Más de 132.000 vehículos con más de veinte años de antigüedad tendrán problemas para circular por las cuatro ciudades más grandes de la Región a partir del próximo año, cuando los ayuntamientos tengan que delimitar las llamadas ‘zonas de bajas emisiones’ para reducir la contaminación. La Ley de Cambio Climático, que entrará en vigor el próximo año en las cuatro ciudades con más de 50.000 habitantes, Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, obligará a los propietarios de los vehículos que no pueden obtener las etiquetas medioambientales de la DGT a inmovilizarlos, sacarlos de la ciudad o desprenderse de ellos. Los coches eléctricos, que tienen las etiquetas más ecológicas, son los que encontrarán menos restricciones.
Madrid y Barcelona fueron las primeras ciudades españolas que empezaron a establecer restricciones en el tráfico dentro de las zonas más céntricas, lo que generó una intensa polémica entre las fuerzas políticas que ha acabado en los tribunales. Con el paso del tiempo el conflicto inicial se ha ido apaciguando, aunque el debate ha hecho que la mayor parte de las ciudades españolas vaya demorando la implantación de las zonas de bajas emisiones, incluidas las cuatro de la Región.
Según los cálculos del portal especializado Sumauto, en Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura unas 840.000 personas, el 56% de la población regional, se verán afectadas por las limitaciones destinadas a limitar el tráfico rodado.
El Ayuntamiento de Murcia, de momento, va a poner en marcha un plan para reducir el tráfico en el barrio del Carmen, pero aún no ha definido el perímetro en el que restringirá la circulación a los vehículos sin etiqueta medioambiental. Según indican fuente municipales, «está en fase de diseño».
El primer paso del Consistorio ha sido la contratación de 849 cámaras que formarán parte de la infraestructura para la gestión de tráfico, además de 60.000 metros de fibra óptica y sensores medioambientales. El presupuesto total alcanza los 6,6 millones de euros en dos años.
Los coches que tendrá que sacar de las calles cada municipio
La ciudad de Murcia tendrá que sacar de las calles casi 70.000 de los 132.000 vehículos con más de veinte años de antigüedad que se concentran en las cuatro mayores ciudades de la Región, según los cálculos del portal Sumauto.
Los 70.000 coches y furgonetas que no pueden conseguir la etiqueta medioambiental de la DGT representan el 31,40% del parque total del municipio.
En Cartagena las limitaciones afectarán a 35.177 vehículos, que representan el 32,30% del parque municipal.
Lorca es la ciudad en la que se verá afectada una mayor proporción de automovilistas, dado que los 17.233 vehículos con más de veinte años representan el 38,50% del parque.
El menor porcentaje de afectados corresponde a Molina de Segura, donde hay 9.512 vehículos, que representan el 28,10% del parque municipal.
Transportes alternativos
Las Directrices para la Creación de Zonas de Bajas Emisiones del Ministerio para la Transición Ecológica, que marcan las pautas a seguir, establecen que los ayuntamientos «deberán poner en marcha incentivos para las energías y los vehículos alternativos de bajas emisiones, una planificación de la movilidad urbana sostenible, fomentar un cambio modal hacia los desplazamientos activos (en bicicleta o a pie), un transporte público mejorado y otras medidas de promoción de la movilidad sostenibles tendentes a reducir los atascos y la contaminación derivados del gran número de automóviles».
La implantación de estas medidas «deberá estar alineada con el objetivo del Plan Integrado de Energía y Clima (2021-2030) de una reducción de los desplazamientos urbanos en vehículo privado motorizado del 35% en pasajeros por kilómetro».
Las dificultades que afronta la industria contribuyen a que los automóviles viejos sigan en el mercado
Las mayores restricciones afectarán a los turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes enero de 2001 y vehículos diésel anteriores a 2006.
La paradoja es que las dificultades que está encontrando la industria automovilística por falta de suministros ha incrementado la demanda de coches de segunda mano y hace que sigan en el mercado vehículos con más de 20 años que en otras circunstancias irían a la chatarra, lo que se traduce en un envejecimiento del parque.
La alternativa para los propietarios ser «inmovilizarlos o sacarlos de la ciudad, mientras no haya planes que incentiven el achatarramiento. Se quedarán aparcados ocupando espacio en la ciudad, ya que, pese a no tener etiquetas ambientales, sí podrán seguir obteniendo la tarjeta de residente para aparcar en zona verde», apunta Sumauto.
Otra opción es que sus propietarios los vendan a usuarios de zonas rurales o pequeñas poblaciones o que se abra un mercado en el extranjero para su exportación
En toda España las restricciones afectarán a 149 municipios, en los que residen más de 25 millones de personas, el 53% de los habitantes de todo el país, y circulan más de 11 millones de vehículos. El 32% tienen más de dos décadas y carecen de etiqueta medioambiental.
Los ayuntamientos piden una moratoria al Ministerio
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) trata de conseguir que el Ministerio para la Transición Ecológica dé más tiempo a las ciudades para implantar las llamadas ‘zonas de bajas emisiones’, lo que obliga a establecer un transporte público alternativo para permitir el desplazamiento de los vecinos de las zonas con trestricciones.
La decisión de solicitar esta moratoria al departamento de Teresa Ribera fue adoptada el pasado 25 de octubre en la junta de gobierno de la FEMP celebrada en Vigo.
Los alcaldes reunidos en la ciudad gallega anunciaron que la Federación de Municipios «se dirigirá nuevamente al Ministerio de Transición Ecológica al objeto de solicitar un aplazamiento para la obligación de las ciudades de establecer zonas de bajas emisiones». Según indicó su presidente, Abel Caballero, «es indispensable el Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, que desarrolle la ley para que los ayuntamientos puedan establecer la correspondiente ordenanza reguladora de estas Zona».
Los integrantes de la junta de gobierno se refirieron a «la inseguridad jurídica de avanzar sin conocer en detalle cómo ha de ser el desarrollo de este proceso de implantación», según indicó en un comunicado.
Según indica Ignacio García Rojí, portavoz de Sumauto, «nos encaminamos hacia una movilidad discriminatoria ‘a dos energías’ en la que se restringe la circulación a una parte de la población con menos recursos y capacidades de adaptarse a los nuevos paradigmas mecánicos impuestos legalmente. Por un lado, ciudades grandes con vehículos electrificados para poder circular sin inconvenientes y, por otro, pequeñas urbes y zonas rurales con vehículos contaminantes e inseguros de más de 20 años, pero con la ventaja de no tener restringida su circulación».
