Un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, presentado ayer martes durante una jornada sobre el agua celebrada en el Centro Logístico de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, ha puesto las primeras cifras económica negativas al recorte del agua del Tajo para la industria agroalimentaria de la zona abastecida por el trasvase Tajo-Segura, decidido unilateralmente por la vicepresidenta Teresa Ribera durante los últimos cuatro años. En concreto, y pese a las recomendación de los técnicos, el Tajo ha dejado de trasvasar entre 2018 y 2022 -el acueducto está hoy cerrado por obras- un total de 147, 3 hm3 de agua, lo que ha tenido una repercusión económica de casi 600 millones de euros.
El profesor Joaquín Melgarejo, coordinador del informe, subraya que desde la toma de posesión de la ministra Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica en junio de 2018, se ha producido de forma arbitraria, en contra de las recomendaciones de la Comisión Central de Explotación del Acueducto, una reducción en los envíos de 147,3 hm3 a la cuenca del Segura. Según los cálculos del profesor Melgarejo «cada hectómetro cúbico que se deja de trasvasar tiene un impacto económico de cuatro millones de euros y una repercusión negativa sobre el empleo de 87 trabajadores». El total de pérdidas económicas producidas como consecuencia de las decisiones arbitrarias de la ministra, no motivadas, para la cuenca receptora de los caudales procedentes del trasvase durante estos cuatro años ascienden a 590,8 millones de euros, según Melgarejo.
Alberto del Villar, economista de la Universidad de Alcalá, apuntó, en este sentido, que el regadío en Murcia y Alicante es una actividad estratégica que desempeña una labor esencial en la creación de valor de las actividades económicas regionales. Por sí sólo, el sector genera una producción de más de 1.900 millones de euros, con una aportación al VAB (riqueza) nacional de unos 870 millones, y empleando a unos 30.100 trabajadores. La actividad económica indirecta generada por las actividades vinculadas a las explotaciones de regadío se estima en unos 2.740 millones de euros aportando unos 67.000 empleos en Murcia y Alicante.
Campo de Cartagena: menos agricultura ecológica y más consumo del Tajo
Pacto por el Mar Menor ha desvelado este martes que el Campo de Cartagena es la zona agrícola con menor proporción de cultivo ecológico de la Región de Murcia y la que más agua para riego consume procedente del trasvase Tajo-Segura. La economista e integrante de Pacto por el Mar Menor, Genoveva Aparicio Serrano, ha explicado que el Campo de Cartagena cuenta con apenas un 4% del total, seguido del Valle del Segura en penúltimo lugar con un 7%, según datos a diciembre de 2021 del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia.
Por su parte, de las tierras de cultivo regadas por el trasvase en Murcia, Alicante y Almería es precisamente la comarca del Campo de Cartagena la que más proporción de agua consume para riego. En concreto, el Informe de situación del Acueducto Tajo-Segura de octubre 2022 elaborado para el Ministerio para la Transición Ecológica señala que de los 172,4 hectómetros cúbicos (hm3) de consumo acumulado desde octubre 2021 a septiembre 2022, 55,5 hm3 se destinaron al Campo de Cartagena, lo que supone el 32% del total. Seguidamente se sitúa Riegos de Levante, margen izquierda y derecha, vegas bajas del Segura y saladares de Alicante, que recibieron 51,1 hm3 (30% del total). EFE
El profesor apuntó, por otro lado, que los cultivos son un sumidero de carbono, cuyo balance neto anual equivale a la absorción de entre 707.276 y 1.208.084 de tonelada de CO2/año. Utilizando los valores recomendados por Bruselas para los proyectos de mitigación del cambio climático, obtenemos un valor de este beneficio ambiental estimado en entre 641 y 6.414 de euros hectárea/año. Valores que proporcionarían un beneficio de unos 475,1 millones de euros. En términos netos, estos efectos externos alcanzan un beneficio de casi 300 millones de euros al año adicionales, compensando los beneficios de sumidero de carbono a los efectos de la contaminación por nitratos.
«Lo anterior no quiere decir que no haya que tomar medidas para resolver los problemas de contaminación. Pero hay que ser inteligentes con las opciones» señaló Alberto del Villar.
Hoja de ruta para acabar con el acueducto
Andrés Molina, director del Instituto del Agua, apuntó, por su parte, que el fracaso de la vía legislativa para cancelar el trasvase Tajo-Segura (Estatuto de Castilla La Mancha, abril de 2008) ha evolucionado a una estrategia de reducción progresiva del mismo por vía reglamentaria (planificación hidrológica y reforma de la regla de explotación), mediante decisiones administrativas como son los trasvases mensuales. «El objetivo es desnaturalizar el trasvase, vaciarlo de contenido, no tocar su estructura legislativa, pero reducir al máximo, indirectamente, las aportaciones», indicó Molina.
