La actividad agrícola en el Campo de Cartagena ha llegado a una situación límite. Las restricciones ambientales y las obligaciones para evitar la contaminación del Mar Menor y el acuífero de la comarca han apretado el cuello de los agricultores y ganaderos de la cuenca en los últimos dos años. Ante esta situación, que el sector lleva denunciando desde que en 2020 se aprobaran la Ley de recuperación y protección del Mar Menor y las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura para proteger de la contaminación por nitratos al acuífero cuaternario, las principales organizaciones agrarias murcianas han decidido dar un golpe encima de la mesa.
En primer lugar, COAG, Asaja y UPA, junto a Fecoam, están elaborando una propuesta que tiene como fin modificar la Ley del Mar Menor. En concreto, los representantes agrarios quieren corregir todos aquellos aspectos de la norma regional que durante los últimos dos años han demostrado ser ineficaces, a su juicio, a la hora proteger la laguna salada de un posible impacto de la actividad agrícola. El objetivo estaría centrado en rebajar las exigencias ambientales sobre el sector primario del Campo de Cartagena.
Los servicios jurídicos de todas estas organizaciones están trabajando en el documento definitivo, el cual todavía no tiene un plazo de presentación. Fuentes consultadas señalan que esta tarea conjunta se limita exclusivamente al sector y que de por medio no se está negociando nada de forma directa con el Gobierno regional. La última vez que se modificó esta ley fue para prohibir el uso de fertilizantes nitrogenados o inorgánicos en la zona más próxima a la laguna, así como reducir los plazos de tramitación de los expedientes sancionadores por incumplir alguna medida.
La intención sería que, una vez cerrado el texto o los apartados que se pretenden modificar, la propuesta sea revisada por las formaciones políticas de la Región. Esta iniciativa fue tratada ayer por la tarde en una reunión organizada por COAG en Torre Pacheco para dar cuenta de las últimas novedades en el Campo de Cartagena.
Junto con Proexport, reclaman también a la CHS terminar con las medidas cautelares del acuífero
Precisamente, este jueves comenzaban a trabajar en las explotaciones agrarias de la comarca los operadores agroambientales que deben estar contratados por las empresas y particulares para revisar que cada una cumple con la ley del Mar Menor. Esta, junta a otros limitaciones, han sido criticadas por las organizaciones, que han defendido hasta ahora que en el Campo de Cartagena se ha llevado a cabo una agricultura de precisión que no contamina de nitratos el acuífero ni la laguna.
A por las medidas de la CHS
La Ley del Mar Menor no es solo el objetivo de los agricultores. Por otro lado, las tres organizaciones agrarias junto con Fecoam y, en este caso, también Proexport, han reclamado la suspensión de las medidas cautelares del Campo de Cartagena que aprobó la Confederación en junio de 2020. Argumentan que estas limitaciones a los cultivos y fertilizantes se solapan con las exigencias de la Ley regional del Mar Menor, unas medidas que, según un comunicado conjunto, consideran «suficientes». «Es necesario buscar una convergencia de las normas que genere confianza y sobre todo clarifique y facilite la labor técnica de asesoramiento a nuestros agricultores», ya que ahora mismo genera «desconcierto».
Por ello, los representantes de estas organizaciones reclamarán hoy en la reunión de la Junta de Gobierno de la CHS el fin de estas exigencias para no «obligar a implementar más medidas gravosas para el sector evitando la convivencia de dos marcos normativos que generan controversia y malentendidos dentro del mismo».
Dominio Público Hidráulico
La Confederación Hidrográfica del Segura se reunió ayer con la dirección de COAG Murcia para tratar, entre otros asuntos, la tramitación de los expedientes entregados por los agricultores en el marco de las medidas cautelares que impulsó el organismo de cuenca para la protección del acuífero cuaternario, contaminado por nitratos.
Más allá de esto, la organización trató con la CHS la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cuyo borrador se encuentra en exposición pública. Según ha podido saber esta redacción, la intención de la coordinadora agraria es presentar alegaciones al texto, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que influyan en la legislación sobre el Mar Menor, su cuenca y , por extensión, sobre la actividad agraria.
El reglamento que se pretende sacar adelante tiene un rango legislativo superior al de la Ley del Mar Menor, que es regional, por lo que algunos cambios que se puedan introducir acabarían por influir en la normativa ambiental de la Comunidad.
