete comunidades autónomas para hacer frente al pago de la subida salarial del 1,5 % a los empleados públicos, que se sumará al 2% aplicado en las nóminas desde enero. En total, el pacto con los sindicatos establece una subida salarial del 7,5% entre 2022 y 2024 para todos los funcionarios públicos, además del 2% abonado desde principios de año.
El dinero se repartirá entre Aragón (37,5 millones), Baleares (45), Castilla-La Mancha (73,37 ), Cataluña (226,6), Extremadura (36,83 ), Murcia (52,01 ) y Comunidad Valenciana (140,89 ) con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, a través del FLA, según ha informado el Gobierno central.
Por otra parte, la Consejería de Hacienda llevó ayer a la Mesa General de la Función Pública las propuestas recogidas en el borrador de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 que afectan a los funcionarios de la Administración regional.
Los sindicatos CC OO y UGT critican que las cuentas del próximo año no recojan la jornada de 35 horas semanales, a pesar de que el acuerdo firmado por el Ministerio de Hacienda con los sindicatos ha levantado el veto que impedía reducir la jornada a las comunidades que incumplen el objetivo de déficit, entre las cuales se encuentra la Región.
La Asamblea aparca la agenda para tramitar los Presupuestos
La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional ha dejado en blanco la programación para la próxima semana ya que se espera, según indica la diputada del PP Miriam Guardiola, la «entrada inminente» de los Presupuestos de la Comunidad para 2023 y que la próxima semana comiencen las comparecencias de los consejeros. La parlamentaria indicó este martes que por «prudencia» no se ha ordenado nada, ya que «cuando entran los Presupuestos y llegan a la Asamblea se paraliza el resto de la actividad parlamentaria». Recordó que el presidente regional ya ha «tendido la mano a todos los grupos parlamentarios para consensuar» las cuentas. El viceportavoz del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha pedido al Gobierno que acepte la propuesta socialista. «Ya está bien de que el diseño de la actividad política la condicionen tránsfugas. Es importante que haya un gran acuerdo para aprobar los presupuestos para el año que viene», ha dicho.
El responsable del Área Pública de CC OO, Miguel Ángel López, reclama a la Administración regional que «explique en la Mesa General el contenido de las reuniones mantenidas con el Gobierno nacional» para conocer los acuerdos alcanzados, entre los cuales figura la jornada de 35 horas, y «las intenciones que tiene el Ejecutivo regional» respecto a su aplicación. López considera «necesario trabajar con la Administración pública para que en los próximo Presupuestos se recojan partidas concretas» para hacer posible su aplicación.
Por su parte, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Martínez Peñaranda, ha anunciado que el sindicato está dispuesto a convocar movilizaciones para reclamar la reducción de jornada, una vez desaparecida «la penalización» a las comunidades deficitarias para aplicar las 35 horas.
El dirigente del Área Pública de CC OO también reclama a la Consejería de Hacienda que «especifique la dotación económica real de los presupuestos en las diferentes áreas de la Comunidad en enseñanza, Administración Pública y sanidad». Muestra su malestar por la premura con la que se envía la documentación a los representantes sindicales.
