El Tribunal Supremo ha cerrado el capítulo judicial que envuelve a la dársena de Puerto Mayor, en La Manga, tras rechazar un recurso de casación de la promotora fundada por Tomás Maestre, que proyectó la construcción de un puerto deportivo junto al canal del Estacio. En la sentencia, de dos páginas, los magistrados argumentan "falta de fundamentación suficiente" para echar atrás el recurso de la mercantil, por lo que se pone fin a casi medio siglo de intereses urbanísticos sobre estos terrenos desde que el Consejo de Ministros autorizara en 1975 la construcción de estas instalaciones en terrenos ganados al mar.

El Gobierno regional dio por caducada dicha autorización en 2020, algo que ratificó un año más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Tras esto, el Ministerio para la Transición Ecológica comenzó a dar los primeros pasos para que los terrenos retornaran a manos del Estado y poder hacerse cargo de la rehabilitación de la zona. El Supremo, que no entra a valorar los argumentos de la promotora para mantener todavía la concesión, insiste en que no se aprecia "el interés casacional", por lo que no hace falta un pronunciamiento de la Sala Contencioso-Administrativo.

La mercantil, además, ha sido condenada a pagar las costas: 1.000 euros a la Abogacía del Estado y 500 euros a cada parte personada en este largo proceso, como la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE). Con esta decisión, Puerto Mayor S.A. tendrá que hacerse cargo de la rehabilitación de la dársena, quitando las tablestacas y restaurando este entorno ambiental para que vuelva a su estado original. La intención de la promotora de Tomás Maestre era construir en estos terrenos ganados al Mediterráneo una urbanización, centro comercial, un campo de golf y una pista aérea. 

Los tribunales paralizaron las obras en 2005, cuando organizaciones como ANSE y Greenpeace comenzaron a denunciar e intentar frenar estas obras que alterarían por completo una parte de La Manga que hasta entonces era natural. La empresa llegó a reclamar 12 millones de euros al Ejecutivo regional como indemnización por anular la concesión, y pese a ello mantuvo un tira y afloja en los tribunales con la Comunidad a base de pleitos durante más de 30 años.

Tanto el Gobierno regional como el Ministerio han requerido a la mercantil que actúe o cubra los gastos para desmantelar los pantalanes. En la actualidad, Transición Ecológica ha adjudicado la redacción del proyecto de restauración de estos terrenos, y prevé comenzar las obras no más allá de 2024. Por tanto, se prevé que reclame a la empresa que asuma los gastos de estas operaciones.