Ciudadanos va a intentar en el Congreso de los Diputados liberar el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) del "secuestro" en el que consideran que está el organismo por parte de la administración autonómica.
La Comisión de Justicia de la Cámara Baja está tramitando en estos momentos el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, una norma que nace de la Directiva Europea de Transparencia. El diputado de Cs Edmundo Bal ha presentado una enmienda que introduce la coordinación de los gobiernos autonómicos y nacional en materia de Transparencia para la defensa del denunciante, que podría ser el propio Consejo Autonómico sobre el Gobierno regional de turno. De esta forma, se permitiría actuar al Consejo Estatal directamente.
La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, que participa esta tarde en Murcia en un acto de partido, ha lamentado que "tanto el Gobierno regional como el Gobierno nacional no están dando prioridad a las normas de transparencia y buen gobierno, y eso es un déficit del Estado de Derecho".
"Tanto el Gobierno regional como el Gobierno nacional no están dando prioridad a las normas de transparencia y buen gobierno, y eso es un déficit del Estado de Derecho"
"España se ha retrasado en la aplicación de varias directivas decisivas para depurar el ejercicio de Gobierno para el interés público, hasta el punto que todavía estamos en medio de la tramitación parlamentaria, cuando ya debería ser de aplicación. Ello nos ha valido una amonestación de la Comisión Europea, que sigue atenta a lo que está pasando en nuestro territorio. Lo que pasa en Murcia es un ejemplo de mala práctica", ha señalado Pagazaurtundúa.
A la reunión asiste también el vocal del CTRM José L. Sánchez, que ha aprovechado la visita de la eurodiputada para transmitirle de primera mano la situación del Consejo.
La enmienda de Bal daría al Gobierno de España seis meses para establecer ese plan de coordinación nacional una vez entrara la ley en vigor. "Se establecerá una reunión anual en la que se acuerden las directrices necesarias para perseguir los objetivos de la presente ley", dice el texto.
"Proponemos otorgar también a la Autoridad Independiente de Protección nacional, además de a las autonómicas, la posibilidad de dirigir requerimientos para que cesen las represalias contra denunciantes, que podrían ser los propios Consejos de Transparencia, como está ocurriendo en la Región de Murcia, que denuncian acoso e intentos de toma de control por parte del Gobierno autonómico del PP", ha explicado María José Ros, coordinadora autonómica de Cs en la Región.
"Lo que López Miras está haciendo con el CTRM es de vergüenza y demuestra que quieren tapar todo lo que hacen"
Para la líder naranja, "lo que Fernando López Miras está haciendo con el CTRM es de vergüenza y demuestra que quieren tapar todo lo que hacen". Señala, además, que "todo empezó cuando el Consejo pidió la lista VIP de cargos del Partido Popular vacunados irregularmente, algo que no conocemos aún y que el presidente regional debe desvelar si quiere presentarse a unas elecciones sin trazo de corrupción".
Con estos cambios en la Ley de Transparencia nacional Cs pretende dotar de Personalidad Jurídica Propia también al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, "que así podrá defenderse de los ataques del PP", ha concluido Ros.
Situación insostenible
El CTRM lleva mucho tiempo denunciando "boicot institucional" por parte del Gobierno regional, al que culpa de la "precariedad de medios" y de estar detrás de las trabas que se encuentran para contratar personal, la imposibilidad de acceder a los fondos presupuestarios porque no existen las partidas que necesitan y otras cuestiones técnicas como la falta de un registro electrónico propio.
La situación se volvió insostenible después de que Julián Pérez-Templado, presidente del CTRM, cesara de su cargo antes del verano pasado. Entonces, Santiago Álvarez pasó a ser presidente suplente hasta que la Asamblea Regional nombrara a un sustituto. Sin embargo, cinco meses después, la Cámara aún no ha nombrado a nadie. Ningún grupo parlamentario ha propuesto aún a la Mesa de la Asamblea la celebración del Pleno del que debería salir el nuevo presidente del Consejo.
El suplente Álvarez denunciaba el mes pasado que el CTRM estaba "sufriendo un boicot por parte del Gobierno regional que le está llevando a no cumplir su función", por lo que renunció al considerarlo "lo más adecuado".
