Esto se ha vivido antes. Como si fuera un ‘déjà vu’, la Asamblea ha aprobado este miércoles, y por decreto-ley, la tercera Ley de Simplificación Administrativa de la Región, polémica —como las dos anteriores— por el supuesto "desmantelamiento" de los controles medioambientales para las empresas, denuncian grupos ecologistas y de la oposición.
Según ha defendido la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, la situación económica "obliga" a tomar medidas y ha asegurado que el Decreto Ley de Dinamización de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública cuenta con las garantías jurídicas de seis consejerías del Gobierno regional.
Ante las críticas por usar el decreto-ley para su aprobación, elimnando la posibilidad de que participen los grupos parlamentarios u otros agentes sociales más allá de la Croem, Miguélez ha dicho que se ha hecho así porque "este Gobierno está comprometido con la Región de Murcia y toma decisiones valientes".
La norma garantiza, según el Gobierno, "que la simple emisión de un informe no paralice 'sine die' la tramitación" de los procedimientos de las empresas
El objetivo del Ejecutivo es "garantizar que la simple emisión de un informe no paralice 'sine die' la tramitación" de los procedimientos de las empresas. "Establecemos tres meses para la emisión de informes preceptivos y resoluciones sectoriales que afecten a la implantación de una iniciativa empresarial", ha explicado.
Asimismo, se establece la simultaneidad en la solicitud de informes sectoriales. "Solo en el caso de que sean preceptivos, la emisión estará condicionada por la emisión previa de otros. No más trabas o cargas innecesarias", ha clamado la portavoz del Gobierno. Una máxima que también ha usado para explicar la "libertad de mercado" que se instaura en la Región, según la cual una empresa de fuera (pero nacional) no tendrá que adaptar sus licencias a la normativa regional para instalarse en la Comunidad.
Por su parte, el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, ha anunciado un plan de racionalización del gasto en los primeros meses del año para mejorar la eficiencia del gasto público y a final de año se realizará un informe sobre dichas mejoras.
Además de eso, ha manifestado que se crearán unidades de gestión de apoyo, que realizarán actuaciones que requieran de un refuerzo estacional. "Se prevén puestos de trabajo de carácter temporal. Las corporaciones locales podrán seleccionar a su personal temporal acudiendo a las listas vigentes y proporcionando agilidad en la gestión pública para atender a los ciudadanos", ha dicho Marín. Asimismo, los ayuntamientos también podrán seleccionar personal temporal acudiendo a las listas de espera de la Administración para buscar esa flexibilidad.
No convencen a la oposición
Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha señalado que la aprobación de esta tercera Ley de Simplificación supone la "constatación del fracaso de las dos anteriores". Martínez ha advertido que esta ley está "patrocinada y apadrinada con la Croem, sin contar con los sindicatos" y considera que estas leyes "tienen el mismo hilo conductor, la desprotección del medio ambiente. No han aprendido nada de lo que está pasando en el Mar Menor", ha apuntado.
Además, señaló que "lo más llamativo" de esta ley está en la derogación de la sede electrónica del Consejo de la Transparencia. "No sé qué tiene que ver esto con la dinamización de las inversiones empresariales, la libertad de mercado y la eficiencia pública. Aun así, la realidad es que para López Miras la transparencia es un problema. Es más, sus consejeras y consejeros tienen en el cajón 165 preguntas y 471 solicitudes de información de nuestro grupo sin responder", resaltó.
"Esta tercera Ley de Simplificación supone la constatación del fracaso de las dos anteriores"
La diputada de Podemos María Marín considera que este decreto "en lugar de simplificar, complica y está creando inseguridad jurídica y lo ha tildado de "una carta a los Reyes Magos de la Croem". La portavoz de Podemos acusa a López Miras de regalar a la patronal una normativa ambiental "reducida a la mínima expresión, que no frene ningún pelotazo".
La también diputada del Grupo Mixto, de Cs, Ana Martínez Vidal, se ha mostrado a favor de la simplificación administrativa, aunque "no a costa de la desprotección del medio ambiente", señalando que la supresión de "trabas innecesarias" no puede pasar por "erradicar la tramitación ambiental" ni ser contrario a las directivas europeas o la legislación nacional. Además, ha puesto en duda la forma jurídica de la norma, acusando al Partido Popular de escoger la vía del decreto-ley, "la del rodillo con el apoyo de sus tránsfugas".
También del mismo grupo parlamentario, el diputado de Vox Pascual Salvador ha avisado de que vigilarán el cumplimiento del plan de racionalización del gasto público que incluye el decreto.
Para la diputada del PP Miriam Guardiola esta ley "convertirá a la Región en el polo de atracción de inversión empresarial del Mediterráneo" y "aumentará el PIB regional en 1,6%". Asimismo, ha dicho que "esta norma es más necesaria que nunca en un contexto nacional donde las empresas, pymes y autónomos necesitan ayudas y no más obstáculos".
Por último, Francisco Álvarez, expulsado de Ciudadanos aunque portavoz de ese grupo parlamentario, ha afirmado que el Gobierno regional "siempre se ha puesto del lado de autónomos, pymes, emprendedores, comerciantes y el resto del tejido empresarial para facilitar su labor de creación de riqueza y empleo".
Piden actualizar el Plan Hidrológico Nacional
El pleno aprobó con 26 votos a favor y 18 en contra del PSOE y Podemos una moción del Partido Popular que pide al Gobierno central actualizar el Plan Hidrológico Nacional y que el Pacto Nacional del Agua recoja las propuestas y demandas del de la Región de Murcia. El diputado popular Jesús Cano señaló que los socialistas murcianos, con Vélez a la cabeza, han claudicado y se han plegado a la estrategia de Pedro Sánchez y Teresa Ribera de cerrar el Trasvase Tajo-Segura». Por último, salió adelante con el respaldo de 23 diputados y el rechazo de 18 votos del PSOE y Podemos una moción de los expulsados de Ciudadanos que solicitan a ese Ejecutivo que con los pantanos de cabecera del tajo en nivel excepcional 3 solo se tenga en cuenta el criterio de los informes técnicos de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.
