Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea se mostraron este miércoles de acuerdo con que es necesario configurar un sistema que determine las acciones a desarrollar antes, durante y después de las emergencias, tal y como explicó la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco, encargada de defender en la Cámara la toma en consideración del Proyecto de Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, en sustitución de Antonio Luengo, responsable de esta materia y que ayer no pudo asistir al pleno.
Con ningún voto en contra —solo dos abstenciones de Podemos—, el objetivo del proyecto de ley será regular el régimen de actuación en materia de protección civil, en sus distintas fases, la organización administrativa; la regulación de las entidades de voluntariado de protección civil; y el establecimiento del régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de emergencias y protección civil.
Sin embargo, y tal y como señalaron algunos diputados, el tiempo corre en contra de esta iniciativa por la escasez de meses que quedan para las elecciones autonómicas. "Todo dependerá de la tramitación que se siga en la Asamblea y de cuándo se programen las comparecencias", reconocen fuentes gubernamentales.
Más pesimista se mostró la portavoz del Grupo Mixto, Ana Martínez Vidal (Cs). "Han esperado a presentarla cuando apenas quedan cinco meses de actividad parlamentaria, algo que suelen hacer cuando se acercan las elecciones", señaló. "Hasta que una iniciativa legislativa de estas características adquiere su condición de ley puede pasar como mínimo seis meses", añadió.
Tampoco gusta la norma al Grupo Parlamentario Socialista. El diputado Fernando Moreno apoyó la toma en consideración "por responsabilidad" y porque la van a "poner en marcha y a mejorar" a mediados del año que viene, cuando espera que el PSOE murciano entre en el Gobierno regional.
En su opinión, "este proyecto es pobre" a pesar de que "llevan 20 años trabajando en esta ley". Moreno criticó al Gobierno regional por haber "desmantelado el sistema regional de Protección Civil" y rogó al consejero Antonio Luengo que "ponga a gente cualificada" al frente de la dirección general.
Podemos tampoco se opuso al proyecto de ley, pero lamentó que se "dejen fuera" temas como el de la escuela de formación pública para la policía local o bomberos, o el de bomberos forestales. Además, afeó que la ley cree un nuevo organismo, el Consejo de Protección Civil, que considera un "chiringuito" para "dar de comer a muchos tránsfugas" la próxima legislatura.
Mapa de riesgos
Desde el Grupo Parlamentario Popular, Juan Antonio Mata destacó que esta ley recoge la creación de la Red Autonómica de Información sobre Protección Civil con información de todas las administraciones públicas, que acoge el Mapa de Riesgos de Protección Civil de la Región donde se identifican las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes; los catálogos de actividades con riesgo de originar una emergencia; el Registro de Planes de Protección Civil. "Aquí se recoge la planificación pormenorizada a todos los niveles de la administración, estableciendo en cada uno de ellos, la respuesta inmediata ante una emergencia o catástrofe, y las medidas para favorecer la recuperación de la normalidad; y la información sobre los medios humanos y materiales gestionados por las administraciones públicas y por entidades privadas que puedan ser movilizados ante una necesidad".
El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, por su parte, aseguró que la Región "debe disponer de un sistema de protección civil compatible con el nacional y dar respuesta a situaciones que, a nuestro pesar, serán inevitables".
El diputado de Vox, Pascual Salvador, defendió durante su intervención que el personal de emergencias no necesite requerir de la policía para intervenir ante una situación de emergencia.
El PSOE acusa a Campuzano de mentir sobre las ratios
El diputado regional del PSOE Antonio José Espín preguntó este miércoles en la Cámara por la reducción del número de alumnos por aula, asegurando que las clases en los centros educativos de la Región están "colapsadas". Para él, "el objetivo del Gobierno de López Miras es cargarse la educación pública", mientras que afirmó que el Gobierno de España ha aumentado sus presupuestos en Educación en un 145 %.
"Mientras, el Gobierno regional, con plenas competencias, no hace más que congelarlos", añadió el diputado socialista. Al hilo, exigió a la consejera de Educación, Mabel Campuzano, que rebaje los ratios "para que no haya más de 20 alumnos en Infantil y Primaria, no más de 25 en Secundaria ni más de 30 en Bachillerato".
La responsable del Gobierno murciano, sin embargo, defendió que en la Región de Murcia hay 20 alumnos de Infantil por aula; 22 en Primaria; 26 en Secundaria y 30 en Bachillerato. Además, dijo que, aunque la natalidad va bajando, su Consejería no baja el número de docentes. Espín lamentó que "los datos del PP están cocinados" porque sacan las medias con los colegios rurales. "Basta con preguntar con los centros educativos de Murcia, Cartagena o Lorca, Los Alcázares o Totana. Pero lo peor es que les da igual", concluyó.
La tercera Ley de Simplificación será convalidada
El miércoles de la próxima semana, a partir de las 9.30 horas, se iniciará un pleno en el que tendrá lugar la convalidación, en su caso, del Decreto Ley de dinamización de inversiones empresariales, libertad de mercado y eficiencia pública. Se trata de la tercera ley de simplificación administrativa y, como las anteriores, viene acompañada de polémica. En este caso, la nueva norma permite que las empresas no tengan que adaptar sus licencias a la normativa regional para instalarse en la Comunidad y suprime los informes de impacto medioambiental para proyectos "excepcionales". Asimismo, las empresas no tendrán que esperar a que se produzca la revisión del PGOU para llevar a cabo una modificación del planeamiento general.
