Una de las funciones básicas de las Comunidades de Regantes es la defensa de los derechos de sus comuneros y al ejercerla contribuimos a la modernización y desarrollo de la agricultura a fin de, como manda la Constitución, equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Desde siempre, las Comunidades de Regantes promovemos modernización de regadíos, uso eficiente del agua, aplicación de las mejores tecnologías disponibles en cada momento, cultivos ecológicos y una interlocución permanente con las Administración públicas.
La interlocución es difícil bajo el actual régimen de desasosiego ambiental que demoniza el hecho de regar las tierras. Sin embargo, este uso fue un derecho subjetivo de los agricultores que alumbraban aguas o las derivaban de cauces superficiales; lo que, sin perjuicio de la adaptación a los tiempos, nosotros no olvidamos. Tampoco olvidamos que nunca ha sido necesaria autorización o concesión para que un regadío tenga plena legitimidad, aunque esto no sea bien visto por la Administración hidráulica cuyos gestores se consideran investidos de facultades no sólo para deslegitimar regadíos consolidados en el tiempo sino también para decidir lo que se puede plantar en ellos y hasta la forma de cultivar las plantaciones.
La gestión pública del derecho a regar está pervertida en nuestro territorio por la fagocitación administrativa de todas las actividades agrícolas del regadío perpetrada por quienes sólo debieran dedicarse a la estricta gestión de las aguas públicas. Sobre esa extralimitación se ha creado una dialéctica sutil que los confiados usuarios no han percibido hasta que, de la noche a la mañana, se ven obligados a pagar exorbitantes multas por el mero hecho de regar tierras no inscritas en los registros públicos y también a tener que soportar la prohibición de su cultivo en regadío.
Es muy significativo el desencuentro de los regantes y agricultores del Campo de Cartagena con los tres poderes del Estado
Son situaciones cada vez más frecuentes cuya resolución nos incumbe porque las Comunidades de Regantes somos corporaciones reivindicativas que defendemos a los usuarios de agua para riego y también el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Y para ejercer esas funciones necesitamos volver al perdido diálogo con la Administración hidráulica a fin de que se supere la tentación de responder despóticamente a la falta de aduladora mansedumbre ante las arbitrariedades.
Lo cierto es que con actuaciones represivas del regadío se está poniendo en riesgo la supervivencia de muchas comarcas, esencialmente agrarias, como el Altiplano, incluyendo el Sur-Este de la provincia de Albacete, el Valle del Guadalentín y las zonas costeras de Águilas, Mazarrón y el Campo de Cartagena.
Y en esta realidad, es muy significativo el desencuentro de los regantes y agricultores del Campo de Cartagena con los tres poderes del Estado.
Comenzó con el denominado caso topillo cuando en el seno del Poder Judicial se inició una causa general contra la agricultura intensiva y altamente tecnificada del Campo de Cartagena; después, con el cuento del nitrato, se ha reducido su objeto al empleo de desaladoras de agua subterránea. Ya veremos en que queda el asunto porque las deficientes redes de saneamiento en el entorno del Mar Menor, inexistentes en muchos casos, la imperfecta depuración de aguas residuales y la casi nula gestión de aguas pluviales, son circunstancias que impiden tener la actividad agraria como única o mayor responsable de la crisis de esta laguna costera.
El Poder Legislativo también ha concurrido al desencuentro aprobando la Ley del Mar Menor que es ejemplo de lo que nunca debe hacer una sociedad: legislar en caliente. Y por haber nacido de una calentura, esta Ley sucumbe ante el análisis hidrogeológico y ante los más elementales principios de la agronomía. Además, basta con leerla para saber de qué lado están los que la defienden y no es precisamente el de los agricultores.
Finalmente, el Poder Ejecutivo ha pergeñado unas medidas cautelares, presuntamente nulas, cuyo cumplimiento es impuesto como si de una nueva ley se tratase. Y, además, avisando por lo bajini que si no las cumples te dejo sin agua.
Tanta concurrencia de poderes del Estado en ese desencuentro sugiere que la participación primordial, casi absoluta, que todos atribuyen a la agricultura en la degradación del Mar Menor es toda una verdad política que, como todas las de su calaña, nace y es enterrada en las urnas.
La reciente concurrencia de casi dos mil agricultores a un acto de reflexión sobre estas cuestiones ayuda a vislumbrar el mayoritario sentir de los habitantes del Campo de Cartagena. Aquello fue ante todo un gritar a los cuatro vientos que la actividad agraria altamente tecnificada es compatible con la protección del Mar Menor.
Leer el significado de este acto es cuestión de inteligencia. Reaccionar tratando de desmontar la unidad de los agricultores sería anacrónico reflejo de caciquismo tribal. Aunque lo que allí surgió parece imparable.
Defender el derecho de los regantes es tarea de todos y por eso son bienvenidas todas las instituciones públicas y privadas que se sumen a esta meritoria labor.
